Carolina Amézquita Pino
Desde hace unos años, Inés Gómez Mont y su actual marido, Víctor Manuel Álvarez Puga, están lidiando con problemas legales debido a que han sido acusados de los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; incluso, se ha mencionado que están fuera del país mientras resuelven su situación.
Ahora, se da a conocer que, Javier Díaz, primer marido de la conductora de televisión, ha interpuesto un proceso jurídico por posible violencia intrafamiliar en contra de los cuatro hijos que ambos concibieron, Inés, de 14 años, y los trillizos Javier, Diego y Bruno, de 12, según dieron a conocer diversos medios de comunicación.
Ante ello, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió la carpeta de investigación CIFNNA/B/UI-B-2/. Sin embargo, la famosa interpuso un recurso judicial, conocido como amparo, contra el juez de control de Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número 10, debido a que dio la orden de presentar a sus cuatro hijos menores de edad para su entrevista o valoración psicológica.
Así, una juez federal, Patricia Marcela Diez Cerda, titular del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, concedió una suspensión provisional a fin de evitar que los hijos de la presentadora sean valorados psicológicamente porque implicaría una revictimización, según mencionó el diario mexicano El Universal.
“Es oportuno puntualizar que la pericial en materia de psicología, tendente a examinar a los menores víctimas, en su calidad de sujetos pasivos de un delito al ser valorados por un perito oficial, implicaría una revictimización o victimización secundaria, entendida como la suma de acciones u omisiones que generan un recuerdo victimizante (lo que normalmente sucede es que la persona recuerda y revive lo ocurrido en el momento del hecho delictivo) y que conllevan estados de ansiedad, estrés, angustia y malas relaciones interpersonales que afectan su vida cotidiana, con la consecuente vulneración del derecho al más alto nivel de salud mental del niño o de la niña, ello es así, porque se sometería a la repetición de rememorar la experiencia traumática, lo cual debe evitarse”, señaló Diez Cerda.
Y continuó. “Así en el ámbito de la función jurisdiccional, las personas juzgadoras tienen el deber de protección de los menores lo cual implica salvaguardarlo de todo tipo de revictimización”, agregó la juez.
Mientras las averiguaciones continúan y se determina la suspensión definitiva de dicho amparo, se “impuso a la obligación a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, de la FGJ-CDMX, tomar todas las medidas de protección necesarias a fin de proteger y resguardar la integridad de los menores”, pero por tratarse de un delito de violencia familiar, la juez Patricia Marcela Diez Cerda ordenó a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México que sea designado a un representante legal de los vástagos de Inés Gómez Mont y Javier Díaz.
