Para nadie es un secreto que en México existen instituciones que solo chupan recurso sin que el objetivo para el que fueron creadas se refleje en sus resultados. Decenas de ellas absorben miles de millones de pesos del presupuesto de la Federación que se destina a nóminas atiborradas de presidentes, directores y subdirectores, entre otros muchos cargos con salarios que están muy por encima de lo que se pagaría en una empresa privada. Y tampoco es ajeno al dominio público que a estas instancias se envía a personas que sin necesariamente cubrir los perfiles reciben los nombramientos como pago de favores por su apoyo en las campañas o se utilizan para el reparto de cuotas. Pero sin duda, se puede afirmar que este no es el caso del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Su desaparición parece inminente para que la Secretaría de Gobernación se apropie de las facultades y atribuciones que las leyes le han otorgado a este Consejo.
Este organismo autónomo se creó, como muchos otros al principio del presente siglo bajo la tutela del presidente Vicente Fox Quesada. Es la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales en la Constitución Federal. También se encarga de recibir y resolver las quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones.
Hoy que el Conapred está a punto de desaparecer para que la Secretaría de Gobernación lo tome a su cargo vale mencionar que ya depende de esta instancia y le representa el 2.8 por ciento de su presupuesto para 2020, es decir, 161 millones 943 mil pesos de los 5 mil 892 millones asignados este año a la dependencia a cargo de Olga Sánchez Cordero.
Ocurre que el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que este Consejo debería llegar a su fin, bajo la justificación de que el tema de derechos humanos le corresponde a la Secretaría de Gobernación.
Si bien después matizó argumentando que se llevan mucho presupuesto, también es cierto que no hizo distinción alguna entre los que efectivamente representan un gasto inútil, y los que rinden frutos y son efectivos y eficaces en su desempeño.
“Todos estos organismos consumen presupuesto, todos tienen recursos. No los conoce la gente, no ha recibido la gente ningún beneficio de estos organismos, se crearon muchos de ellos para simular que combatían la discriminación, el racismo, la corrupción”.
Y en honor a la verdad, el Ejecutivo tiene parte de razón, se pueden contar por decenas Fideicomisos, Consejos, Comisiones, y organismos que no tienen justificada su existencia porque simplemente su trabajo no se distingue en un beneficio para algún sector de la población ya sea porque no cumplen con su cometido o porque efectivamente se crearon para simular.
López Obrador admitió se tiene que combatir el racismo, la discriminación, pero no crear un organismo para cada demanda de justicia. “Un instituto para adultos mayores, para personas con discapacidad, para la radio y la televisión, uno para la regulación energética, otra para la regulación del gas, para la transparencia”, destacó.
Pero aquí también alguien debió advertir al mandatario respecto a ese comentario, siendo que él mismo ha creado organismos como “El instituto para devolverle al pueblo lo robado”, entre otros, que quizá pueda ser cuestionable su existencia.
Ahora bien, aún suponiendo sin conceder que existen esas instituciones que nada aportan, el presidente no puede desaparecer a priori un organismo sin antes ordenar una exhaustiva revisión de manera que se justifique su decisión. Antes bien, se debiese llevar una serie de ejercicios y evaluaciones con especialistas para analizar qué y cómo se puede mejorar, o justificar la desaparición.
No hay que olvidar que aún con sus defectos, cada organismos ostenta jurídicamente una razón de ser.
Habrá que recordar que desde la época de Miguel de la Madrid, los presidentes mexicanos han venido cediendo varias de sus facultades a otros órganos con el fin de evitar que todo el poder se concentrase en una sola persona.
Por ejemplo, “para garantizar que el Presidente (quienquiera que fuera en el futuro) no caería en la tentación de usar las reservas monetarias del país para resolver el déficit fiscal, se le dio relativa autonomía al Banco de México (Banxico). Autonomía que sería completa y constitucional hasta 1994, pero que comenzó con el reconocimiento de facultades que le permitieron salvaguardar la estabilidad monetaria.
Para garantizar que el Presidente no pudiera intervenir en las decisiones del Poder Judicial, se reformó la Constitución y se creó el Consejo de la Judicatura Federal en 1994, para que jueces y magistrados no fueran nombrados o removidos por el Poder Ejecutivo, y para que sus sueldos no fueran pagados por el Secretario de Hacienda del Presidente.
Para garantizar que el Presidente no decidiría de manera arbitraria qué información podía estar disponible al público y cuál no, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en 2002. El cual ha ganado mayores facultades hasta convertirse en el actual Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
De igual modo, para garantizar que el Presidente no le daría concesiones de radio y televisión a benefactores o personas cercanas, se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 2013, el cual fue parte de un ambicioso paquete de reformas donde se incluyó también al sector energético y de competencia económica.
Lo anterior, es apenas un botón de muestra de cómo el Estado mexicano se ha ido transformando al paso de los gobiernos que entendieron cómo veían a México en el mundo: como un gobierno históricamente irresponsable, controlado por un partido hegemónico y con un Presidente que, sin contrapeso alguno, podía poner en riesgo la certeza de los inversionistas con la firma de un decreto”. (Juan Pablo Galicia, Alto Nivel, 21-01-2019).
La gente alrededor del presidente López Obrador debe mantenerlo mejor informado para evitarle situaciones que le representan desgaste innecesario.
Hoy organizaciones internacionales rechazaron la intención de extinguir el Conapred y reiteraron la importancia de esta institución.
Amnistía Internacional, a través de su Twitter, rechazó cualquier iniciativa para extinguir el Conapred y recalcó la importancia de las acciones que ha llevado a cabo el Consejo:
“En la crisis de Derechos Humanos que vivimos en México, la labor de Conapred para combatir la discriminación es crucial. Reiteramos la importancia de esta institución y reprobamos enérgicamente cualquier iniciativa de extinguirla”.
El Congreso Nacional de Mexicanas y Mexicanos LGBTIQ, el Colectivo Voto Incluyente y la asociación Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad pidieron que el Conapred sea fortalecido, que reciba más presupuesto y tenga autonomía
También la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres (ONU Mujeres) dijo que durante 17 años el Sistema de la ONU ha tenido una relación fructífera con el Conapred con un impacto positivo en las poblaciones vulnerables.
El organismo internacional ejemplificó que el Conapred ha ayudado en la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar, de los indígenas y de las mujeres.
La Asociación Afrodescendencias demandó que no se ponga en riesgo la autoridad del Conapred, ya que “se manda una preocupante señal a la sociedad mexicana de que se encuentra en total desprotección frente a actos discriminatorios, lo cual fortalece a quienes los perpetran”.
La sociedad en general está de acuerdo en que debe acabar la corrupción, opacidad, impunidad y despilfarro, pero no a costa de borrar de un plumazo a todos los organismos autónomos, desconcentrados o descentralizados sin permitirse que sobrevivan e incluso se fortalezcan los varios de ellos que sí son valiosos, útiles e incluso fundamentales; no incurrir en algo así como querer aniquilar una plaga matando todo el jardín.
