La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
· Congreso chihuahuense: antítesis de la división de poderes.
· Consejo de la Judicatura: otro caso de intromisión.
El Congreso del Estado de Chihuahua registra hoy una crisis política -tal vez sin precedente- generada por la marcada intervención a la que en los últimos años lo ha sometido el Poder Ejecutivo. Desde el inicio de la administración del Gobernador Javier Corral ha sido clara la abierta injerencia efectuada por éste en el Poder Legislativo, a través de los diputados emanados de su partido. No obstante el consabido liderazgo y real operación que los gobernadores o presidentes de la república suelen ejercer sobre los órganos parlamentarios cuando tienen en estos mayoría de escaños, o cuentan con las condiciones para alcanzarla, en el caso que actualmente se registra en Chihuahua la situación ha llegado a límites extremos, pues el afán de satisfacer a ultranza intereses partidistas y posturas personales pervirtió el cuidado de las formas.
En este contexto, así como en medio de una evidente rivalidad con los legisladores de MORENA y el PRI, la fracción parlamentaria del PAN ha trastocado ostensiblemente la institucionalidad e independencia del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, al sesgar la integración de la nueva Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de dicho órgano, a través de una serie de irregularidades y transgresiones legales que han sido ampliamente censuradas en las columnas periodísticas y los análisis políticos. Bajo tales circunstancias, hoy en el Congreso de Chihuahua se vive una profunda polarización entre los actores de las diversas fuerzas políticas que lo constituyen, derivada del descomunal quebrantamiento al principio del respeto a la división y autonomía de poderes.
El Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, ha sido reiteradamente cuestionado desde su conformación, ocurrida durante el ejercicio del actual gobierno estatal, habiendo iniciado los señalamientos ante el controversial arribo a ese órgano por parte de la conocida activista social Luz Estela Castro, debido a la transgresión del requisito legal de la edad máxima, el cual no cumplió porque al ingresar Castro al Consejo ella ya sobrepasaba el citado límite. Sin embargo, la decisión del gobernador se impuso, formalizándose la inserción de “Lucha” Castro en el Consejo de la Judicatura, con el carácter de representante del Poder Ejecutivo, así como en calidad de titular de la Comisión de Carrera Judicial.
Posteriormente vendrían nuevas y más serias censuras, que llegaron hasta el punto del escándalo político y generaron la interposición de recursos judiciales a través de demandas de amparo, luego de que Luz Estela Castro fuera acusada de incurrir en graves anomalías durante el proceso de selección de 56 jueces, efectuado en el año 2018 bajo la conducción de ella en el desempeño de su comisión. Quien decidió hacer públicas tales irregularidades fue el también
consejero Joaquín Sotelo Mesta, integrante del Consejo de la Judicatura con el carácter de representante del Poder Legislativo del Estado.
Hoy, Luz Estela Castro se encuentra fuera del Consejo de la Judicatura, pues renunció debido a que, según se ha manejado oficialmente, su estado de salud le impide continuar desempeñando el cargo. Su paso por dicho ente generó numerosos cuestionamientos e interpretaciones, entre las que se hallan aquellas que atribuyen a la activista social un excesivo protagonismo que no solo la llevó a operar en el Poder Judicial toda clase de diligencias orientadas a colocar en éste a personas previamente sugeridas por el titular del Poder Ejecutivo, sino que llegó a ensombrecer de modo permanente la imagen del magistrado Pablo Héctor González, Presidente del Consejo, y también titular del Tribunal Superior de Justicia, del Estado de Chihuahua.
Ante el inminente relevo de Luz Estela Castro, motivado por su salida del Consejo de la Judicatura, han empezado a surgir voces que claman por un cambio institucional en el proceso de designación de quien en lo sucesivo haya de ocupar el puesto que ella ejerció. Uno de los promotores de tal iniciativa es el abogado Gerardo Cortinas Murra, quien ha entregado en la Secretaría Particular del gobernador Javier Corral un escrito dirigido a este, para que se modifique la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a fin de que a través de una convocatoria abierta se designe a la persona sucesora de la multicitada activista, en el Consejo de la Judicatura. Varios analistas coinciden en considerar que lo acontecido en el Consejo de la Judicatura y en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua (TSJ), constituye otra palpable muestra de la intromisión a la cual este poder ha sido sometido por parte del Ejecutivo.
