HABLANDO Y ESCRIBIENDO
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN;
CHIHUAHUA Y EL PODER JUDICIAL
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO
Ante el aumento inexorable de los delitos de alto impacto en las principales ciudades del Estado, donde los objetivos han sido los integrantes de las fuerzas policiacas, es necesario que se implementen nuevas estrategias para poder hacer frente a estos ataques, que mantienen en total incertidumbre a toda la población en general.
Para los derecho humanistas, la incorporación de los militares a tareas de vigilancia y persecución de los delitos, puede constituirse en la entrada para que el país pueda ingresar a una total militarización, con la eventual pérdida de derechos para las personas, desaparición de otras, estados de excepción, zonas del país donde se restrinjan los derechos, el no respeto hacia el orden civil y una total hegemonía de las fuerzas castrenses a labores que deberían realizar policías civiles.
La reforma constitucional que se presentó como dictamen para la creación de la fiscalía nacional, establece que en lugares donde se detecte que la policía no brinde adecuadamente seguridad a la ciudadanía, la fiscalía tomará el orden policiaco, por un tiempo perentorio, pero que llegado el momento, si no se garantiza todavía el orden y la paz social, la fiscalía permanecería de manera indefinida.
Actualmente, la constitución establece que los agentes ministeriales estarán bajo las órdenes y conducción del ministerio público, pero en este dictamen quedó establecido que dependerá únicamente el aspecto jurídico, mientras que el mando quedará reservado a la superioridad militar.
Los foros que fueron convocados por la Cámara de Diputados para escuchar y enriquecer la propuesta del ejecutivo, solo sirvió para que se incluyera un civil que coordinara el aspecto netamente administrativo, pero en cuanto a la operatividad, quedará con mando directo del secretario de la defensa.
Los gobernadores, seguro pretenderán plantear ante la Superna Corte una Controversia Constitucional para detener el embate del presidente López Obrador que pretende mandar en todo el país, por conducto de la fiscalía, sin respetar las jurisdicciones de los gobernadores, ni mucho menos de los alcaldes.
Sólo que, seguro lo firmará únicamente Alfaro de Jalisco y Corral de Chihuahua, mientras que los demás, por gatopardismo, apoyarán de manera moral.
Otra de las novedades que presenta la reforma, es que si en una determinada región del país, concretamente en un municipio no se combate a la delincuencia y que por los niveles de corrupción y funcionalidad del crimen organizado, tiene que permanecer la fiscalía de manera permanente, el presupuesto que se recibiera por parte de la Secretaria de Hacienda federal, vía el Estado, se cancelará y pasara a las cuentas de la fiscalía.
El tema del Fiscal Carnal, que por cierto, el nombramiento recayó en la persona de Alejandro Gertz Manero, con dos tercios de la votación, es una realidad que tendrá la facultad de ser utilizado políticamente, antes, durante y después de los períodos electorales; el proyecto de MORENA no termina con un solo período presidencial, por lo que se buscará que los espacios de representación se incrementen, desbancando al PRI y al PAN como partidos de oposición y eventualmente asegurar su permanencia.
Alejandro Gertz Manero es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, con Doctorado por la UNAM; en 1976 coordino la operación cóndor, en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, la cual fue conocida como la más nefasta operación militar en la historia del país, por los abusos cometidos en contra de las comunidades de la sierra, donde por igual, robaron, violaron y asesinaron a personas de manera totalmente impune.
De acuerdo con estadísticas del INEGI, se cometen más de 33 millones de delitos al año, de los cuales poco menos de 2 millones son denunciados; de estos, apenas 200 mil alcanzan sentencia condenatoria, lo que arroja un porcentaje de más del 99% de impunidad, además existen más de 300 mil averiguaciones y carpetas de investigación que están pendientes de resolución por el poco o nulo interés de las autoridades responsables.
Existen también, más de 100 mil ordenes de autoridad, entre órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales que no se han llevado a cabo, mientras que el 70 por ciento de los asuntos que se tratan se refieren a robos de tarjetas de crédito y huachicoleros, cuando la función de la Fiscalía es la de cuidar el patrimonio del Estado y de todos los mexicanos.
El duro golpe a los gobernadores, será difícil de digerir, particularmente en las entidades donde los gobernadores y sus estructuras policiacas, mantienen relación directa de contubernio y complicidad con las bandas delincuenciales.
En contraparte, con este nombramiento de Gertz Manero, los resultados deben presentarse de manera inmediata para que se genere la certidumbre y confianza social que se requiere para garantizar su funcionamiento y efectividad; aquí en Chihuahua, la estructura de la PGR se mantiene intacta, por lo que se deberá dejar que se terminen con los asuntos en proceso y en cuanto rindan los informes requeridos, cambiarlos de adscripción para que demuestren efectividad los agentes del Ministerio público en otra parte del territorio nacional.
ACTUARIA EN CHIHUAHUA
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Pablo Héctor González Villalobos, había anunciado el pasado noviembre, que a partir de este Enero del 2019, comenzaría la reingeniería en la dirección de actuaría, donde se concentrarían todos los actuarios para llevar a cabo las diligencias de manera conjunta y no separada como hasta ahora, con actuarios civiles y otros penales, para que un solo pudiera notificar cualquier materia.
Este ejemplo lo tomó del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, donde los actuarios llevan ya a cabo estas acciones desde hace varios años, por lo que se presume que podría tener una efectividad importante y finalmente darle fluidez a los expedientes que se encuentran rezagados.
Existe un elemento determinante para la efectividad del buen funcionamiento de la actuaría: recursos económicos.
Los actuarios de Nuevo León, cuentan con laptops conectados directamente con el tribunal, y una vez terminadas sus notificaciones, las envían vía internet directamente a la central, donde de inmediato quedan resguardados; además cuentan con vehículos y recursos para sufragar los gastos que se deriven de las notificaciones y jamás se quedan sin gasolina; los 10 nuevos actuarios que se incorporaron para lograr sacar los compromisos en Diciembre pasado, pueden quedarse, dependiendo del presupuesto con el que se cuenta.
Por primera vez, la actuaría está coordinada por jóvenes actuarios, que cuentan con una larga trayectoria en el Poder Judicial y una muy fructífera experiencia, porque se las saben de todas, todas, faltándoles únicamente el apoyo institucional traducido en más recursos para avanzar en su modernidad y responder así a la gran demanda de los abogados litigantes…
