Historia de Francisco Montaño •
La Fiscalía General de la República (FGR) reafirmó su posición sobre la existencia de un segundo tirador en el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California.
Tras la negativa del juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales para girar una orden de aprehensión, la FGR anunció su decisión de apelar esta determinación.
La institución sostiene que el juez Jesús Alberto Chávez Hernández actuó con evidente parcialidad hace 20 días, quebrantando principios obligatorios de valoración y análisis de pruebas.
Estas pruebas apuntan hacia Jorge Antonio Sánchez, un agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que, según la FGR, estuvo involucrado en el homicidio y posterior encubrimiento.
Sánchez, asignado para cubrir la seguridad de Colosio en ese entonces, fue liberado en un presunto acto de encubrimiento delictivo en el cual también se vincula a Genaro García Luna, quien ocupaba el cargo de Subdirector Operativo en el CISEN y rescató al agente en Tijuana.
Indulto para Aburto
Este lunes, en un giro sorprendente, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, solicitó este lunes presidente Andrés Manuel López Obrador el indulto para Mario Aburto, asesino confesó de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo 1994.
Colosio pidió «dar carpetazo» al caso, que ha vuelto a la luz debido a los intentos de la Fiscalía General de la República (FGR) por revivirlo.
La FGR argumenta que el crimen fue parte de un plan orquestado desde el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, involucrando a agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
“(Estoy) apelando a la compasión del presidente (López Obrador), yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga carpetazo final a este asunto”, expresó Colosio.
El alcalde de Monterrey señaló que cerrar el caso permitiría la sanación, tanto de su familia como del país.
El asesinato de Colosio, candidato ´presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha sido considerado el magnicidio más grave en México desde 1928, cuando fue asesinado el presidente electo Álvaro Obregón.
El caso tomó relevancia nuevamente en octubre pasado, cuando un tribunal del Estado de México anuló la sentencia de 45 años impuesta a Aburto debido a irregularidades en el proceso judicial.
La Suprema Corte aceptó en diciembre revisar la impugnación de la FGR a esta anulación, generando un nuevo capítulo en una historia que ha marcado a México por décadas.
Segundo tirador
Este mismo lunes la Fiscalía General de la República (FGR) se pronunció sobre el caso del segundo tirador en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.
Señaló que hace veinte días el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR, que implican a Jorge Antonio “S”, agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial.
Jorge Antonio “S” fue liberado en aquellos momentos, en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro “G”, quien era subdirector Operativo en el propio CISEN y fue quien lo rescató en Tijuana, refirió la Fiscalía.
Abundó que las pruebas presentadas por la institución en contra de Jorge Antonio “S”, demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos.
Aseguró que todas las pruebas aportadas por la FGR y, en especial, las de análisis de sangre demuestran que en la ropa del acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima, es decir, de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
La Fiscalía especificó que las pruebas de rodizonato señalan que el acusado, en ese lapso, disparó un arma, y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer.
Advirtió que un gran número de testimoniales señalan al acusado en el lugar de los hechos, al momento de los disparos, del cual huyó; y niegan que haya ayudado a transportar a Colosio Murrieta.
«Un buen número de testimoniales también ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima; mientras que también se encuentra debidamente probado que el CISEN de la Secretaría de Gobernación mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia», puntualizó la FGR.
Subrayó que el video que testimonió el primer disparo, y al cual el juez le pretende dar valor frente a todo el acervo de pruebas aportadas, estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse.
«Y no existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba dicho segundo tirador, motivo por el cual esa prueba no puede favorecer, en modo alguno, al responsable de ese segundo disparo», apuntó la FGR.
La Fiscalía advirtió que a pesar de todos los obstáculos para procurar justicia, la FGR irá al procedimiento de apelación, como lo ha hecho en todos los casos en que ha sido necesario, porque confía en que el Poder Judicial Federal actuará con estricto apego a derecho, en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad.
