HABLANDO Y ESCRIBIENDO
GOBERNAR CON OTROS DATOS
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO
Para hablar del tamaño del problema de la violencia e inseguridad en México, es necesario contar con los números y estadísticas que presentan, por una parte, las instituciones oficiales, que en la mayoría de los casos no coinciden con los que presentan organismos de la sociedad civil, que toman datos directamente de las fuentes originales.
La percepción ciudadana es que la delincuencia siempre va un paso más adelante que las instituciones de seguridad.
La militarización de la seguridad pública en todo el país, constituye en estos momentos el cierre de círculos para que la secretaría de la defensa y marina, prácticamente mantienen el control de las principales actividades productivas, económicas y de movilidad de todos los mexicanos.
Aduanas terrestres y aeroportuarias, movilización de energéticos, administradores y constructores de aeropuertos y rutas ferroviarias, movilización y distribución de medicamentos, concesionarios de proyectos turísticos y ahora responsables directos de la seguridad pública, entre muchas otras actividades más, constituyen la renuncia del poder civil al militar, cuando la historia en México cambió a partir de que el poder militar, fue entregado a los civiles.
En el sexenio de Fox se registraron 28 homicidios diarios, en el de Calderón 55, en el de Peña Nieto 71 y en el de López Obrador 97. No es una disminución ni de 10.6 ni de 2 por ciento, sino un aumento de 36.6 por ciento, son las cifras oficiales.
En todo el país hay solo 12 mil agentes del ministerio público para atender 28 millones de delitos y dos millones de denuncias.
Al mismo tiempo, 80% de las carpetas involucran delitos con penas menores a cuatro años y 85% de las carpetas no llega nunca a manos de un juez.
4 de cada 10 personas que se encuentran en prisión no han recibido sentencia. Y para colmo, no se investigan en el país delitos complejos. El 99% de las detenciones de la Guardia Nacional ocurren en flagrancia.
La prisión preventiva oficiosa, mantiene a más de 95 mil personas en las cárceles nacionales, muchos de ellos, con más de 10 años detenidos sin sentencia.
El criticar al poder judicial por su desempeño en la administración de justicia, es una constante en todos los rincones del país, pero tomarlo como pretexto para no acatar lo que establece la constitución ni las leyes secundarias, no te exime de responsabilidad, pero cuando proviene de quien encabeza el Poder Ejecutivo Federal, que protestó su fiel y leal cumplimiento a nuestra carta magna, simplemente porque lo considera un obstáculo para sus pretensiones, constituye una arenga para que en el resto del país se pueda replicar, lo que nos podría colocar en un estado de total anarquía.
El día de ayer, se presentó por parte de un partido político, 5 propuestas para solucionar los problemas fundamentales del sistema de justicia
La profesionalización de la policía, tomando modelos que funciona, como el de Chihuahua capital, donde se garantice que todos los policías reciban una remuneración digna, que los ascensos dependen del mérito y del desempeño y no de favoritismos, la creación de una academia nacional que forme nuevos cuadros. Sobre el financiamiento, es necesario que se realicen cambios en la ley de coordinación fiscal, para que sea, por medio de los propios impuestos, como se generen los recursos para esto.
El que todas las policías lleven a cabo trabajo de investigación de los delitos y no solo el Agente del Ministerio Público; que las denuncias se puedan realizar de manera más práctica y sencilla, eliminando requisitos, y que el MP, se convierta en asesor y no el ente que investiga.
Reducir facultades al MP y dejarle espacio para que solamente acuse y que los imputados sean presentados ante el juez de control, sin prisión preventiva, el otorgamiento de salidas alternas y terminación anticipada del proceso, ante el juez, pensando en que los procesos duren días o semanas y no meses ni años.
El Gobierno federal se concentraría en atender delitos de delincuencia organizada que cuenten con más ramificaciones y alcances, creándose un Servicio Federal de Investigación Criminal, siguiendo modelos exitosos como el FBI, la guardia nacional permanecerá para alteraciones graves del orden público; la secretaría de seguridad se convertirá en secretaria de justicia, la cual asumirá las funciones de la FGR y contaría con un grupo autónomo de fiscales de circuito.
La prevención focalizada del delito, donde la justicia cívica se convierta en el foco de un sistema de prevención del delito, concentrándose en falta administrativas, delitos culposos y no graves, proveyendo servicios sociales a partir de su operatividad, identificando también carreras criminales emergentes, deteniéndose en sus fases incipientes.
Esta podría ser considerada como una propuesta posible y altamente mejorable en muchos aspectos, pero teniendo siempre presente que lo ideal es una quimera y lo posible es responsabilidad de todos.
Ojalá que nuestros representantes en las cámaras de diputados y senadores, respondan más a las necesidades de la ciudadanía que representan y menos a los interés de los partidos que los postularon, porque al término de su gestión, se les acaba el fuero y se convierten en ciudadanos tan comunes como nosotros y ahí es cuando se darán cuenta de la gran responsabilidad que tuvieron y ya para entonces ya no puedan hacer nada para corregirlo….
*ABOGADO INTEGRANTE DE LA FECHCA Y LA AECHIH
