HABLANDO Y ESCRIBIENDO
10 FALLECIDOS Y 190 INFECTADOS, LOS CERESOS EN EL TIEMPO DEL COVID EN CHIHUAHUA
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO*
En Chihuahua, los centros de reinserción social que se encuentran diseminados en el interior del Estado, se están constituyendo como centros extraordinarios de contagio de COVID 19, ya que a la fecha se registran más de 190 reos, que se han detectado con síntomas de contagio, de los cuáles al menos 10, han fallecido.
Al no contar con protocolos preventivos de sanidad, áreas de asilamiento, infraestructura hospitalaria, personal médico y enfermería suficiente para enfrentar contingencias, ni siquiera material básico como cubrebocas, los contagios se han multiplicado exponencialmente, a partir del 27 de Mayo, cuando se daba a conocer que el número de contagios alcanzaba apenas la cifra de 15, y hoy, a finales de Agosto, estamos a punto de alcanzar las 200 personas infectadas.
El fallecimiento de José Lázaro Joaquín López Ramírez, por complicaciones derivadas del COVID, están poniendo al descubierto las irregularidades que se presentan en el interior del CERESO No 1 de Aquiles Serdán, donde cerca de 3 mil recluidos, están expuestos a contagiarse por la falta de políticas preventivas, así como por la evidente irresponsabilidad, tanto del Fiscal General Cesar Augusto Peniche, como por las autoridades penitenciarias.
El área destinada para las personas vulnerables, donde se encontraba José Lázaro, y muchos de los acusados por los expedientes X, son de las pocas que se mantienen en celdas individuales, las que sin embargo no fueron impedimento para que el contagio se expandiera a todos sus compañeros, que hoy están siendo atendidos por médicos particulares en clínicas privadas, solventando sus familias los costos que representan, ya que la alternativa que les presentaban era enviarlos al hospital central, donde el porcentaje de mortandad supera el 70%
La normalidad que se presenta en el CERESO es la sobrepoblación existente, donde en las celdas destinadas para 5 personas, duermen hasta 15 o más internos, teniendo varios de ellos la necesidad de prácticamente amarrarse a los barrotes para poder mantenerse por la noche sin afectar a los demás.
En estas condiciones, muchas de las personas que se encuentran sintomáticas, permanecen acostadas o prácticamente tiradas en el piso de las celdas, ante la negativa de las autoridades para atenderlos, alegando que solamente un médico esta para atender a todos en cada turno y no se alcanza para brindarle atención personalidad a cada interno.
Los jueces de control que en teoría deberían de constituirse en las instalaciones del CERESO para verificar las condiciones en que se encuentran las personas que reciben prisión preventiva, por las disposiciones del artículo primero constitucional, conocen las condiciones exteriores, pero difícilmente han tenido oportunidad desde su investidura, conocer la realidad que se vive en el interior.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, ha seguido muy de cerca esta situación que prevalece dentro de los reclusorios, pero cuando ingresan los visitadores, nunca les permiten transitar por las áreas donde las personas con claros síntomas ni siquiera salen de sus celdas, precisamente por el mal estado en que se encuentran.
El desarrollo tecnológico con el que contamos en materia de telefonía y sistemas de espionaje y vigilancia, hacen posible que una persona sea ubicada en tiempo real, gracias al sistema de GPS de sus teléfonos inteligentes, mayormente, quienes como en el caso de Emilio Lozoya Austin, cuentan con brazaletes adheridos a su cuerpo, que les permiten con mayor precisión, saber sus movimientos aún dentro del espacio de su casa donde se encuentren.
Es tiempo de que la progresividad de los derechos humanos se manifieste y los jueces puedan primero, conocer las condiciones indignas e inhumanas en que se encuentran las personas recluidas en los CERESOS, para después ordenar que previos estudios, quienes se encuentran en peligro inminente de contraer coronavirus y ubicarse en el pasillo de la muerte, puedan permanecer en algún otro sitio de mayor sanidad, contando con vigilancia y supervisión de las autoridades.
Hay que recordar que la privación de la libertad, no significa un castigo social como tal, ya que nuestra constitución en el artículo 18 establece como pilares de la reinserción social: la educación, la capacitación, la salud y el trabajo, de tal forma que la salud de los internos en los CERESOS, debe considerarse como un derecho humano y como tal hay que recordar lo que ordena el artículo primero de nuestra carta magna: todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
La maestra Alejandra Ramos, extraordinaria jueza de control de distrito judicial Morelos ordenó que las personas que se encuentran contagiadas, puedan tratarse en hospitales privados y que al salir, puedan llevar su proceso dentro de su hogar bajo vigilancia permanente, hasta que las condiciones del CERESO, garanticen la sanidad de las instalaciones, porque las autoridades del centro de reclusión, han ocultado información sobre el verdadero estado de sanidad y prevención que se encuentra en las instalaciones del CERESO; trascendió que el director del ubicado en Aquiles Serdán 01 no atendió solicitudes de información, por lo que de oficio ordenó se iniciaran audiencia de revisión de medidas cautelares, las que terminaron con estas decisiones.
Por su parte la licenciada Nora Balderrama Cano, Fiscal Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, asegura que se tiene todo un protocolo para enfrentar el coronavirus y que además se cuenta con las instalaciones y personal capacitado, pero el hecho es que no respondieron a la solicitud de información por parte de la juez de control, pero además mintió al afirmar que no había más personas infectadas, cuando mínimamente son los 3 conocidos.
· Integrante de la AECHIH