Exigimos el cese inmediato de la campaña liquidacionista del Gobierno del Estado contra la primaria de nueva creación de Punta Oriente
Por Froilán Meza Rivera
Al público lector y a los televidentes en el estado de Chihuahua, les llegó la noticia de primer orden este lunes 18 de febrero, que se destacó por su relevancia y por el impacto de este tipo de sucesos sobre una población sensible a todo lo que tiene que ver con sus hijos y con que se les niegue u obstaculice su educación. Reza así el texto de la nota: “Opera sin validez oficial escuela ‘antorchista’. Peligra ciclo escolar de trece egresados, pues no son admitidos en secundaria. Trece alumnos de primaria están a punto de perder el ciclo escolar debido a que acuden al albergue operado por Antorcha Campesina, el cual no cuenta con validez oficial. En total, son 212 alumnos que deben regularizar su situación académica. A partir de hoy se instalará un módulo en la colonia Punta Naranjos para que los padres acudan a regularizar la situación académica de sus hijos.”
La nota tuvo gran impacto, pero porque la gente recordó que la semana antepasada, un contingente de padres de familia de la Primaria de Nueva Creación de la colonia Punta Oriente, se plantó frente al edificio Héroes de la Revolución, donde se alberga la Secretaría de Educación, con todo y los niños tomando clase en las puertas de esta sede gubernamental, exigiendo el reconocimiento de este plantel que, al cabo de dos años de funcionar de manera ininterrumpida con profesores capacitados, y con una matrícula superior a 200 pupilos, el esfuerzo de profesores, colonos y estudiantes, sigue siendo ignorado. Los niños siguen tomando clases en aulas provisionales sin servicios, sin butacas, y sin libros de texto que el Gobierno no les quiere soltar a pesar de que hay para ellos una suficiente dotación en las bodegas. Este tipo de manifestaciones, en la banqueta de la Calle 11ª, la principal de la capital del estado, no les gusta a los burócratas de Educación, porque a ellos los exhibe como insensibles al sufrimiento humano y a las necesidades de la gente pobre, y porque en particular, esta singular protesta sacó a la luz pública el hecho innegable de que existen 212 alumnos en Punta Naranjo y Punta Oriente, a los cuales la red burocrática ha ignorado, pero ignorado con ganas y con evidente premeditación, alevosía y ventaja.
Este mismo lunes 18, los padres de familia y los profesores de esta primaria de nueva creación, denunciaron que el Gobierno del Estado empezó con nuevas maniobras para tratar de desaparecer a este plantel, en lugar de cumplir con su deber de asegurar educación a los niños de esta zona de la capital en edad de estudiar. Ahora, la comunidad de esta escuela se está alistando para ir a protestar ante el Palacio de Gobierno, y frente a la Secretaría de Educación y Deporte, por este nuevo atentado contra la educación de los hijos de los trabajadores.
A la política oficial de no reconocer el esfuerzo de haber fundado por propia iniciativa la escuela, ahora pretenden echarle la culpa en los medios masivos de comunicación ¿a quién? ¿al gobierno, que no abre escuelas suficientes para atender a todos los niños? No: ahora resulta que los culpables son los padres y el Movimiento Antorchista. Ahora, no nada más no nos reconocen los estudios de los más de 200 alumnos inscritos, sino que ya anunciaron que instalaron un módulo para supuestamente inscribir a nuestros niños en otras primarias y
distribuirlos, como si fueran piezas de paquetería, a lo largo y ancho de esta enorme ciudad de Chihuahua.
El no respetar la decisión de la gente de fundar una escuela primaria para que sus niños alcanzaran cupo en una zona donde las autoridades nunca se acordaron de que los planteles están saturados, y acusar a los padres fundadores, a los profesores que enseñan de manera voluntaria, y a Antorcha Campesina de ser “delincuentes”, no es otra cosa que hacer un uso faccioso, arbitrario y dictatorial del poder que por el momento detentan. En el fondo del problema se encuentra un sentimiento de rechazo a la iniciativa y a las acciones justicieras del pueblo organizado. Argumentan –y sus argumentos se caen solitos de pura debilidad- que “no reconocemos ese centro, porque no tiene la clave”, así lo dijo ante las cámaras de la televisión el Subsecretario de Educación Miguel Ángel Valdez; lo que él dijo es, en Lógica, un silogismo, es decir, una conclusión que se saca de una premisa idéntica a la conclusión, como el perro que persigue su propia cola, pues. Ellos no han reconocido los estudios de los chamaquitos, dicen, porque la escuela está operando “fuera de la normatividad de la Secretaría de Educación y Deporte”; pero digo yo, si no es reconocida, es porque los funcionarios encargados de otorgarle validez y oficialidad a los estudios de los niños, son los mismos que argumentan ¡que no es oficial! La serpiente que se muerde la cola. Estamos ante la estulticia de una casta burocrática a la que ya se le acabaron los argumentos. “¿Por qué no tiene naranjas?” “Pues porque ya no hay”. El aparente enredo se soluciona con algo muy simple: voluntad y ganas de servir al pueblo, no con maniobras para desbaratar lo que ya han logrado con gran esfuerzo los padres y los profesores, como pretende la perversa intentona de desintegrar la primaria de nueva creación y desperdigar a sus alumnos por toda la ciudad. Son Nerones quemando a Roma en un incendio que los habrá de alcanzar tarde o temprano.
¿Cómo se explica la sinrazón de que sean los propios funcionarios cuyas funciones, válgame la redundancia, son de manera formal y oficial, las de proporcionar las condiciones para que la población en edad de asistir a la escuela, pueda estudiar y prepararse, sean precisamente quienes se encuentran en la primera fila de una batalla para derrotar a una banda de peligrosos delincuentes creadores de escuelas y promotores, ellos sí, de la educación del pueblo?
Todo se reduce a que nosotros no comulgamos con la ideología del grupo en el poder, no pensamos como ellos, y esa es la razón que explica la furia con la que combaten a un grupo de ciudadanos que no le ha hecho daño a nadie, sino que, por el contrario, inició lo que a esos mismos burócratas nunca les pasó ni a cien kilómetros de su cabeza. ¿Qué hicieron los padres y madres de familia y sus profesores? Empezaron una escuela primaria exactamente ahí donde hacía falta, y ellos eran los más indicados para hacerlo ¿por qué? Porque ellos son los que sufrieron el rechazo que hizo el sistema de sus niños al pretender inscribirlos en planteles sobresaturados. ¿A algún funcionario de esos que ahora se llenan la boca acusándonos de “delincuentes” se le ocurrió venir acá a revisar la salud del sistema educativo? ¿Ignoraban que faltaban escuelas en esta zona olvidada de la ciudad capital? Y más todavía: después de que el Movimiento Antorchista fue a sus oficinas y les presentó el proyecto de creación de la primaria de Punta Oriente, y les informó que los profesores estaban dispuestos a ser examinados por los controles de calidad académica de la Secretaría de Educación y Deporte, y después de que se les informó que ya habíamos obtenido nosotros un terreno para que ellos, los burócratas inmóviles, pudieran hacer suyo ese proyecto y lo abrazaran y se resolviera así el problema de la sobresaturación de las otras primarias, y se resolviera el problema de la falta de cupo… todavía –recalco este hecho- pasaron dos años, dos años en los que, según
ellos, a nosotros nos quisieron hacer creer que eran negociaciones de buena fe. Aunque nunca nos tragamos el cuento.
Dos largos años, y nada. Más de setecientos treinta días durante los cuales a ninguno de ellos se le ocurrió llevar tres, ni dos, pero ni siquiera un aula móvil partida por la mitad, como ya lo están haciendo ahora; ni tampoco se les ocurrió en esos dos años de negociaciones, de vueltas y vueltas sin fin, instalar un módulo de inscripción como el que llevaron ahora sólo para destruir lo que ya llevamos construido.
“Son delincuentes”, les dijeron a los padres de familia que los quisieron escuchar. Esa escuela es “ilegal” –lo dijeron con toda la bocota abierta y con los dientes de fuera-, está funcionando de manera “ilícita”, aseguraron, con un deliberado pero falso desconocimiento de las leyes. Pero yo les pregunto a ellos, y les pregunto a sus asesores jurídicos también: ¿qué artículos del Código Penal estamos violando? Ninguno, ¿verdad? Claro que ninguno, porque hacer el bien y fundar escuelas no está tipificado como delito aquí ni en Turquía, ni aquí ni en China, y no hace falta que el subsecretario de Educación ni el director de Transporte y Gobierno volteen a ver de reojo en su biblioteca hacia el rincón donde coleccionan sus tratados de Derecho. ¿Y en qué parte del Código Civil, o en qué artículo del Código Municipal, o dónde exactamente en la Constitución Política del Estado de Chihuahua se encuentra enlistado, registrado, inscrito o consignado semejante delito de lesa humanidad como lo debe ser la fundación de escuelas primarias para que estudien los niños? ¿Acaso tan deleznable atentado en contra de la seguridad nacional se encuentra en el Artículo Tercero de la Constitución federal que nos rige? Tampoco ahí se puede encontrar. ¡Ah! Ya sé: debe estar en alguna cláusula de esa normatividad que rige el funcionamiento de la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, ¡ahí debe estar! Pues no, ya busqué, y en el Reglamento de la Ley Escolar para el Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial No. 45 el 4 de junio de 2005, y que se encuentra en vigor desde entonces, pero tampoco en el Reglamento de la Ley Estatal de Educación, hay nada que se le parezca a una falta que merezca cárcel y ni siquiera una mínima ni una minúscula sanción administrativa aplicable a todo aquél que se atreva a proponer que se abra un plantel para que en él se eduquen niños que no estén inscritos en ninguno otro.
¿En qué va a terminar esta guerra desigual que ha emprendido gente con tanto poder contra una comunidad estudiantil cuyas únicas armas son la buena fe, el deseo de hacer el bien, el amor filial y la fuerza de su número, pero sobre todo, el hecho de que la razón y la justicia están de su parte? Lo deseable sería que los agresores convengan en cesar sus ataques y que entren en razón, que propongan el diálogo y que se dispongan ¡nada más pero nada menos! a cumplir con las obligaciones que les impone su cargo. Así de sencillo.
