La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
· Cesar Augusto Peniche… otra controversia inmobiliaria.
· El silencio y la complicidad del gobierno municipal capitalino.
En días pasados desató fuerte polémica en contra de la imagen del gobernador chihuahuense Javier Corral, su partido y su gobierno, la noticia divulgada en los medios, sobre la apropiación ilegal llevada a cabo por el mandatario respecto a un predio ajeno, contiguo a su cada habitación ubicada en Ciudad Juárez, hecho que incluso fue públicamente confirmado por los sucesores de los verdaderos y extintos dueños.
Como si lo anterior no fuera suficiente para colmar de escándalos a la administración estatal en turno, ahora quien subió al escenario es el fiscal César Augusto Peniche Espejel, cuya conducta ha sido puesta en entredicho al revelarse en un importante diario de la capital la construcción de su casa habitación, en el exclusivo fraccionamiento residencial San Francisco Country Club, sin contar con el permiso correspondiente de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, del municipio.
Semanas atrás otro desacato a la ley se cometió en el caso de la controversial construcción del Centro de Atención Múltiple, en el tradicional parque deportivo de la colonia Santo Niño, obra promovida por el Gobierno del Estado, contra la oposición de los vecinos de ese sector, e iniciada sin el debido permiso municipal al realizarse la demolición del citado espacio recreativo, lo que exacerbó las protestas vecinales y generó críticas en la opinión pública.
Conocidos personajes de los ámbitos jurídico, académico y político, como los abogados Ernesto Avilés Mercado, Francisco Flores Legarda y Óscar Castrejón Rivas, y el diputado Miguel Ángel Colunga, líder de la bancada morenista en el Congreso del Estado de Chihuahua, han coincidido en censurar en forma pública la incongruencia demostrada por Peniche Espejel al incurrir en conductas ilícitas, que de manera irónica contravienen el carácter del puesto que él ocupa, pues no obstante ser el encargado de procurar el cumplimiento de la ley y la persecución de sus infractores, la viola en su beneficio personal.
Sin duda, al mandatario Javier Corral le ha llovido sobre mojado, ya que luego del lío mediático y jurídico en el que se encuentra inmerso como consecuencia de la indebida posesión que ejerció sobre un predio que no le pertenece, aconteció lo inesperado al revelarse en los medios de comunicación una nueva controversia inmobiliaria, causada por uno de los más notables miembros de su gabinete, el fiscal Peniche, al evadir el pago de derechos de construcción de su mansión.
En los sonados casos de carencia de permisos de construcción, ya referidos, tanto respecto al CAM de Santo Niño, como en relación a la casa del fiscal Peniche, el gobierno municipal mantuvo una sospechosa actitud de furtiva discreción,
absteniéndose de aplicar las correspondientes clausuras y sanciones a tales obras, cuya evidente evasión del pago de los trámites y derechos respectivos ameritaba la inmediata actuación de los inspectores de Desarrollo Urbano. En el caso del CAM, por deducción de los hechos y las circunstancias que rodearon al mismo, la hipótesis más sólida para explicar la ilícita omisión del permiso es la que considera que tal anomalía obedeció a una instrucción expresa del gobernador, emitida para evitar que los vecinos inconformes con la obra se enteraran con anticipación de la fecha de su inicio, e impidieran así el comienzo de los trabajos preliminares consistentes en la demolición de las canchas deportivas.
En el caso de la propiedad del fiscal, es posible que la intención subyacente en la disimulada actitud del municipio haya sido evitar una eventual divulgación mediática de la cancelación de la obra, y la consecuente irritación del mandatario Corral, pues en las semanas anteriores algunos de los medios de comunicación dieron a conocer la existencia del suntuoso inmueble, viéndose Peniche fuertemente cuestionado debido a la supuesta desproporción entre el costo de tal obra y los ingresos percibidos por aquél en su calidad de funcionario. Finalmente la labor de los medios de comunicación terminó sacando a la luz pública la irregularidad de la citada construcción.
En ambos asuntos la conclusión parece ser la misma: tal vez la postura de complicidad y silencio mostrada por el Municipio, tanto en el CAM Santo Niño, como respecto a la casa del fiscal Peniche, fue producto de una decisión tomada por la alcaldesa María Eugenia Campos, en aras de proteger su proyecto electoral personal cifrado en el año 2021, pues es lógico que pretenda evitar roces con Corral, cuya intervención podría ser determinante para la definición del candidato o candidata que intente sucederlo ese año bajo las siglas del panismo.
