eduardo arredondo
Fiscalía de Chihuahua devuelve bienes a César Duarte
Por si quedaban dudas de que la historia aún no termina.
Este sábado, poco después de las dos de la tarde, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua abrió una página más —polémica, sin duda— en el largo expediente del exgobernador César Duarte Jáquez. En una bodega ubicada en el centro de Hidalgo del Parral, comenzó el proceso para devolver bienes muebles que habían permanecido bajo resguardo oficial durante años y que ahora regresarán a manos de su defensa legal.
El operativo no fue menor. Desde la capital del estado arribó el Grupo Especial de Bienes Patrimoniales, encargado de realizar un nuevo inventario de los objetos asegurados antes de su entrega formal. Los muebles, provenientes de una propiedad particular localizada en la calle Primera de la colonia Altavista, serán trasladados en dos camiones de carga, bajo la custodia directa de la propia Fiscalía estatal. Todo, según la versión oficial, conforme a derecho.
La devolución obedece a un amparo concedido a la defensa de Duarte hace aproximadamente un año, resolución que obliga a las autoridades a restituir los bienes asegurados. Legalmente, el margen de maniobra es estrecho: una orden judicial no se debate, se cumple. Políticamente, sin embargo, el mensaje es inevitablemente más complejo.
Este episodio se suma a una serie de decisiones judiciales recientes que contrastan con el discurso de recuperación de activos impulsado en administraciones pasadas. Mientras a nivel local se devuelven bienes, en el ámbito federal Duarte continúa enfrentando procesos por presunto desvío de recursos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, acusaciones sostenidas por la Fiscalía General de la República. Las investigaciones federales apuntan a una supuesta red de empresas utilizadas para ocultar millones de pesos desviados del erario durante su mandato.
Incluso, en algunos casos, los procedimientos siguen su curso para la eventual restitución de propiedades rurales y ganaderas que habían sido embargadas como parte de la estrategia para recuperar activos ligados a presuntos actos de corrupción. Nada está completamente cerrado, pero tampoco todo permanece asegurado.
Así, la escena en Parral —muebles inventariados, camiones en marcha y abogados atentos— funciona como metáfora del estado actual del caso Duarte: avances legales fragmentados, decisiones judiciales que incomodan y una narrativa de justicia que sigue sin resolverse del todo. El exgobernador continúa bajo proceso, tanto en tribunales locales como federales, pero cada devolución, cada amparo ganado, reaviva el debate sobre los alcances reales del combate a la corrupción en Chihuahua.
