Gobernación estatal protectora de «Juana Gallo».
Los deportivos del municipio son administrados como negocio, piden cuotas muy caras.
Ordena Gilberto Loya cerrar el Cerezo, deja sin oportunidad a personas con discapacidad.
Circula la información en las corporaciones policiales que es la Dirección de Gobernación Estatal, la que brindaba protección al Bar Juana Gallo, en donde hubo una triple ejecución el pasado fin de semana. Ya en otra ocasión, no hace más de un mes, las autoridades habían encontrado a un tipo vendiendo cristal, y no pasó nada.
La Dirección de Gobernación Estatal depende del Santiago de la Peña Romo, Secretario General de Gobierno, de quien dicen, trae todo el control, pero en el cobro de mordidas, para dejar operar este tipo de establecimientos en todo el estado.
De nada le sirve a los operativos que está realizando la Dirección de Seguridad Pública Municipal en antros y bares, para evitar la venta de enervantes, si todos están arreglados con los chicos de Santiago de la Peña, según comentan.
Los hechos de sangre ocurridos este fin de semana enlutaron a varias familias chihuahuenses, por la permisiva de gobernación estatal, de los mandos de la policía municipal, indicaron que al menos el Juana Gallo, debería de estar clausurado, y sus dueños sujetos a investigación, ya que la cantidad de droga que fue encontraba en el interior ameritaba la clausura permanente hasta aclarar lo ocurrido y deslindar responsabilidades.
Ayer se dio a conocer que una de las jóvenes que murieron en estos hechos de sangre en los que la gobernación estatal podría tener responsabilidad por dejar operar al antro, era alumna de Faciatec. Ayer compañeros y familiares despidieron a la infortunada que solo había acudido a esta negociación a divertirse.
Un nutrido grupo de padres de familia se han estado organizando en el deportivo Vistas Cerro Grande, para pedirle al alcalde Marco Bonilla que dejen de administrar el deportivo como si fuera un negocio empresarial, y que le den oportunidad a las familias que viven en el sector, para inscribir a sus hijos.
Los demandantes aseguran que las tarifas por mes por cada persona va hasta los 470 pesos, una cantidad muy alta, ya que el objeto social de este tipo de construcciones con dinero de los impuestos, era precisamente incentivar el deporte entre la población de bajos recursos, lo que no está ocurriendo, ya que las administraciones del PAN, se dedican a sacar dinero.
En un volante advierten que juntaran las suficientes firmas, para que el alcalde ponga en orden a sus funcionarios, porque se están haciendo ricos con instalaciones municipales. Cuando Marco Quezada construyó este polideportivo, a las familias del sector previa comprobación les cobraron el 50 por ciento de la cuota que era de recuperación para el mantenimiento del inmueble, pero hoy, cobran por todo.
Como una mala actuación fue catalogada la instrucción que dio el Secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, de cerrar el Cerezo de Aquiles Serdán, y no permitir el acceso a personas con algún tipo de discapacidad que tienen que ser transportadas en vehículo hasta los lugares de acceso.
De la caseta de vigilancia hasta las puertas de ingresos son al menos 250 metros, y todo este trayecto tiene que cruzar las visitas en sillas de ruedas, andaderas o bastón, para poder llegar hasta las puertas.
Los visitantes, aseguran que los custodios, con la arrogancia que los caracteriza, solo dicen que obedecen órdenes superiores. Las personas de la tercera edad, y quienes tienen alguna discapacidad, fueron dotadas de una credencial especial para que entren con vehículo, pero ahora este lamentable hecho va contra la humanidad de las personas.
Indican los quejosos que por esta acción del secretario de seguridad pública, debería de ser sancionada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o por los diputados en el congreso del estado. El motivo de haber cerrado los accesos, es por las ejecuciones que se han venido registrando en el cerezo, según justifica la autoridad.
