La Diputada Presidenta del H. Congreso del Estado de Chihuahua, Blanca Gámez Gutiérrez, presentó un exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que desestime y deseche el artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el que se ampliaría la permanencia del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por dos años adicionales, así como del Consejo de la Judicatura.
Gámez explicó que en referencia al Artículo 97, el dispositivo Decimotercero Transitorio incorporado a última hora al proyecto de Decreto aprobado por el Senado de la República, es a todas luces inconstitucional, además de ser contrario a los principios de división de poderes, y del modelo republicano.
La legisladora explicó que el 15 de abril del presente año se votó en el Senado de la República el proyecto de reformas y adiciones tanto de la Ley Orgánica como las relativas a la Carrera Judicial del mismo Poder Judicial de la Federación, tras la propuesta del titular del Poder Ejecutivo Federal y previo a escasos momentos de la votación, a manera de reserva, se integró que “…con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de marzo de 2021 y las leyes reglamentarias, la persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, durará en ese cargo hasta el 30 de noviembre de 2024”.
Uno de los argumentos esgrimidos por la Diputada es el relativo a la supremacía constitucional, es decir que todas y todos los integrantes del sector público, están obligados, sin pretextos ni excusas, a observar la literalidad de lo plasmado en la constitución. «El Estado de Derecho es el marco no solo para la convivencia social, sino el referente al que todas y todos nos allegamos para la vida tanto privada como pública», argumentó.
«Por lo que el texto del numeral transitorio en controversia es contrario al texto constitucional, y por consecuencia sus efectos serían igualmente ilegales. Además, la intervención desde el Poder Legislativo hacia el Poder Judicial, es ilegal y grave, contraria a principios de pesos y contrapesos y a la supremacía constitucional» expresó la legisladora.
Destacó que tanto la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito como el mismo Consejo de la Judicatura Federal, negaron haber tenido conocimiento previo, del transitorio controvertido.
Además indicó que han sido muchas las opiniones, análisis, especulaciones y sospechas, así como la preocupación que ha externado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y medios de comunicación que exponen la petición de Jueces y Magistrados para que la Cámara de Diputados lleve a cabo la corrección del asunto.
