HABLANDO Y ESCRIBIENDO
LA NUEVA REALIDAD DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO
Después de haber sido electo de manera unánime por sus pares, como presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, el maestro Pablo Héctor González Villalobos, merced a su preparación profesional, sus amplios conocimientos jurídicos, su trayectoria como catedrático en las instituciones educativas mas importantes de la entidad, pero sobre todo por su limpio desempeño como funcionario judicial, la comunidad jurídica del Estado coincidíamos en que los conflictos internos terminarían, porque llegaba a la presidencia un magistrado que conocía el peso especifico de cada uno de sus integrantes, contaba con la calidad moral para dar un manotazo sobre el escritorio y exigir de todos, un comportamiento ético, basado en los principios y valores inherentes a una gran institución como es el tribunal superior de justicia de Chihuahua. Y así lo ha hecho.
Desde el INFORAJ, con el mejoramiento profesional de los integrantes del Poder Judicial, donde ahora quienes imparten y administran justicia, cuentan con niveles educativos de maestría y doctorado, que nos colocan en los primeros lugares en cuanto a la calidad formativa de los juzgadores.
Las excelentes relaciones con las que cuenta el magistrado Pablo Héctor González con la comunidad jurídica nacional, con la clase política y particularmente con los representantes de organismos de apoyo internacionales para el mejoramiento de la calidad jurídica que se imparte en el país, ha permitido que la voz del Tribunal Judicial de Chihuahua, sea escuchada, reconocida y altamente valorada en todos los espacios de resonancia nacional e internacional; sus intervenciones en el Congreso de la Unión, sobre temas jurídicos, son toda una cátedra sobre filosofía del derecho, su postura pragmática al refutar con argumentos sólidos el aumento al catalogo de delitos con prisión preventiva y también sobre los riesgos que implica el modificar los principios de un proceso penal acusatorio, que a pesar de estar vigente en Chihuahua desde el 2007, todavía se considera en etapa primigenia.
El problema comenzó con el arribo de la consejera de la judicatura Estatal, la licenciada Luz Estela Castro, a propuesta del Ejecutivo Javier Corral, quien de facto, comenzó de inmediato a tomar decisiones, alegando instrucciones de Javier Corral, que si bien pudieran corresponderle, las formas en las que lo hacía, contrastaban de inmediato con la caballerosidad y excelente trato del magistrado presidente Pablo Héctor González.
Una de las principales tareas que se le encomendaron, fue la de concursar las más de 50 plazas para ocupar las titularidades de los juzgados en los distintos distritos judiciales que se encuentran en el Estado, además de las magistraturas que también se encontraban acéfalas.
El primer problema surgió con los funcionarios que se encontraban al frente de estos juzgados, porque si bien contaban con un nombramiento de menor rango, la responsabilidad de emitir sentencias los convertía en jueces, sólo que sin los emolumentos inherentes, pero si con todas las responsabilidades como juzgadores.
Estos funcionarios, con trayectorias importantes, con capacidades demostradas y con un profundo respeto hacia la institución, fueron tratados como cualquier aspirante a ocupar el cargo; no hubo trato diferenciado, cuando era evidente que mínimamente por su experiencia, podrían encuadrarse en una situación diferente, que aunque no de privilegio, si de trato diferenciado.
Muchos de ellos, superaban y por mucho, el tiempo que se establece en la ley para quedar ratificados en los cargos de jueces, sin embargo, a todos ellos se les exigió la renuncia para poder participar como aspirantes.
Las irregularidades que se evidenciaron desde la convocatoria, la forma en la que fueron evaluados, la opacidad que se presentó tanto en el proceso como en los resultados, pero sobre todo, la postura de silencio sepulcral ante los señalamientos directos, expuestos tanto por las organizaciones de abogados, como por la denuncia pública realizada por uno de los propios integrantes del Consejo de la judicatura, Joaquín Sotelo Mesta, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua por presunta manipulación de resultados de los exámenes, directamente en contra de la licenciada Luz Estela Castro Rodríguez, fueron un escandalo del cual todos hablaban, pero que las autoridades judiciales simplemente callaban.
Los amparos presentados ante la justicia federal, tanto para brindar seguridad y certeza jurídica en el cargo de jueces a quienes los habían promovido, como para quienes se habían inconformado por el proceso de selección, fueron otorgados en una sentencia espléndida de la jueza del décimo distrito Matilde del Carmen González Barboza, al determinar que en este proceso de selección no se garantizaron las condiciones de igualdad, transparencia y legalidad de todos los que aspiraban a ingresar al Poder Judicial del Estado.
Como es también del conocimiento general, esta sentencia no esta firme y se encuentra en proceso un recurso presentado, precisamente por el Consejo de la Judicatura.
Ante la penosa enfermedad que padece la señora Luz Estela Castro Rodríguez y ante la posible imposibilidad de no poder regresar a ocupar el cargo de consejera, se espera que el Gobernador Javier Corral, en pleno ejercicio de sus facultades, proponga otra persona para ocupar el cargo de consejera.
La licenciada Irma Antonia Villanueva Nájera, discípula de la Sra. Castro, es quien se maneja como posible sucesora de la consejera.
Hoy mas que nunca, el Gobernador Javier Corral Jurado tiene la oportunidad de corregir todas las irregularidades provocadas en el pasado proceso de selección de jueces y magistrados, simplemente respetando la autonomía del Poder Judicial y otorgándole la confianza necesaria para que el magistrado presidente Pablo Héctor González Villalobos, finalmente tome el control total del tribunal, porque para desterrar vicios y poner orden en el Poder Judicial, el poder debe recaer en una sola persona.
IGNOMINIA DEL TSJ ANTE LOS ABOGADOS LITIGANTES
La espera de más de dos horas para ingresar al estacionamiento de 50 espacios para los abogados litigantes, quienes están tipificados como público, es una ofensa que quizás no conoce el magistrado presidente, pero que causa coraje y desesperación de los integrantes del foro jurídico local.
Esta claro que el cargo administrativo del TSJ no correspondió al magistrado presidente su nombramiento, como tampoco su consulta para que se encerrara este espacio de estacionamiento a los litigantes como su fuéramos ladrones, y aunque lo de menos es buscar estacionamiento en los alrededores del exterior, los constantes robos que hemos sufrido en nuestros vehículos, nos obliga a esperar de manera ignominiosa el espacio que cualquier persona que busque asistir a una audiencia como público, nos pueda dejar…..que patético…netoaviles@gmail.com
