Debido a que las sanciones administrativas establecidas en ordenamientos estatales no han inhibido la práctica de criar, entrenar, vender, comprar perros para peleas, los integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, reformaron el Código Penal del Estado, a fin de establecer una pena de seis meses a cinco años de prisión y el equivalente de doscientos a dos mil Unidades de Medida y Actualización, a quien realice estas prácticas.
El diputado Gustavo Alfaro, integrante de la Comisión de Justicia del Poder Legislativo, señaló que la Ley de Bienestar Animal para Chihuahua, establece que está prohibida la realización de peleas de perros, lo que se castiga con una sanción administrativa y, en su caso, con sanción penal genérica, sin embargo estas sanciones no han inhibido que se sigan estas prácticas, e incluso los casos van en aumento, por lo que es necesaria la implementación de acciones más contundentes.
Por lo anterior, se adicionaron los artículos 366 Bis, 366 Ter y 366 Quáter, al Código Penal del Estado de Chihuahua, a fin de imponer penalidades más duras como la de prisión de seis meses a cinco años y el equivalente de doscientos a dos mil Unidades de Medida y Actualización, a quien:
I. Críe o entrene a un perro con el propósito de hacerlo participar en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre dos o más perros para fines recreativos o de entretenimiento.
II. Posea, compre o venda perros con el fin de involucrarlos en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que implique una pelea entre dos o más perros.
III. Organice, promueva o patrocine peleas de perros, así como a aquellas personas que vendan entradas para asistir a espectáculos que impliquen peleas de perros.
IV. Sea propietario, posea o administre un bien inmueble o más en los que se realicen peleas de perros con conocimiento de dicha actividad.
V. Provoque ataques a las personas o a otros perros.
VI. Suministre a un perro sustancias anabólicas u otras drogas para aumentar la fuerza o fiereza del animal.
VII. Permita que personas menores de edad asistan o presencien cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre dos o más perros, o
VIII. Asista como espectador a cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre dos o más perros, a sabiendas de esta circunstancia.
En el caso de que los involucrados en cualquiera de las acciones anteriores, sea un servidor público, estas penas incrementarán en un 100%.
Si además de realizar los actos de maltrato, la persona que los lleva a cabo u otra persona los capta en fotografía o videos para hacerlos públicos por cualquier medio, con la finalidad de promover las conductas sancionadas, las sanciones se incrementarán en un 50%.
Para culminar, el legislador señaló que las multas impuestas respecto de los delitos antes mencionados, serán para el Fondo Estatal de Bienestar Animal del Estado, en tanto se constituye, el ingreso por concepto de multas se entregará a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Gobierno del Estado.
El Congreso del Estado reformó y adicionó varias disposiciones del Código Penal, a fin de imponer prisión de seis meses a tres años a quien induzca o ayude a otra persona para que se produzca autolesiones.
Dentro de la lectura del Decreto por el que se reformó el ordenamiento en mención, la diputada Laura Marín, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de Chihuahua, informó que fue cambiada la denominación del Capítulo IV, para quedar de la siguiente manera: “Ayuda o Inducción Al Suicidio o a Lesionarse”. Además indicó que se impondrá pena de 6 meses a 3 años de prisión a quien induzca o ayude a otra persona para que se produzca autolesiones.
Además enfatizó que en caso de que las amenazas sean dirigidas a personas menores de dieciocho años o a personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, las penas se incrementarán en dos terceras partes.
Con las reformas realizadas, se incluye en el tipo penal, la inducción a autolesionarse, dado a que resulta conveniente que dentro del Código Penal en el Capítulo antes señalado, se regule lo relativo a la ayuda o incitación al suicidio.
Cabe mencionar que dentro del ordenamiento reformado, se contempla también el delito de Hostigamiento Sexual, el que ya incluye las conductas de acoso sexual cibernético sin importar el medio que se haya empleado para realizar la conducta típica antijurídica, pues basta con que se dé el asedio a una persona ya sea utilizando cualquier tecnología de la información o comunicación o de manera personal, para que se configure la realización de la conducta sancionada como delito.
Dentro de la Sesión Ordinaria del Poder Legislativo, se modificó la conformación de la Comisión Especial de Análisis de los Informes del Poder Ejecutivo del Estado y de los Planes Estatales de Desarrollo y de Seguridad Pública, a la cual fue incluida la diputada María Isela Torres Hernández, actual coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Lo anterior, fue expuesto por el Diputado Jesús Villarreal Macías, en representación de la Junta de Coordinación Política; quien señaló que dicha modificación se realiza dado a que por Decreto, se estableció que dicha Comisión deberá estar integrada por las y los Coordinadores Parlamentarios y Representantes de los Partidos Políticos, y actualmente la diputada Torres funge como coordinadora de la fracción parlamentaria.
Cabe mencionar que en el mes de agosto del año 2017, se realizó el cambio en la coordinación del grupo parlamentario antes señalado.
Mediante un exhorto dirigido a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Procuraduría Federal del Consumidor quienes integran la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de Chihuahua, solicitaron supervisar el correcto cumplimiento del Acuerdo Núm. A/047/2017, específicamente el Anexo Primero que establece la obligación, por parte de los permisionarios de expendio al público de gasolinas y diesel, de dar a conocer al público el precio por litro de venta vigente en un lugar visible.
De la misma manera, se instó para que derivado del propio establecimiento de campañas de verificación, se constate que los precios de venta registrados ante la CRE, sean respetados para la comercialización de combustibles.
Cabe mencionar que dicha propuesta fue planteada al Pleno Legislativo, por parte de la diputada Patricia Gloria Jurado Alonso, quien señaló que los lineamientos para expendedores fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 08 de noviembre del 2017 y entre otras disposiciones, se establecía el de la máxima visibilidad de precios vigentes e identificación de combustibles en estaciones de servicio de expendio al público de gasolinas y diesel.
Así mismo, se otorgaba a los permisionarios de expendio al público un plazo de 180 días naturales para dar cumplimiento a los requisitos, e indicaba que las estaciones de servicio serían sancionadas, conforme a lo establecido en la Ley de Hidrocarburos, si no cumplían con las obligaciones.
Culminó al señalar que el plazo para las adecuaciones de las estaciones de servicio vence en el mes de mayo de este año, sin embargo en la Entidad se han visto pocos avances, y escasas las estaciones de servicio que están acatando las reglas, lo que expone al consumidor a una situación de desventaja al no contar con la certeza de que se están respetando los precios que el mercado arroja y la posibilidad de comparar precios entre las diferentes estaciones de servicio.
– Para que estos sean acreedores a los beneficios de descuento en el transporte urbano y semiurbano de pasajeros
La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortó a las secretarías General de Gobierno y de Comunicaciones y Transporte, así como a la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas (COEPI), para que se reactive el mecanismo de credencialización de las personas que formen parte de los pueblos Indígenas del Estado.
El diputado Pedro Torres Estrada, expresó que dicha petición se realiza a fin de que dichas personas gocen de un 50% de descuento de las tarifas para el transporte urbano y semiurbano de pasajeros del Estado de Chihuahua.
El rezago socioeconómico y la migración de miembros de la etnia tarahumara a las zonas urbanas del Estado es un problema multifactorial, se percibe un alto nivel de marginación y vulnerabilidad en las ciudades, así como inseguridad y crisis en sus zonas de origen, informó el expositor; por lo que se hace necesario tomar acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los tarahumaras, desde una visión integral e incluyente.
Los constantes flujos migratorios de los tarahumaras hacen cotidiano encontrar miembros de este grupo étnico en calles de ciudades como Chihuahua, Ciudad Juárez, Parral y Cuauhtémoc, éstos grupos han abandonado paulatinamente sus comunidades de origen para dirigirse a núcleos de población urbanos, a consecuencia de diversos factores principalmente relacionados con la condiciones de escases alimentaria y condiciones ambientales, de salud, empleo y educación precarias, continuó el expositor.
La Comisión Estatal de Pueblos Indígenas (COEPI), a la fecha argumenta no contar con presupuesto para emitir nuevas credenciales para dicho grupo migratorio, sin embargo, los indígenas tienen que contar con presupuesto para realizar el 100 por ciento del pago del sistema de transporte.
Es por lo anterior que se pide reactivar el mecanismo de credencialización de las personas que formen parte de los pueblos Indígenas del Estado, a fin de que gocen del descuento de las tarifas para el transporte urbano y semiurbano de pasajeros, así como el descuento correspondiente en las tarifas para el transporte foráneo.
Cabe mencionar que la Diputada Laura Marín, señaló que las credenciales otorgadas en la administración pasada aún son válidas, y que actualmente ya se está trabajando en la credencialización nueva, sin embargo, si en lo particular algunos choferes no aceptan las tarjetas anteriores, los afectados deberán interponer la denuncia ante la instancia competente para que ésta proceda en contra del concesionario.
Para finalizar, es importante enfatizar que el exhorto fue aprobado de manera urgente, integrando lo expresado por la legisladora Marín a la exposición de motivos.
– Así mismo el seguimiento que se ha dado a pacientes con cáncer
El Poder Legislativo de Chihuahua, pidió a la Secretaría de Salud del Estado, informar a esta Soberanía sobre las medidas implementadas para mejorar la atención médica por parte del Sistema Estatal de Salud a los sujetos de cuidado afiliados al seguro popular, en especial a niños, niñas y adolescentes con padecimientos relacionados con algún diagnóstico de cáncer, lo anterior con el fin de garantizar la oportuna atención y el puntual seguimiento en estos casos.
Fue el diputado Alejandro Gloria González, quien presentó el punto de acuerdo de urgente resolución, en el cual señala que a la par se informe también si ha habido alguna reducción en los recursos destinados para el seguimiento en caso de recaídas a consecuencia del cáncer en menores, así como para la atención de los efectos que produce el tratamiento de quimioterapia que se administra a dichos enfermos.
Destacó que dicha petición nació luego de una serie de denuncias de usuarios del Seguro Popular, específicamente, en donde señalan ha habido negación del servicio médico; el desabasto de medicamentos ocasionado por compras a sobreprecio y otras malas prácticas que vienen a afectar a los afiliados, sobre todo a aquellos que padecen las enfermedades más complejas como enfermedades crónicas o algún tipo de cáncer.
Para finalizar, se pidió a la Secretaría de Salud, fortalecer las medidas destinadas a acabar con las malas prácticas administrativas en el Sistema Estatal de Salud, en especial las relacionadas con compras y adquisiciones de medicamentos y equipo médico, con potenciales afectaciones a la prestación de los servicios.
Cabe mencionar que a la petición se unieron varios grupos parlamentarios que integran la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado.
