Hablando y Escribiendo: Poder Judicial y su Magistrada Presidenta
Por Ernesto Avilés Mercado
En la historia de 199 años de vida del Poder Judicial de Chihuahua, Myriam Hernández Acosta destaca como la primera mujer en asumir la presidencia. Su trayectoria es un testimonio de dedicación y esfuerzo, habiendo ocupado roles desde actuaria hasta magistrada presidenta. A pesar de los desafíos y cambios en el esquema judicial, su legado perdurará de manera significativa
Jurista de grandes contrastes, Myriam Hernández logró, con su arduo trabajo, alcanzar la unidad en el pleno de magistrados y acercar la justicia a los grupos sociales más desprotegidos. Fortaleció los esquemas de atención temprana, mediación y justicia alternativa, apoyando la capacitación de los juzgadores mediante el Instituto de Formación y Actualización Judicial. En dicha institución se han graduado muchos funcionarios judiciales que ahora cuentan con más herramientas procesales y una actualización de normas jurídicas sustantivas, permitiéndoles realizar su trabajo con profesionalismo, independencia, imparcialidad, objetividad y excelencia.
Uno de los problemas sociales abordados durante su gestión fue la farmacodependencia, estrechamente ligada a la posesión y venta de drogas. Gracias a la dinámica y empuje de Myriam Hernández, se amplió la concepción sancionadora para abarcar el tratamiento y la prevención. Este programa piloto en Chihuahua ha sido replicado en varios tribunales del país con excelentes resultados.
No obstante, se le puede criticar el menosprecio hacia las organizaciones gremiales de abogados, que durante años solicitaron apoyo para fortalecer la estructura judicial en los diferentes distritos. Asimismo, sigue pendiente la continuación del proceso de digitalización y la mejora de la Central de Actuarios, que no ha cumplido con las expectativas del foro jurídico local. A esto se suman los procesos administrativos y penales contra diversos jueces, por cuestiones meramente políticas.
Otro punto controversial fue su negativa a autorizar a litigantes como oyentes en los cursos del INFORAJ, aunque aprobó el doctorado para un abogado que no pertenecía al poder judicial y que hoy es magistrado.
En el pasado informe de Myriam Hernandez, la gobernadora del Estado, Maru Campos, expresó preocupación por la situación económica de los jueces y magistrados que dejarán el poder judicial, -de que van a vivir- debido a una iniciativa presentada en el Congreso que contempla pensiones vitalicias, jubilaciones parciales y completas, y otros esquemas que representan mínimamente 70 mil pesos mensuales de por vida. Ante la estrechez económica por la que atraviesa el Estado, esto sería un golpe directo a las finanzas públicas, dejando la opción de mantener a los jueces en sus cargos hasta alcanzar el número de años necesarios para su jubilación.
La reforma judicial rompió proyectos de vida, pero también pretende eliminar viejos vicios. Ahora, la elección de juzgadores con perfiles adecuados, experiencia y carrera judicial permitirá, desde el primer día, encabezar audiencias, elaborar sentencias y dictar acuerdos.
La relación con la Fiscalía siempre ha sido buena, aunque las diferencias de criterio entre los juzgadores causaban problemas debido a interpretaciones garantistas. Juzgadores con antecedentes en la Defensoría tendían a dictar detenciones ilegales o autos de no vinculación a proceso por deficiencias en las carpetas u omisiones en las audiencias. Siempre quedó claro que el Tribunal no legitima las deficiencias de la Fiscalía.
Los conversatorios entre juzgadores y Fiscalía eran como llamadas a misa, asistiendo solo aquellos verdaderamente interesados, y en muchos casos, ni siquiera se completaron las mesas de acuerdos.
La Defensoría es excelente dentro del poder judicial, -para los defensores públicos- pero debería buscar su independencia y no quedar en ninguno de los dos extremos.
Cuando se reconocía el trabajo del Comité de Evaluación del Poder Legislativo por fundamentar las causas de exclusión de los aspirantes inscritos, rechazaron a una jueza del tribunal de enjuiciamiento por no tener más de tres años de experiencia para el cargo. Irónicamente, esta jueza cuenta con 36 años de carrera judicial, lo que evidencia que ni siquiera leyeron los documentos presentados. Ojalá y esto sea la excepción y no una constante en el trabajo de los comités de Evaluación.
A pesar de los desafíos y controversias, la reforma judicial liderada por Myriam Hernandez Acosta, ha marcado un antes y un después en el poder judicial de Chihuahua. Su enfoque en la capacitación y la justicia alternativas ha fortalecido el sistema, mientras que su legado de Unidad y Profesionalismo continúa inspirando a futuras generaciones de juzgadores. Es crucial que sigamos evaluando y mejorando nuestras instituciones para asegurar que la justicia sea accesible y equitativa para todos.
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