ChihuahuaPiden al IEE anular constancias de ocho magistrados electos por no tener promedio de calificación y experienciaLa reciente impugnación presentada ante el Tribunal Estatal Electoral por la agrupación Alianza del Primero de Junio ha puesto en el centro de la controversia a 8 magistrados electos. Encabezada por Eduardo Gómez Caballero y Briana Díaz Esparza, la denuncia acusa a los electos de no cumplir con los requisitos constitucionales para acceder a sus cargos, lo que pone en duda la legalidad de sus nombramientos.
Eduardo Gómez Caballero, hijo del reconocido activista y héroe de la Revolución de 1965, el doctor Pablo Gómez, ha sido un férreo defensor de los principios de justicia y transparencia. Su lucha no es casualidad ni oportunismo: su familia tiene un historial de resistencia contra el autoritarismo, lo que le da una profunda legitimidad moral a sus reclamos. En su denuncia, Gómez Caballero argumenta que la elección de estos magistrados fue viciada por prácticas de fraude electoral y favoritismos políticos que favorecieron a candidatos sin la preparación necesaria.
Los candidatos señalados son Rubén Aguilar Gil (hermano de la diputada Lilia Aguilar), José Luis Chacón Rodríguez, Nyria Janette Trevizo Rivera, Gloria Angélica Mendoza Beltrán, Cristina Guadalupe Sandoval Holguín y Emmanuel Chávez Chávez. La agrupación liderada por Gómez Caballero los acusa de ser exentados indebidamente de los requisitos legales de elegibilidad, al haber sido designados para cargos de secretaría de acuerdos en salas vacantes, sin ser magistrados en funciones. Esta designación, argumentan, no solo fue una burla a los procedimientos constitucionales, sino una estrategia política para asegurar que los puestos quedaran en manos de personas afines al poder.
Falta de Requisitos Académicos y Experiencia
Uno de los puntos más polémicos es la falta de preparación académica y experiencia de los acusados. Según la impugnación, algunos de los candidatos no alcanzan el requisito de un promedio académico superior a 8, como en el caso de Rubén Aguilar Gil, Nyria Janette Trevizo Rivera y Cristina Guadalupe Sandoval Holguín. Además, varios de los impugnados no cuentan con la experiencia mínima de tres años en la materia correspondiente, requisito esencial para ocupar la magistratura. En particular, los casos de José Luis Chacón Rodríguez, Rubén Aguilar Gil y Gloria Angélica Mendoza Beltrán, quienes fueron nombrados secretarios de acuerdos en pleno proceso electoral, son considerados por los denunciantes como pruebas de un uso indebido de cargos públicos para influir en los resultados de la elección.
El Caso de Marcela Herrera Sandoval
Otra figura que ha sido puesta bajo la lupa es Marcela Herrera Sandoval, quien también fue elegida para uno de los puestos magistrales. Según los denunciantes, Herrera Sandoval carece de la experiencia y formación suficiente para desempeñar una función judicial de tan alta envergadura. Su perfil, indican, es meramente administrativo y académico, lo que pone en riesgo la imparcialidad y calidad de la justicia que debería impartir.
La impugnación no termina con los ocho magistrados señalados. En Nuevo Casas Grandes, el IEE se encuentra bajo fuego por su negativa a entregar la constancia de mayoría a un candidato a juez que ganó las elecciones, argumentando que la constancia debía ser entregada a una candidata debido a una supuesta “equidad de género”. Esto, a pesar de que las boletas electorales claramente separaban a los candidatos de las candidatas. Este giro en el proceso electoral, que muchos consideran arbitrario, ha desatado aún más polémica y cuestionamientos hacia la imparcialidad del IEE.
Las impugnaciones presentadas por Alianza del Primero de Junio no son los primeros cuestionamientos al IEE, pero sí destacan por su gravedad y la amplitud de las acusaciones electoral. De confirmarse las irregularidades señaladas, los magistrados electos podrían enfrentar la nulidad de sus nombramientos, lo que sin duda abriría una nueva etapa en la lucha por la transparencia electoral en la entidad.
Las próximas semanas se perfilan como clave en este proceso, ya que se esperan más denuncias y posibles impugnaciones, mientras los ciudadanos observan con atención cómo se desarrollan los eventos y cómo se posicionan las autoridades frente a las crecientes denuncias de irregularidades y favoritismos. En este sentido, la figura de Eduardo Gómez Caballero, heredero de una tradición de lucha por la justicia, se presenta como un referente fundamental para aquellos que buscan que el proceso electoral y judicial de la región se rija por principios de equidad y legalidad.
