El Poder Legislativo de Chihuahua, exhortó al Ejecutivo Federal para que a través de la Comisión Nacional del Agua, para que se realice de manera urgente una inspección técnica a las instalaciones de las Presas La Boquilla, la Luis L. León (El Granero) y la Francisco I. Madero (Las Vírgenes), para efectos de corroborar las condiciones en que se encuentra, y valorar el daño sufrido con la reciente extracción.
El diputado Humberto Chávez Herrera, presidente de la Comisión del Agua, señaló que aunado a lo anterior, se solicitó también, determinar los volúmenes de agua con el que cuentan las presas mencionadas, ya que los datos otorgados el pasado 11 de noviembre del año en curos, son erróneos, y para realizar las mediciones, es necesario el cierre de válvulas de las tres presas de la cuenca del Conchos, hasta en tanto se haya realizado la revisión y se emita el dictamen técnico correspondiente.
Según los datos plasmados erróneamente en la página de la Comisión Nacional del Agua, la Presa la Boquilla, cuenta con un almacenamiento de 903.839 hectómetros cúbicos, con un porcentaje de llenado respecto al Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO) del 31 por ciento; la Presa Francisco I. Madero (Las Vírgenes) cuenta con un almacenamiento de 62.109 hectómetros cúbicos, con un porcentaje de llenado respecto al Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO) del 17 por ciento, lo cual es a todas luces falto de verdad, y la Presa Luis L. León (El Granero), tiene un almacenamiento de 118.664 hectómetros cúbicos, con un porcentaje de llenado respecto al Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO) del 41 por ciento.
Es por lo ya mencionado y dada la insistencia de la autoridad federal por vaciar las presas de la Entidad, mismas que sirven para el desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias de las regiones en las que tienen impacto directo como indirecto, así como la dotación de agua potable para algunas ciudades y comunidades rurales, es que de nueva cuenta se requiere la intervención de este Poder Legislativo, en defensa de los derechos de los habitantes del Estado, para garantizar su derecho humano al acceso del agua, consagrado en nuestra Carta Magna y en Instrumentos Internacionales, finalizó el Legislador.
—-
Integrantes del Poder Legislativo de Chihuahua, aprobaron la iniciativa presentada por la diputada del PAN, Georgina Bujanda Ríos, mediante la cual exhortaron a la Comisión Nacional Bancaria con la finalidad de que se cerciore y vigile que las instituciones financieras y bancarias en el País, prioricen la atención de personas vulnerables.
En su exposición, Bujanda Ríos, señaló que debido a la crisis sanitaria, la dinámica social ha sufrido diversos cambios, entre ellos, la forma de realizar actividades tan cotidianas como el ir de compras al supermercado, asistir a la escuela, cumplir las tareas de nuestros trabajos e incluso realizar cualquier trámite en instancias públicas y privadas.
Una de las actividades que más riesgo puede traer, es el acudir a las instituciones bancarias, debido a las largas filas que se hacen, ya sea para realizar alguna operación e incluso para retirar dinero en efectivo del cajero.
Es por ello que se solicitamos también la instalación del mobiliario necesario que permita a las y los usuarios esperar su turno de manera adecuada y sin sufrir las inclemencias del clima, esto debido a las medidas sanitarias que se han implementado debido a la pandemia de COVID-19, agregó la legisladora.
Asimismo, refirió que se debe procurar que las personas que son vulnerables, sean atendidas con prontitud y que los usuarios no se vean afectados por las altas o bajas temperaturas, ni tampoco que se les haga esperar de pie durante horas.
De igual manera, resultan contraproducentes las medidas implementadas, ya que al no haber un protocolo de atención a los usuarios bien definido, en las filas de espera, en algunas ocasiones no se respeta la sana distancia, por lo que se incrementa el riesgo a las personas que son más propensas a sufrir las consecuencias del virus.
En este sentido, la diputada refirió que es urgente que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual tiene facultades según su Ley Orgánica, de autorización, regulación, supervisión y sanción sobre los diversos sectores y entidades que integran el sistema financiero en México, exija a todas las instancias encargadas de ofrecer servicios financieros y bancarios que se vele por la seguridad de sus usuarios.
“Son momentos muy complicados, pero debemos de esforzarnos porque ante las reglas de la nueva normalidad, la vida cotidiana no represente en sí mayores dificultades ni riesgos para la población, sobre todo para aquellas personas que debido a su condición requieren de cuidados más rigurosos”, culminó la iniciadora.
—
El Poder Legislativo de Chihuahua, reunido en Sesión Ordinaria realizada por acceso remoto, aprobó la iniciativa presentada por el diputado del PVEM, Alejandro Gloria González, por medio de la cual se exhortó al Ejecutivo Estatal para que se lleve a cabo un plan de acción y de salubridad, para la reapertura del comercio en zonas prioritarias de la Entidad.
El llamado se hace para que en coordinación con los ayuntamientos del Estado, se analicen y determinen zonas específicas especialmente prioritarias de pequeños negocios y de comercio informal, para darles preferencia en la reapertura comercial, esto debido a que dicho sector ha sido de los más afectados y que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia, por lo que se requiere más atención y apoyo ya que en algunos casos están por desaparecer.
“El año 2020 ha demostrado la fragilidad humana; nuestro Estado como el resto del mundo, ha sido víctima de una pandemia que no sólo está cobrando vidas, sino que además, está quebrando estilos de vida, formas de pensar, y para variar, la economía de las personas”, expresó el Legislador.
Agregó que con los efectos regresivos del semáforo, el comercio ha sido uno de los más afectados, y por lo tanto, es inminente una reapertura gradual del comercio chihuahuense en concordancia con las indicaciones y medidas de salubridad para tal efecto.
A efecto de lo anterior, mencionó que existe un grave problema en el caso del pequeño comerciante, ya que este sector y el informar, no cuentan con los recursos para tener las medidas mínimas que se requieren cumplir para prevenir y evitar posibles contagios por COVID-19, pero tampoco se puede permitir que sigan con los negocios cerrados por falta de recursos.
Es por ello, que dentro de la propuesta, el diputado Gloria planteó, la necesidad de que de manera coordinada el Gobierno del Estado, las Secretarías de Salud, de Desarrollo Social y las demás que correspondan, lleven a cabo un plan de acción presupuestal y de salubridad, durante las etapas de semáforo rojo y semáforo naranja, enfocado a concentrar los esfuerzos en los pequeños comerciantes así como al comercio informal que se encuentren en zonas prioritarias.
Entre dichos esfuerzos deberán priorizar la instalación de corredores y estaciones para higienizar en las calles principales de las zonas designadas como prioritarias, además de proporcionar personal que vigile el cumplimiento de la normatividad, de la misma manera, contemplar también la provisión de gel antibacterial, tapetes sanitizantes y cubre bocas a los trabajadores de los comercios.
—-
En Sesión Ordinaria del Congreso de Chihuahua, se aprobó la iniciativa con carácter de acuerdo de urgente resolución presentada por el diputado de MORENA, Benjamín Carrera Chávez, la cual hace un llamado al Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de Salud Estatal y de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, así como al Ejecutivo Federal, para que se prevea en los presupuestos para el año 2021, el recurso necesario para la adquisición o adecuación de los bienes muebles e inmuebles para el almacenamiento y transporte de la cadena de frío de las vacunas del virus COVID-19.
El Legislador señaló que de acuerdo a estimaciones del Gobierno Federal, la vacunación contra el COVID-19 podría comenzar en los primeros meses de 2021, e informó a sus compañeras y compañeros que según datos brindados por especialistas, si dichas vacunas se dejan unas horas a una temperatura inadecuada, ya no sirven.
Expertos en biotecnología y cadena de frío llaman a trabajar de manera multidisciplinar; es decir desarrollarse en temas como el transporte, protocolos, incentivos y recurso humano, para hacer un correcto transporte de la vacuna contra la COVID-19, ya que de no atender dichos aspectos, los proveedores podrían solicitar una serie de requisitos inesperados para las compañías de logística, agregó el iniciador.
“Me es grato informarles que mientras avanzan las investigaciones, las autoridades de la Secretaría de Salud, las instituciones de seguridad social, así como las instituciones de las Fuerzas Armadas se encuentran diseñando una estrategia nacional para la aplicación universal de la vacuna, estrategia que forzosamente deberá contar con la colaboración del Estado, ya que es una responsabilidad conjunta, peculiarmente en nuestra Entidad por su extensión territorial, así como por sus condiciones geográficas”, continuó.
Es por lo antes señalado, que con el exhorto del Poder Legislativo, se busca anticipar las acciones de logística para evitar posibles fallos al momento de la recepción de la vacuna contra el COVID-19.
—-
Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortó al Ejecutivo Estatal para que a través del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, emprenda y coordine las acciones conducentes para la implementación de la medida denominada “Zonas Seguras” en las dependencias de Gobierno del Estado y Organismos Descentralizados.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por la Diputada Blanca Gámez Jiménez del PAN, quien determinó que de igual manera, se pidió que se brinde la capacitación y sensibilización en materia de igualdad, no violencia y no discriminación al personal involucrado en dicha política y a su vez, de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado, establezca los canales de comunicación conducentes para atender los casos que pudieran presentarse.
En este sentido, dijo que este exhorto también se dirige al Poder Judicial, para que participe en estas acciones; además de la Fiscalía General del Estado, así como a la Fiscalía Especializada de la Mujer para que de manera coordinada con el ICHMUJERES, establezcan los canales de comunicación para atender los casos que pudieran presentarse en las denominadas Zonas Seguras.
Expresó que dentro del documento, se pide al Ejecutivo Federal, por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para que por medio del Grupo de Trabajo, de cuenta del estado en el que se encuentra el informe que deberá rendir ante la Secretaría de Gobernación.
Mencionó que cada 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, mismos orígenes que se remontan a 1981, cuando militantes y activistas en favor del derecho de la mujer, lanzaban sus protestas contra la violencia de género ante la necesidad de honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana y que fueron brutalmente asesinadas en 1960.
“La violencia contra las mujeres y las niñas ha arrebatado la vida de miles, pero no solo eso. También ha convertido a miles de niñas, niños, padres, madres, familiares y amigos en víctimas de este tipo de violencia y, desafortunadamente, el Estado mexicano aún tiene una deuda pendiente con ellas. De acuerdo a la Red Nacional de Refugios, RNR, durante los primeros cinco meses de contingencia por el COVID-19, las atenciones en los refugios, Centros de Atención Externa, Casas de Emergencia y de Transición, incrementaron 68 por ciento”, afirmó.
Asimismo, detalló que 4 de cada 10 mujeres que se comunicaron a la RNR refirieron sufrir violencia física y el 51 por ciento de las hijas e hijos fueron víctimas de agresiones mientras se quedaban en casa protegiéndose por la pandemia, no obstante las violencias, entre ellas las sexuales se incrementaron contra ellas/os, lo que refleja una vez más que en México no todas las familias son fraternas y es, justamente en el seno familiar donde un gran porcentaje de las violencias contra las mujeres e infantes se perpetúan.
“Es por lo anterior que resulta de suma importancia recordar dos fechas emblemáticas en este mes de noviembre, no sólo la del 25 de Noviembre que señalé con anterioridad, ya que este año además México cumple 39 años de haber suscrito la CEDAW y además de que el 20 de este mismo mes se cumplieron 31 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue ratificada por México el 21 de Septiembre de 1990 (tratado internacional más ratificado en el mundo a excepción de Estados Unidos y Somalia); en este contexto de violencia que se vive debido a la pandemia, es trascendental un entendimiento integral adecuado sobre violencia y violencia familiar tomando en cuenta a las niñas, niños y adolescentes”, continuó la legisladora.
Por último dijo que, Chihuahua es el estado en donde se registraron más llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, registrando en el periodo enero-septiembre 2020 38,059 llamadas, seguido por el Estado de México con 33,043 y Ciudad de México con 29,734 llamadas. Esto significa que por cada 100 mil mujeres, 1,985.1 realizan llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia, triplicándose en nuestra entidad la media nacional que asciende a 306.6.
“En este contexto, se hace necesario que las instituciones del Gobierno del estado sumen esfuerzos interinstitucionales a fin de garantizar el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia. Por ello, esta propuesta busca que tales dependencias se asuman y se constituyan como “Zonas seguras” para que, en caso de que una mujer sea objeto de cualquier tipo o modalidad de violencia, pueda acudir a sus instalaciones y se le brinde la atención y asesoría pertinente”, finalizó.
—-
Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortó al titular del Poder Ejecutivo Estatal, por medio del Secretario de Seguridad Pública Estatal, así como a los 67 Ayuntamientos del Estado de Chihuahua, a través de sus respectivas Direcciones de Seguridad Pública Municipal, para que otorgue a los cuerpos policiacos capacitaciones en materia de derechos humanos, así como de la aplicación de la Ley de Uso de Cubrebocas del Estado de Chihuahua.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentada por la diputada Deyanira Ozaeta Díaz del PT, quien determinó que estas acciones cuentan con la finalidad de que no se cometan abusos o arbitrariedades en contra de la población de nuestro estado.
En su exposición de motivos, expresó que los altos índices de inseguridad y de violencia que actualmente se registran en diversas zonas y municipios del Estado, sumado los actos de abuso de la fuerza pública y las constantes violaciones a los derechos humanos, provocan indudablemente la necesidad de buscar políticas que permeen y logren una función policial con perspectiva, basada en los derechos humanos.
“En cualquier Estado de derecho, la función policial tiene un amplio campo de acción en el tema de la seguridad, las estrategias y vías que cada gobierno implemente respecto a quiénes son los encargados de hacer cumplir la ley, tiene una repercusión directa, ya sea positiva o negativa, en la seguridad de la ciudadanía y de la apreciación que ésta tenga de su eficacia en la prevención del delito”, afirmó la legisladora.
Mencionó que la seguridad ciudadana, supone una situación social en donde todas las personas, como miembros de la sociedad, gozan libremente de sus derechos y libertades fundamentales. Por otra parte, este tipo de seguridad implica la capacidad del Estado para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos y para responder ante las afectaciones que se causen a los mismos.
Además de esto, recordó que la reforma constitucional de 2011 obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la legislación mexicana y los tratados internacionales suscritos por nuestro país. El Estado debe favorecer a las personas la protección más amplia, con particular énfasis en el principio pro-persona, a respetando los Derechos Fundamentales y garantías individuales.
“El marco legal aplicable, señala que el uso de la fuerza pública debe tasarse, constituirse y justificarse bajos los principios de proporcionalidad y racionalidad, sujetándose a los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención y rendición de cuentas. Es decir, el uso de la fuerza debe ser siempre una medida extraordinaria y como última alternativa, nunca como la primera; está por iniciar la vigencia de la Ley de Uso del Cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad COVID-19, misma que busca salvaguardar la salud pública”, afirmó.
Por ello, es indispensable que se brinde y refuerce una adecuada capacitación a los elementos de seguridad pública tanto Estatal como Municipal, en cuanto al alcance de esta ley y de las facultades con las que cuentan, y en general sobre el respeto a los Derechos Humanos que son inherentes a los Ciudadanos.
“No podemos restarle importancia a este tema, ya que es algo a los que los agentes se ven enfrentados día a día, por lo que esta capacitación debe orientarlos en cuanto a los protocolos que deben seguir y hasta dónde es necesario el uso de la fuerza”, finalizó.
—-
Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, a fin de que se apoye con mayores medicamentos e insumos necesarios para el personal médico, de enfermería y auxiliar, así como que se proporcione personal médico capacitado, preferentemente del área militar, para atención efectiva y eficaz en los hospitales móviles con los que apoya el Gobierno de México al Gobierno del Estado de Chihuahua, en la emergencia sanitaria actual.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el Diputado Jesús Manuel Vázquez Medina del PAN, quien dijo que el Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Salud, ha emitido “Lineamientos de Implementación de Centros de Atención Temporal COVID-19 y Hospitales Móviles”, aplicables a los módulos provisionales habilitados durante la contingencia sanitaria.
Dijo que estos deberán de estar ubicados en estacionamientos, espacios aledaños a un hospital de reconversión y a los habilitados como estructuras extra hospitalarias, cuyos objetivos específicos son: brindar atención médica directa a las personas con enfermedad por SARS-CoV-2, que requieran atención hospitalaria, a través de los Centros de Atención Temporal habilitados en estructuras externas a las unidades hospitalarias, además de disminuir la sobrecarga y saturación hospitalaria derivada de los pacientes que ameriten hospitalización por enfermedad moderada, es decir no críticamente enfermos por COVID-19.
Además de esto, se realizan estas acciones para estabilizar y referir a los pacientes que evolucionen a una enfermedad grave, a instalaciones hospitalarias con mayor capacidad resolutiva y que cuenten con unidad de cuidados intensivos.
Reiteró que el Estado de Chihuahua, pese a haber avanzado paulatinamente en el manejo de la pandemia con medidas restrictivas necesarias, a partir del día 23 de octubre volvió al semáforo rojo por el significativo aumento de los contagios y de los lamentables fallecimientos a causa del Virus SARS-Cov-2, aunado a la amenaza de saturación total de espacios destinados para hospitalizados, siendo uno de las pocas Entidades Federativas del país que se encuentran en ese estatus.
“En días pasados en reunión que se tuvo con personal médico que están al tanto de la situación y el manejo de los hospitales móviles en la Entidad, se obtuvo información en el sentido de que no se cuenta con los insumos y medicamentos a tiempo para la atención efectiva y eficaz de las personas hospitalizadas para las unidades, a pesar por la crítica situación por la que atraviesa el Estado de Chihuahua en materia de salud, por lo que es lo que motiva la presente propuesta de punto de acuerdo”, concretó.
Comentó que originalmente se dio a conocer públicamente que las unidades móviles estarían bien equipadas y servirían para la atención de pacientes con etapa crítica, de cuidados intensivos, en cambio se tuvieron que complementar con camillas prestadas por el hospital central y estas instalaciones provisionales sólo son aptas para atender a pacientes que han superado dicha etapa y que requieren de oxígeno y suero, en tanto se les autoriza oxígeno para que puedan culminar el proceso en sus correspondientes casas.
En este sentido, se comprometió la contratación de 75 personas, en contraste sólo han mandado alrededor de 20 médicos generales no capacitados para la atención de este tipo de pacientes, además de no conocer la operación de los ventiladores que si fueron proporcionados por el Gobierno Federal; todos los insumos son proporcionados por el hospital central, incluyendo cualquier estudio de rayos x.
“El apoyo federal de unidades móviles, su propósito era para reforzar la aparente debilidad del sistema de salud local para la atención de la emergencia sanitaria, pero el resultado ha sido que ha traído una carga más al hospital central, por el alto costo en el consumo de insumos, medicamentos y alimentos, que no sería operable si no se cuenta con la donación, a manera de ejemplo que han hecho empresarias y empresarios y empleadores formando comunidad (FECHAC), de oxígeno, entre otras donaciones de otros sectores, no menos importantes”, puntualizó.
—-
La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortó al Ejecutivo Estatal, para que a través de la Secretaría de Hacienda, se garantice el pago de la gratificación anual o aguinaldo a los trabajadores del magisterio y la burocracia estatal en activo con la mayor oportunidad posible; así mismo, para que a las y los jubilados y/o pensionados reciban dicho beneficio en una sola emisión, de conformidad a los derechos adquiridos, así como a las diversas disposiciones normativas.
Lo anterior, tras la iniciativa de urgente resolución presentada por el diputado René Frías Bencomo, representante del Partido Nueva Alianza, quien dentro de su participación externó que, la gratificación anual es una conquista ganada a través del tiempo a favor de los trabajadores, representa la oportunidad de satisfacer diversas necesidades para sus familias que regularmente con su salario no sería posible, de ahí que las autoridades de todos los niveles, a través de las secretarías de trabajo son vigilantes del cumplimiento de las obligaciones patronales en cuanto a tiempos y montos.
“Es común que los asalariados, de todos los sectores, programen con anticipación el destino y distribución de su sueldo y prestaciones diversas a que tienen derecho, especialmente en estas fechas en que se requiere mayor organización y cuidado para darles buen uso”, señaló.
A la vez, refirió que en el Código Administrativo del Estado, se establece que la gratificación referida se realice en dos emisiones para el personal en activo, la primera (50 por ciento) antes del 15 de diciembre y el resto, a más tardar el 15 de enero siguiente.
Para los jubilados y/o pensionados siempre se ha otorgado en una sola emisión, a finales del mes de noviembre o a más tardar el 10 de diciembre, a excepción de los últimos tres años en que se ha atrasado unos días más.
En últimos días, se han manejado diversas informaciones que han generado preocupación e incertidumbre, y particularmente me refiero a un oficio difundido los últimos días, mismo que fue girado al Director de Prestaciones Económicas de Pensiones Civiles del Estado, signado por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, donde se informa que este año el pago de esta prestación será cubierta a jubilados y/o pensionados de magisterio y burocracia de manera diferente, es decir, en dos emisiones; ello, sin mayor explicación o justificación, lo cual vulneraría los derechos de las personas mencionadas, continuó el Legislador.
Agregó que, “esta soberanía aprobó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 y en el mismo están considerados y se garantizan en tiempo y forma los salarios y prestaciones para los trabajadores en activo, así como para sus jubilados y/o pensionados y cualquier modificación al mismo, requiere de una justificación debidamente acreditada y fundamentada en la propia Ley”.
“Les invito, respetuosamente compañeras diputadas y compañeros diputados, a pronunciarnos ante cualquier intento de vulnerar una prestación que por derecho corresponde a quienes han entregado su vida a favor de la niñez y juventud chihuahuense y al Gobierno del Estado le exijo no maltratar más al magisterio”, finalizó Frías Bencomo.
