Por [eduardo aredondo]
Chihuahua, México. — La defensa del exgobernador César Horacio Duarte acusa a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía General de la República de omisión, negligencia e incluso de mentir sobre el estado y la custodia de los bienes incautados durante el proceso judicial contra su cliente.
Juan Carlos Mendoza Luján, abogado del exmandatario, denunció públicamente que las autoridades han abandonado los bienes asegurados, particularmente el rancho “El Saucito”, y que al día de hoy ni siquiera se tiene claridad legal sobre quién mantiene la posesión formal del inmueble y del resto de las propiedades y objetos incautados.
“Es una vil mentira y tienen la responsabilidad de regresarnos todo como lo aseguraron, mientras el señor haya sido o no culpable”, sentenció el abogado.
La crítica va más allá de un reclamo legal. Según Mendoza, los bienes presentan un estado de deterioro alarmante: vehículos desvalijados, electrodomésticos y equipos electrónicos desaparecidos, documentos extraviados y animales sin paradero conocido.
“Nos dicen que ya nos entregaron El Saucito, pero todo lo que estaba dentro no aparece. ¿Dónde están los animales, los documentos, los enseres? Nada está”, agregó.
La defensa también cuestiona la legalidad de los procedimientos realizados en el rancho. En particular, señala inconsistencias en una diligencia encabezada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cual supuestamente fue notificada para realizarse el 27 de mayo, pero que en realidad se llevó a cabo un día antes.
La falta de transparencia y el presunto abandono de los bienes abren un frente crítico para las fiscalías involucradas. Aunque los procesos legales contra César Duarte siguen su curso, este nuevo reclamo pone en tela de juicio no sólo la cadena de custodia de los bienes asegurados, sino el manejo institucional de propiedades sujetas a procesos judiciales.
En un país donde la corrupción y la impunidad erosionan la confianza en las instituciones, el caso Duarte —ahora también desde la trinchera del patrimonio incautado— deja en evidencia la falta de protocolos claros y de rendición de cuentas por parte de las autoridades encargadas de procurar justicia.
