Ellas tienen algo en común
LUISA CASTRUITA
Este lunes 20 de septiembre se dio a conocer que Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez fueron denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos ilícitos.
La cantante de «Todos me miran» y su marido, abogado de profesión, habrían utilizado las empresas que poseen en Texas para evadir el pago de impuesto en México.
El origen de la investigación que derivó en la denuncia habría sido la omisión de un pago al fisco por siete millones de pesos. Se conoce que la denuncia involucra a otras personas que formarían parte de la trama ilegal, siendo Trevi una de ellas, a quien se le adjudicaría el delito de defraudación fiscal.
Pero Trevi es sólo una de múltiples famosas que están atravesando por asuntos legales en su contra a últimas fechas, tal es el caso de Inés Gómez Mont, que se encuentra en calidad de prófuga.
Fue durante la segunda semana de septiembre cuando se informó sobre la existencia de una orden de aprehensión contra la presentadora de televisión y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, por diversos delitos.
El 10 de septiembre se reportó que se giró la orden de aprehensión en contra de la sobrina del ex Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, por supuesto lavado de dinero. Algunas versiones afirman que la exintegrante del programa «Ventaneando» se había visto envuelta en problemas legales desde 2016, cuando fue señalada por un presunto enriquecimiento ilícito, ya que durante ese año la también modelo tuvo ingresos superiores a los que reportó en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta.
Fue en 2018 cuando la ex conductora de «Cuéntamelo ya! buscó llegar a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Luego de no haber cubierto la totalidad de lo adeudado a Hacienda, un fallo ordenó a la FGR a dejar sin efecto un acuerdo donde la presentadora solicitó no se ejerciera acción penal en su contra. En ese momento se le acusó de supuestamente haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Actualmente se dice que la también actriz mexicana evitó un juicio por evasión fiscal al pagar a la Hacienda Federal la cantidad de 10 millones 967 mil pesos por contribuciones. Presuntamente la pareja se encuentra en Estados Unidos y la orden en su contra continúa latente.
La realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 millones de pesos que se le imputa alcanzaría a ex funcionarios federales que laboraron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (Oadprs), revelaron autoridades federales.
Por su parte, fue girada una orden de aprehensión contra Laura Bozzo por vender una propiedad que ya había sido puesta a disposición del SAT en garantía por los adeudos de la conductora. La peruana ha negociado tratos con las autoridades desde que se le ordenó presentarse ante la justicia mexicana por su responsabilidad en delitos cometidos en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT), acuerdos que no ha cumplido a pesar de haber sido orquestados por ella misma.
La conductora tramitó un amparo el pasado mes de agosto, el cual le concedería la suspensión de la orden de aprehensión si entregaba un abono de 300 mil pesos a su deuda con el SAT, además de entregar su pasaporte para evitar que huyera del país.
El acuerdo tuvo vigencia unos días y expiró el pasado 1 de septiembre, fecha en la cual estaba programada su toma de declaraciones ante un juez. Pero además de no acudir a la audiencia, la conductora tampoco entregó lo solicitado por las autoridades, por lo que se dio luz verde a la Fiscalía General de la República (FGR) para ejecutar la orden de aprehensión en su contra.
Además, la conductora se ha ausentado a las diversas citaciones a las que se le ha solicitado acudir, además de no avisar de su cambio de domicilio tras las negociaciones, lo cual es un delito fiscal.
Laura tendría que pagar entre 17 a 29 millones de pesos mexicanos, 14 de los cuales corresponden a impuestos no pagados por la conductora y lo restante sería por multas, intereses y actualizaciones debido al tiempo que ha pasado sin pagar y los diversos delitos que ha cometido.
