HABLANDO Y ESCRIBIENDO
DEL CUIDADO DEL DEBIDO PROCESO
Y LA SARTA DE MENTIRAS DE PENICHE
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO
En cada cambio de régimen de gobierno, quien encabeza el ejecutivo, presenta el irressistible deseo de ejercer control sobre el resto de los poderes: el Legislativo y el Judicial.
Chihuahua, jamás ha sido la excepción, particularmente cuando alcanza democraticamente otra fuerza polìtica la primera magistratura.
Desde Pancho Barrio hasta con Reyes Baeza, los cambios promovidos desde el Gobierno Estatal, no habian sido temas donde el poder Judicial Federal, haya tenido un papel tan relevante, como en el caso de Cesar Duarte y el actual Javier Corral Jurado.
Marco Emiliano Anchondo Paredes en la epoca de Reyes Baeza, en venganza porque su hermano Victor Emilio de los mismos apellidos habia renunciado al PRI para buscar la candidatura al senado por “el bien de todos”, no fué ratificado en la octava sala civil, hasta que el tribunal colegiado le corrigiera la plana al Congreso y por ende al gobernador, ordenando su reinstalción con todos sus haberes; mas adelante ya en el sexenio de Cesar Duarte, le cambio la forma y les adelantó la jubilación a varios de los magistrados en una forma tan irresistible que solo la magistrada Jurado no aceptó presentando un amparo que a la postre se perdió.
Con Javier Corral, la acusacion de corrupción del magistrado Gabriel Sepúlveda Reyes, fué suficiente para que saliera de la presidencia, entrando en su lugar Julio Cesar Jimenez Castro, que pasò a la historia de la judicatura en todo el país, al ser el primer presidente de un tribunal estatal que fuera desconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin duda, la llegada del magistrado Pablo Hector Gonzalez Villalobos a la presidencia del tribunal, vino a darle una estabilidad, que aunque efímera, fué unanimemente compartida y aprobada por el resto de los magistrados; por fin llegaba a la presidencia del tribunal un jurista con una capacidad demostrada y sobre todo, una trayectoria reconocida entre propios y extraños.
La pretension de Cesar Duarte, eran renovar todos los juzgados de primera instancia, pero no le alcanzó el tiempo, y desde la entrada de Corral, fué el tema principal y la responsable de operarlo fue la consejera Lucha Castro, quien habia sido designada por el Ejecutivo, en una acción de pago de lealtades y particularmente porque existe una identidad importante entre el ejecutivo y la señora Castro.
Otro de los integrantes del Consejo de la Judicatura, Joaquin Sotelo Mesta, denunció públicamente a la Sra Castro por irregularidades en la elecciòn de jueces; acción que también fue denunciada mediante la presentaciòn de diversos amparos presentados por los jueces que a pesar de haber superado el correr el tiempo para alcanzar su ratificación, fueron descartados para hacerlo y quienes pretendieron lograrlo mediante el concurso, nuevamente fueron reprobados en circunstancias opacas e ilegales.
En una optica diferente a la que resolvió la juez de Distrito de declarar nulo todo el proceso, hay quienes afirman que se excedio en su resolución y que será el tribunal colegiado quien analizando en detalle el trabajo de la juez, le corregirà la sentencia dictada.
En una resolución no esperada, una juez de control del distrito Judicial Benito Juárez, con cabecera en Cuauhtemoc, dicto auto de no vinculaciòn a proceso a una persona que fuè acusada de secuestro y homicidio en contra de un empresario menonita.
Fue tanto la exacerbación del Fiscal Cesar Augusto Peniche que sin respetar las formas, acusó publicamente y sin pruebas a la juez y al abogado defensor de manipular pruebas, además de favorecer en otros juicios al esposo de ésta, quien es abogado defensor, igualmente sin pruebas….
Esto generó que la juez recibiera una andanada de insultos por las redes sociales, incluso amenazas de muerte.
Peniche, que al igual que Corral Jurado, cuando las autoridades judiciales no resuelven conforme a las pretensiones de la fiscalía, son acusados publicamente de innumerables conductas delictivas, incluyendo prevaricación, pero sin pruebas, solo denuncias públicas, declaraciones periodisticas, sabedor que nadie le reprocha publicamente su zarta de mentiras.
La mejor cachetada con guante blanco que el Poder judicial le ha propinado a la fiscalía del Estado, se presentó en la presentación que hiciera el magistrado presidente Pablo Héctor Goznalez Villalobos, al reconocer el trabajo de los policias y los fiscales en el sistema penal adversarial.
Dijo el magistrado presidente ante los integrantes del Senado que la fiscalía de Chihuahua es la mejor del país, en base a las mediciones que realiza Guillermo Cepeda, en terminos de capacidad de investigación; señalo que Roberto Hernández productor de presunto culpable, realizó una investigación donde la fiscalía del Estado también se pone a la cabeza, al salir como la que menos denuncias recibe por tortura en todo el país; los que más altos numeros presenta por procesos terminados desde una denuncia y no por flagrancia, como salen la mayoría de las fiscalías del pais; es decir, que existe investigacion y los que presentan también la tasa mas alta porque en los juicios se desahoga prueba cientifica y finalmente el que mas alta tasa presenta también por “satisfaccion” de los imputados al recibir sentencia; es decir a pesar de recibir una condenatoria.
El magistrado presidente González Villalobos, propuso que se cuidara las audiencias, que es donde se lleva a cabo el debido proceso, porque la integración de las carpetas se lleva a cabo en sede ministerial y los jueces no cuentan con una forma de control y que las formalidades en esa integración de las carpetas, se presentará en las audiencias para su revisión y que es ahi donde se cuida el debido proceso, siendo que la audiencia es la garantía de las garantías.
Parafraseando a un teórico del proceso norteamericano de origen ruso Mirjan Damaska, quien señalara que existen solamente dos formas de juzgar, la primera de una forma vertical autoritaria, jerárquicamente organizada que tiende a ser escrita, e inquisitiva y que tiene como finalidad no hacer justicia sino facilitar la condena; la otra forma, es la que tenemos actualmente, más democrática, horizontal, que tiende a ser oral, acusatoria y que tiene por finalidad el hacer justicia y es el único compatible con un estado democrático de derecho; desde esta perspectiva, se tiene que cuidar mas la audiencia, evitando que las facultades salgan de ella, porque se atentaría en contra del debido proceso
