Exhorta a gobierno de Maru Campos a la inmediata captura de reos y garantías en la seguridad de las familias chihuahuenses, sanción a servidores públicos coludidos y suspensión de la Torre Centinela
La legisladora federal, Lilia Aguilar Gil, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión punto de acuerdo por el que se exhorta a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y, al Fiscal General del Estado, Roberto Javier Fierro Duarte, a imponer las medidas necesarias y actuar sin dilaciones para lograr la captura de los 27 reos fugados del Centro de Readaptación Social (Cereso) No. 3; a garantizar la seguridad al interior del Centro Penitenciario, con apego irrestricto a los derechos humanos, y realizar las acciones necesarias para garantizar la seguridad de las familias que viven en colonias aledañas al Cereso No. 3, así como de la población en general.
El citado punto de acuerdo también solicita se investigue y se impongan sanciones ejemplares a los funcionarios y servidores públicos que hayan colaborado con los grupos delictivos para violentar las normas que rigen la vida de las personas privadas de la libertad; así como a quienes hayan participado en la fuga, motín y hechos violentos suscitados el 11 de agosto de 2022 y el 1 de enero de 2023 dentro y fuera del Cereso No. 3.
De igual forma, y dados los hechos de violencia, la diputada por el PT, solicitó a la gobernadora valorar la suspensión de la obra de la Torre Centinela para que, en su caso, los 4 mil 200 millones de pesos que costará su construcción se destinen a acciones que garanticen la seguridad de las familias del estado de Chihuahua.
“Las autoridades y los poderes del Estado han demostrado su incapacidad para dar solución a un problema complejo con múltiples aristas, como lo es la violencia desatada en el Centro Penitenciario de Ciudad Juárez, por el contrario, han intentado dilatar la información, impedido la rendición de cuentas y abonado a la violencia que ha rebasado el ámbito penitenciario y se ha reflejado, lamentablemente, en nuestra ciudad”, explica en la exposición de motivos la diputada federal.
Y es que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), durante 2021, el Cereso No. 3 de Ciudad Juárez tuvo la peor evaluación de los 11 centros penitenciarios analizados en Chihuahua, acumulando problemáticas como: hacinamiento y sobrepoblación, insuficiencia de vías para remisión de quejas de probables violaciones a derechos humanos; condiciones deficientes para garantizar una estancia digna; autogobierno derivado de la insuficiencia de personal de seguridad y custodia; actividades ilícitas; entre otros.
Por lo anterior, es que queda de manifiesto que las declaraciones de la gobernadora no van más allá de un posicionamiento mediático, de lo contrario, cómo explicar que a menos de 6 meses del “jueves negro”, las autoridades federales encontraron celdas de lujo en el Cereso No. 3, una caja fuerte con un millón 702 mil 174 pesos, presuntamente provenientes de la venta de droga en las instalaciones, 84 dispositivos móviles, una decena de armas largas, cuatro cortas, 82 cartuchos de diversos calibres, 285 bolsas de crystal (4 kg), 38 bolsas de cocaína (40 gr), 68 bolsas con marihuana (16.2 kg), 69 bolsas de heroína (1.5 kg), 8 pastillas de fentanilo, y 40 gramos de cocaína.
“Lo ocurrido en los últimos seis meses en el Cereso No. 3 de Ciudad Juárez expone la indiferencia de las autoridades locales a los hechos de violencia, su omisión para cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad no sólo de las personas privadas de la libertad sino también de la población, así como la corrupción y complicidad de las autoridades penitenciarias con los grupos delincuenciales”, indicó la legisladora en el punto de acuerdo.
