Invirtió Estado 982 mdp en equipamiento e infraestructura para seguridad y administración de justicia
– Adicionalmente se destinaron 350 millones de pesos en apoyo a los municipios con la entrega de patrullas, uniformes, armas, municiones, y equipo de seguridad
“En Chihuahua, la administración de justicia hoy es transparente y eficaz”, expresó el gobernador Javier Corral Jurado en su 4° Informe de Gobierno, donde señaló que se han generado las condiciones para fortalecer los derechos de las víctimas y el respeto a los derechos humanos, además de construir la infraestructura necesaria para lograrlo.
El titular del Ejecutivo estatal informó que el equipamiento, mejoramiento de instalaciones y construcción de infraestructura nueva, no tiene precedentes en la Fiscalía General del Estado y las áreas de seguridad pública, ya que se han invertido 982 millones de pesos.
Detalló que al equipamiento de las fuerzas estatales se destinaron 595 millones de pesos y 387 millones a los nuevos edificios para operar emergencias, atender a víctimas y procurar justicia.
Destacó obras como la construcción de sitios de radiocomunicación de seguridad, bodegas de evidencias en Juárez y Chihuahua, el edificio de la Agencia Estatal de Investigación en la capital del estado, el nuevo Complejo Regional de Seguridad en el municipio de Madera, y la nueva sede de la Fiscalía Especializada de la Mujer en Ciudad Juárez.
Adicionalmente, se ha apoyado a los municipios con 350 millones de pesos en la entrega de 237 patrullas, uniformes, armas, municiones, y equipo de seguridad.
Resaltó que la Fiscalía General del Estado fue reconocida por la organización civil México Evalúa dentro de las primeras tres fiscalías o procuradurías del país, además, durante tres años consecutivos la organización civil Impunidad Cero la ha reconocido como la mejor Fiscalía a nivel nacional.
El mandatario estatal indicó que se concluyeron 52 mil 217 carpetas de investigación, con un promedio mensual de 4 mil 432 carpetas resueltas, un 111 por ciento (%) más que el promedio mensual de la administración anterior.
De igual manera, fueron judicializados 36 mil 267 casos, con un promedio mensual de 711 casos, un 48 % más que el promedio mensual de la pasada administración.
Destacó que por parte del Ministerio Público se obtuvieron 8 mil 607 sentencias, con una efectividad del 95 por ciento condenatorias, mientras que la Agencia Estatal de Investigación tiene un 88 % de efectividad en órdenes de aprehensión ejecutadas en lo que va de la administración, incrementando un 55 % el promedio mensual de las ejecutadas por la administración anterior.
A lo largo de la presente administración, se logró el aseguramiento de 3 mil 530 armas de fuego, de las cuales mil 357 son armas largas y 2 mil 173 son armas cortas, así como más de 132 mil 500 cartuchos y 2 mil 311 cargadores.
“Hemos desarticulado 29 bandas de secuestradores, incluyendo la detención de 132 personas. El Ministerio Público logró el dictamen de 68 sentencias condenatorias en las que 140 personas fueron condenadas a prisión”, aseveró el Gobernador.
Manifestó que fueron atendidas 156 mil 618 personas víctimas del delito, otorgándoles 275 mil 308 servicios integrales, esto incrementó en un 86 % el promedio mensual de la pasada administración.
En lo que refiere al comportamiento de hechos ilícitos considerados como de alto impacto social, resaltó que se han logrado reducciones importantes prácticamente en todos los delitos del fuero común.
Delitos como el secuestro, la extorsión y los robos sin violencia se encuentran por debajo de la media nacional, por lo que se ha disminuido de manera considerable el promedio mensual comparado con la administración 2010-2016.
Entre los delitos a la baja, se encuentran: el robo de vehículo con violencia 83%; robo de vehículo sin violencia 61%; robo a local comercial con violencia 49%; robo a casa habitación con violencia 31%; robo a banco con violencia 91%; robo a banco sin violencia 60%; privación ilegal de la libertad de personas 17%; secuestro 69% y extorsión 90%.
Dijo que se ha trabajado para lograr la erradicación de la tortura como práctica en las actividades de seguridad e investigaciones penales en la entidad, para ello se consolidó el “Protocolo de Actuación Relacionado con la Detención de Personas”, insertando las salvaguardias contempladas en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
A su vez, se han implementado talleres y capacitaciones continuas en materia de derechos humanos, sensibilización y combate a la tortura, incluyendo la Maestría en Derechos Humanos y Perspectiva de Género, dirigidos a todo el personal policial y ministerial de las distintas corporaciones del Estado.
Además, en esta administración fue creada la Unidad Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Tortura, la primera en el país, “ahora sí se captura y se lleva ante la justicia a los asesinos de líderes indígenas”, puntualizó.–
