Washington, D.C. — El expresidente Donald Trump celebró este jueves una importante victoria legal luego de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos avaló su orden ejecutiva para continuar con el proceso de retiro de ciudadanía por nacimiento a hijos de migrantes indocumentados.
Con una votación de 6 a 3, el máximo tribunal del país decidió permitir que se reactive el decreto emitido por Trump durante su mandato, el cual había sido bloqueado por jueces federales. La decisión abre la puerta a que el gobierno federal inicie procedimientos para anular la ciudadanía automática otorgada a niños nacidos en suelo estadounidense de padres indocumentados.
Trump reaccionó primero a través de sus redes sociales, calificando la resolución como una “gran victoria en la Corte Suprema de los Estados Unidos”. En su mensaje, también arremetió contra el principio de ciudadanía por nacimiento, al que calificó de “farsa” y “estafa”, asegurando que su origen se remonta a políticas pensadas para descendientes de esclavos, no para la actual situación migratoria.
Más tarde, en una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, Trump apareció junto a la fiscal general Pam Bondi, a quien agradeció por el respaldo legal y por haber encabezado la defensa del decreto. “Esto es justicia para el pueblo estadounidense”, afirmó el exmandatario, al destacar también otras decisiones recientes del Poder Judicial que consideró favorables para su agenda.
Entre estas, se incluye la sentencia de la Corte Suprema que permite al gobierno federal recortar fondos a las llamadas ciudades “santuario”, que se niegan a cooperar con las autoridades migratorias en la captura de inmigrantes indocumentados.
La reactivación del decreto ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores conservadores la aplauden como un paso necesario para reforzar la seguridad migratoria, organizaciones de derechos civiles y defensores de inmigrantes la califican como una amenaza directa al principio constitucional del jus soli, establecido en la Enmienda 14.
Se anticipa una nueva ola de litigios y movilizaciones en torno a esta controvertida medida, cuyo alcance legal y constitucional aún podría ser objeto de nuevas disputas.
