PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN CHIHUAHUA
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO
HABLANDO Y ESCRIBIENDO
PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN CHIHUAHUA
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO
Las circunstancias en las que los agentes del Ministerio público adscritos a la Fiscalía general del Estado, desarrollan sus actividades, es verdaderamente lamentables.
Los salarios que reciben no son equiparables con los defensores públicos, aunque desarrollan funciones semejantes.
La clasificación de rangos que hicieran desde la secretaria de Hacienda, para otorgar compensaciones, fue hecho con un criterio equivocado, ya que favoreció solamente algunos y no a todos los que por trayectoria, responsabilidad y preparación, pudieran recibirla.
Mientras que al resto de la burocracia los inundan con ofertas y promociones por parte de las empresas locales y prestadoras de servicio, a los Ministerios Públicos no les alcanza para nada, ya que además ni siquiera son sujetos de crédito
El servicio médico que puntualmente les descuentan, tanto por pensiones como por ICHISAL, no cumple con las expectativas de sanidad, tanto para los agentes como para sus familias, ya que en la gran mayoría de los casos, son ellos los que tienen que comprar sus medicamentos por fuera, ante la escasez permanente en las farmacias institucionales; es decir, el servicio médico que reciben, no es deficiente, sino lo que le sigue.
Las condiciones laborales en las que desarrollan su importante actividad, no cumplen con los parámetros de seguridad ni para ellos, ni para los imputados, mucho menos para las víctimas y testigos. En los asuntos graves de homicidio -por ejemplo-, todas las personas que por alguna circunstancia tienen necesidad de pasar o estar en averiguaciones Previas, se dan cuenta de quienes van, quienes llegan, incluso que hacen y con quien se entrevistan.
La constitución establece que el MP es quien tendrá a su cargo al investigación de los delitos y su brazo derecho es la policía ministerial, sin embargo, con los 20 litros que reciben semanalmente de gasolina, solo les alcanza para llegar a la oficina y dejar estacionadas sus unidades; es decir, se encuentran imposibilitados para llevar a cabo su trabajo de manera eficiente y puntual.
Con la mitad de lo que ha gastado Javier Corral en sus vuelos privados, hubiera servido y hasta sobraría para que los agentes investigadores pudieran haber llevado a cabo su trabajo y haber bajado los altos niveles de impunidad que tenemos
La misma secretaría de hacienda continúa con la implementación del reloj checador y la lista de asistencia, cuando los agentes tienen que asistir al tribunal para presentar alguna acusación, o darle seguimiento a una causa penal, sin que se tenga un tiempo fijo para cada una.
Existen audiencias que se prolongan más de 14 horas, pero eso no lo saben en Hacienda y piensan equivocadamente que los agentes se regresaron a sus casas y por consecuencia les descuentan el día.
El problema es que los recursos destinados a la Fiscalía los maneja directamente el secretario de hacienda y el Fiscal Cesar Augusto Peniche y a ninguno de los dos les interesa mejorar las condiciones de los agentes.
Cosa distinta sería que cada fiscalía pudiera operar sus propios recursos, pero mientras se encuentre centralizado y operado con criterios de supervivencia política, la procuración de justicia continuará siendo el talón de Aquiles de la presenta administración, el hoyo negro por donde se pierden millones de pesos, pero sobre todo, el saldo pendiente que va a quedar a deber el gobernador Javier Corral.
CONSEJERO SOTELO MESTA
El licenciado en derecho, experto en temas fiscales Jesús Joaquín Sotelo Mesta, quien fuera electo por parte del congreso del Estado el 25 de Mayo del 2017, como integrante del consejo de la judicatura, fue notificado de su separación provisional del cargo, debido a una investigación que se lleva en su contra por parte de la unidad de investigación de responsabilidades administrativas, adscrita a la dirección jurídica del Tribunal Superior de Justicia.
En el año 2019, Joaquín Sotelo, denunció ante la fiscalía anticorrupción supuestas irregularidades en el proceso de selección de jueces y magistrados que se realizó en el 2018 por parte de la comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura, que en ese entonces, estaba a cargo de la Sra. Lucha Castro.
Los tribunales de alzada a nivel Federal, se han encargado de darle certidumbre jurídica y razonamiento jurisprudencial a los amparos que se presentaron, y al día de hoy, no existe nada pendiente que resolver sobre el asunto.
Se ha expuesto por parte del consejero que esta separación provisional del cargo, responde a una serie de acciones de venganza en su contra y represalias por haber hecho públicas, supuestas acciones de corrupción hacia el interior del Poder Judicial.
Sin embargo, el consejero Joaquín Sotelo, pasa por alto que el Poder Judicial cuenta con los procedimientos adecuados para que este tipo de denuncias puedan ser conocidas, analizados, comprobadas y en su caso sancionadas, sin que se tenga necesidad de exponer públicamente a quien o quienes se señalan como responsables, respetando en todo momento su presunción de inocencia.
Sotelo Mesta, se excedió en sus funciones como consejero y puso en duda la honestidad e integridad de la totalidad de los jueces que fueron electos y todos los demás que se encuentran en funciones, al margen o independientemente del proceso que les dio origen.
Los apoyos empresariales que se publicaron en favor de Joaquín Sotelo, son los mismos personajes que firman otros desplegados con candidaturas de por medio, lo que genera sospechosismo si son firmas alquiladas. Lo que debe de importarles a los ricos del pueblo, es contar con un poder Judicial autónomo, independiente y ético, donde no tenga cabida la política partidista para que sus resoluciones correspondan a la fiel interpretación de la ley; nada más, pero tampoco, nada menos.
Joaquín Sotelo, tendrá audiencia este próximo 29 de mayo, donde podrá presentar las pruebas que avalen su conducta y dado que fue electo por el congreso por 5 años, si se revoca su separación y retoma su papel como consejero de la judicatura, su función terminará en el 2022.
Dos de las propuestas que se presentaron para integrar el consejo de la judicatura, una por parte del gobernador Javier Corral en la persona de Lucha Castro y una más por parte del Congreso local, con Joaquín Sotelo, han pretendido imponer sus condiciones de conducta en una institución que lo que requiere es sensatez, prudencia y responsabilidad social y no acciones de politiquería que pretendan influir en las decisiones del tribunal.
La responsabilidad que tiene cualquier persona que se integra a una gran institución como es el Poder judicial, es la de velar por su fortalecimiento, crecimiento y desarrollo y no buscar apoyarla denostando a quienes ejercen la delicada función de administrar justicia…..netoaviles@gmail.com
*integrante de la AECHIH
