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De 73 procedimientos administrativos relacionados con el saqueo que presuntamente lideró el exmandatario, cuatro personas acumulan 30 procesos, informa secretaría de la Función Pública de Chihuahua, Mónica Vargas Ruiz, en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción
Un total de 12 colaboradores del exgobernador de Chihuahua fueron inhabilitados por estar relacionados con el saqueo de las arcas estatales que investiga la Operación Justicia para Chihuahua, informó la secretaria de la Función Pública (SFP) de Chihuahua, Mónica Vargas Ruiz.
En conferencia de prensa virtual, ofrecida en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción, conmemorado el 9 de diciembre, indicó que la SFP inició 73 procedimientos administrativos, en los que están involucrados 77 exservidores públicos, por un daño al erario estimado en 1 mil 794 millones de pesos.
Mónica Vargas destacó que en cinco de estos desvíos, está relacionado el exgobernador al haber obtenido beneficios económicos indebidos, ya que hubo apoyos y subsidios que se dieron a empresas y asociaciones civiles claramente ligadas con él.
De los 73 procedimientos administrativos iniciados por la SFP cuatro personajes allegados al exmandatario chihuahuense, fueron identificados como operadores y acumulan entre 35 y 30 procedimientos, y tres de ellos también enfrentan un proceso penal, indicó.
Comentó que de esa investigación, se han impuesto 13 sanciones económicas, por 273 millones de pesos, para ser reintegradas al erario.
“Estamos muy orgullosos, en la Secretaría de la Función Pública, de la labor que desarrollamos día con día, los resultados se han notado no solamente en estos casos concretos, donde ya estamos sancionando, ya hay involucrados que tienen penas de prisión, sino también en cómo la ciudadanía está cambiando la percepción que tiene del Gobierno del Estado. Ha sido un gran avance y lo ha hecho todo el Gobierno, no solo la Secretaría”, concluyó.
Explicó que desde el primer día de la administración del gobernador Javier Corral, la dependencia inició los trabajos en materia de combate a la corrupción, y recibió 97 denuncias de diferentes entes, como las secretarías de Hacienda, Desarrollo Rural, Innovación y Desarrollo Económico, Educación y el Fideapech, referente a actos irregulares ahí detectados.
De esta manera la SFP inició los procesos de auditoría e investigación, y determinó que en 88 de los casos había actos constitutivos de delito e irregularidades administrativas, mientras que en las nueve restantes solo del tipo administrativo.
“Hemos presentado ya 86 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado, y recientemente, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por un monto de 2 mil 793 millones de pesos, que es lo que nosotros tenemos documentado”, compartió.
Entre las irregularidades detectadas, hubo adjudicaciones discrecionales, contrataciones simuladas, contrataciones con empresas fantasma, pagos indebidos al obtener la documentación justificativa y comprobatoria de la erogación de este recurso, obra pagada no ejecutada, predios pagados por encima de su valor y otorgamiento indebido de beneficios, detalló.
Sin embargo, advirtió que la recuperación de los recursos es un proceso muy largo, toda vez que las personas sancionadas tiene derecho a diversos medios de defensa que alargan el plazo en el que se pueden hacer efectivas, principalmente, la económica.
“Una vez que se agotan todos esos procedimientos o esos recursos legales, es cuando se solicita el crédito fiscal para que el recurso sea reintegrado a las arcas del Gobierno, pero ahí todavía pueden interponer otro tipo de juicios, y alargar cada vez más el proceso”, mencionó.
Sobre el caso específico del exgobernador, dijo que las investigaciones de la SFP iniciaron con varias actividades tendientes concretamente a beneficiarlo, que se denunciaron ante la Fiscalía General del Estado para que integraran las carpetas de investigación.
El Ministerio Público se allegó de más elementos a su alcance y solicitaron la captura con fines de extradición, del exgobernador, a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Señaló que en la mayoría de los asuntos investigados por la SFP se inician procedimientos administrativos, al mismo tiempo que se desarrollan los del tipo penal en otras instancias.
Afirmó que también se ha trabajado en detectar y sancionar la corrupción en la presente administración.
Respecto a la “nómina secreta”, Vargas Ruiz comentó que la Secretaría a su cargo recibió la primera denuncia de estos hallazgos, y presentó la denuncia penal ante la FGE.
“Actualmente, nosotros también tenemos un procedimiento administrativo iniciado contra los exfuncionarios públicos que participaron, pero el ámbito de actuación es en el Poder Ejecutivo del Estado, aunque ya está en el área de responsabilidades y que estaremos resolviendo próximamente”, aseguró.
Cuando los actos fueron cometidos después de la promulgación de la actual Ley General de Responsabilidades, y son graves, la SFP se concreta a substanciar y la instancia que resolverá es el Tribunal de Justicia Administrativa.
“Pero en el caso de Operación Justicia para Chihuahua, todos los hechos fueron cometidos con la ley anterior, entonces nos corresponde substanciar y resolver, es decir, imponer sanciones, mientras que en los hechos irregulares que detectemos de esta administración, se calificarán con base en Ley General de Responsabilidades del Estado de Chihuahua”, afirmó.
Recordó que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi, en 2016 ubicó a Chihuahua en el lugar 30, en materia de prevalencia de corrupción y en 2019 avanzó hasta el 6.
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