La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
· Acusación a Gustavo Madero: otro escándalo en el gobierno de Corral.
· Conflicto México-Bolivia: repercusiones del cobijo dado al camarada Evo.
La reciente acusación externada en contra del senador Gustavo Madero por parte de la asociación civil denominada Hablar Menos Actuar Más, A.C., en voz de su representante Luz María Cisneros, constituye otro serio cuestionamiento a la administración del gobernador Javier Corral. La activista ciudadana mencionada ha salido a denunciar -en un video y entrevista difundidos a través de uno de los más importantes medios de comunicación electrónicos de la capital chihuahuense- el conflicto de intereses en el que se halla involucrado Madero al ser éste socio de la empresa ATLATEC, a la cual el Gobierno del Estado pretende prorrogarle la concesión del manejo de las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales, Norte y Sur (PTAR Norte y PTAR Sur), de la ciudad de Chihuahua, durante los próximos 10 años.
La denunciante no solo revela la sociedad de Madero como accionista de la referida corporación empresarial que a cambio del pago de mil millones de pesos intenta continuar haciéndose cargo de las PTAR Norte y Sur, sino que también señala otras irregularidades existentes en torno a tal asunto, tales como el favoritismo y la parcialidad mostrados por el gobierno con el propósito de beneficiar a ATLATEC en el proceso de licitación que dio por resultado la readjudicación -prórroga- de la concesión a tal empresa, y levantó protestas entre otras corporaciones concursantes en el citado proceso. Asimismo, la quejosa ha manifestado su inconformidad ante el hecho de que pese a que ATLATEC tiene el deber de dar mantenimiento a las plantas tratadoras y entregarlas en plenas condiciones de funcionamiento, debido a que las venía operando en virtud de concesiones que anteriormente le habían sido otorgadas, incumplió esa obligación y ahora a través del nuevo contrato el gobierno actual intenta entregarle millones de pesos del erario público para que efectúe las reparaciones que debieron correr a su cargo. Así las cosas, los señalamientos hechos a Madero constituyen un nuevo petardo que viene a estallarle en las manos al gobierno de Corral.
En los últimos días ha cobrado importancia la noticia relativa al naciente conflicto surgido entre México y Bolivia con motivo de la tramitación de varias solicitudes de asilo político por parte de la embajada mexicana en el país andino. En la lista de los nueve solicitantes de asilo figuran altos ex funcionarios del depuesto gobierno del ex presidente Evo Morales, quien ahora vive asilado en México por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ha sido objeto de críticas por las especiales deferencias que el mandatario mexicano le ha dispensado con cargo al erario, al trasladarlo a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, y al haberle asignado un equipo de guardias de seguridad personal, quienes paradójicamente son ex integrantes del desaparecido Estado Mayor Presidencial.
Entre los colaboradores de Evo Morales que ahora piden asilo a nuestro país se hallan el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y cinco ex ministros
más, varios de ellos acusados por el actual gobierno boliviano bajo los cargos de “terrorismo, sedición y fraude electoral”. Los gobiernos de México y Bolivia se han batido en un duelo de declaraciones mediáticas mediante las que se han lanzado mutuamente acusaciones, bajo la amenaza de acudir a instancias internacionales para dirimir el conflicto. Mientras la administración lopezobradorista se queja del asedio o acoso de las fuerzas policiales y militares que tienen prácticamente sitiada a la embajada mexicana en La Paz, Bolivia, donde se encuentran temporalmente resguardados los ex funcionarios referidos, el régimen de la presidenta Jeanine Áñez argumenta que la presencia de fuerzas armadas en las inmediaciones de la sede diplomática obedece a solicitud expresa formulada por el gobierno mexicano, esto ante la posible irrupción y ataque por parte de grupos de ciudadanos inconformes que podrían tomar por asalto las instalaciones de la representación mexicana al intentar retener a los solicitantes de asilo para impedir que se sustraigan a la acción de la justicia boliviana.
Al tiempo que México ha dejado entrever la posibilidad de llevar el caso ante la Corte Penal Internacional, Bolivia ha respondido que pedirá la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un afán de ambos estados por obtener de los organismos internacionales un fallo favorable a sus intereses, y a la supuesta razón en la que ambos dicen fundarlos. Aún no se sabe si los ex miembros del gobierno de Evo Morales son culpables o inocentes de los cargos que se les imputan, ni si el ex mandatario boliviano también será acusado de algún delito. Lo cierto es que todos ellos han encontrado en el derecho de asilo político tramitado ante México el camino para alejarse de Bolivia y de los líos en los que pudieran verse involucrados ante la justicia de ese país. Igualmente verídico es que el presente conflicto jurídico-político de dimensiones internacionales protagonizado por ambas naciones es consecuencia indirecta de la protección brindada a Evo Morales por Andrés Manuel López Obrador. Ambos fueron colegas mandatarios durante el período en el que simultáneamente ejercieron funciones al frente de sus respectivos Estados, y ambos son correligionarios de filosofía política en virtud de que profesan la ideología de izquierda.
