Exhorta Congreso al Ejecutivo Estatal para que se continúe con el programa de instalación de válvulas expulsoras de aire
La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortó al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado (JCAS), para que continúe con su programa de instalación de válvulas expulsoras de aire en diversas redes de distribución de agua potable, y analice la posibilidad de ampliarlo a las tomas domésticas, comerciales, industriales y demás señaladas en el artículo 37 de la Ley del Agua del Estado.
El diputado Humberto Chávez Herrera, presidente de la Comisión del Agua dentro de la exposición del dictamen, detalló que la planificación, construcción y puesta en funcionamiento de las redes de abastecimiento de agua potable, se realiza de acuerdo con la normatividad de construcción emitidos por la CONAGUA.
Dichas normativas dentro de sus especificaciones disponen que, con la finalidad de aprovechar la orografía del lugar en que se construyen dichas redes, se edifiquen tanques de almacenamiento del agua elevados para ser distribuida por medio de la gravedad, teniendo como consecuencia que con el cierre de válvulas de determinadas redes de distribución estas se vacían, llenándose a su vez de aire, lo que resulta de cierto modo benéfico, en virtud de que no permite que se colapsen, lo que impide con ello que la presión que existe sobre las tuberías las destruya.
De igual manera, cuando se abren las válvulas, el torrente de agua empuja el aire que se encuentra en las tuberías, obligándolo a salir en la mayoría de los casos por las tomas que hay en la red, lo que genera que los aparatos de medición instalados registren una cantidad de aire expulsada, lo cual es en detrimento de los usuarios; por ello, resulta imposible que las tuberías de las redes de agua potable se queden sin aire, lo cual provocaría un daño mayor extraerlo, mientras no contienen agua.
Aunado a lo anterior, detalló que la JCAS, informó que en la actualidad cuentan con un programa para la instalación de válvulas expulsoras de aire en diversas redes de distribución de agua potable en las que se presenta la mayor concentración de aire, con la finalidad de que llegue la menor cantidad posible a las tomas domésticas, comerciales e industriales, entre otras; sin embargo, aun y cuando dichas válvulas son efectivas, el aire no es expulsado en su totalidad ya que queda en las líneas de conducción después de estos aparatos.
Por ello, se exhortó a la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado, para que continúe con el programa de instalación de válvulas expulsoras de aire y se analice la posibilidad de ampliarlo.
Por último, Chávez Herrera señaló que, en relación a la propuesta realizada por el diputado Omar Bazán Flores, de crear un tipo penal para sancionar con privación de la libertad a los presidentes de las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento que no garanticen no cobrar el flujo de aire en las tomas domiciliarias, mediante el esquema previsto en el artículo 26, de la Ley del Agua del Estado, dicha acción es inviable ya que siempre existirá la posibilidad de que ingrese una cantidad de aire por mínima que sea al aparato medidor de agua, con lo que se realizaría una actividad antijurídica, por lo que el planteamiento resulta improcedente.
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Exigen investigación por supuesta falsificación de información respecto de inmunizaciones y acciones implementadas contra el COVID-19
Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura, en Sesión Ordinaria virtual, aprobaron la iniciativa de urgente resolución presentada por la diputada del PRI, Anna Elizabeth Chávez Mata, por la cual exhortaron al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), sea creada una política pública que tenga por objeto investigar y abatir la problemática concerniente con la falsificación de vacunas COVID-19, medicamentos, materias primas y campañas no oficiales de vacunación, ello en atención y cuidado de la salud de la población.
En la exposición de la iniciativa, la Legisladora señaló que a nivel mundial se vive una experiencia desgarradora, ya que la pandemia del virus COVID-19 ha cobrado ya dos millones de vidas. No obstante, como lo expresó el Secretario General de la ONU, “La ciencia cosecha éxitos y ya hay vacunas contra el COVID-19 seguras y eficaces, que deben considerarse bienes públicos mundiales, accesibles y asequibles para todos y todas”.
“Como resultado de los recientes avances en relación con la distribución y la aplicación de la vacuna, en México y en el mundo ha crecido la demanda por diagnósticos, medicamentos, fármacos, materias primas y aditivos que tienen por objeto detectar, prevenir y/o combatir el COVID-19, y con dicho aumento en la demanda desafortunadamente ha surgido una nueva problemática relacionada con la falsificación o alteración de los mismos, así como campañas falsas de vacunación realizadas por defraudadores o bandas delictivas”, continuó la iniciadora.
Refirió que lo mencionado, no es una problemática nueva, sin embargo por tratarse de una enfermedad ante la cual todas las personas están expuestas, la demanda se ha acrecentado y, con ello, el riesgo latente de los daños adyacentes a los que se expone la población al adquirir o utilizar vacunas, medicamentes y/o materias primas falsificadas o alteradas, así como aquellos que se dejen envolver por personas defraudadoras que ofrecen aplicar la vacuna a cambio de una prestación económica haciéndose pasar por personal de salud oficial.
La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), cita que desde el inicio de la pandemia por COVID-19, se ha incrementado el peligro planteado por los medicamentos y productos médicos falsos; señalando que los grupos delictivos organizados se están aprovechando de la gran demanda en el mercado de medicamentos y productos de higiene y protección personal y están obteniendo beneficios con la venta de productos falsificados. Además de realizar fraudes en línea y estafas, así́ como delitos de venta por medios electrónicos; agregó la Legisladora.
Por último, la iniciadora agregó que, es por lo expuesto que se hace el llamado urgente a las autoridades competentes, para que se atienda a la brevedad la problemática citada, toda vez que la protección a la salud, es un derecho y una garantía Constitucional.
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Solicitan al Ejecutivo Federal, se desista de trasladar asuntos de competencia de la Dirección Local de la CONAGUA a oficinas centrales
En Sesión Ordinaria del Congreso del Estado de Chihuahua, se exhortó al titular del Ejecutivo Federal, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que por medio de la titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), modifique la decisión de trasladar la tramitación de los asuntos de competencia de la Dirección Local a las oficinas centrales, como consecuencia del despido del personal de confianza.
Asimismo, se pidió a la titular de la Comisión Nacional del Agua, Doctora Blanca Jiménez Cisneros, para que realice las acciones necesarias para garantizar el inicio y prosecución del ciclo agrícola y el respectivo suministro del agua a los agricultores chihuahuenses, de los distritos de riego que contribuyan a la actividad agrícola de la Entidad.
Dichas peticiones, fueron aprobadas de manera urgente por integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura, dado a la iniciativa presentada por el diputado del PAN, Jesús Villarreal Macías, quien refirió lo siguiente: El día de ayer nos sorprendió el Comunicado de Prensa No. 0153-21, realizado en Twitter así como en la página de la dependencia, por medio del cual la Comisión Nacional del Agua en voz de su Directora General, declaró los siguiente: “…se determinó llevar a cabo la renovación de personal adscrito a la Dirección Local en el estado de Chihuahua”, dicha declaración implica el despido del personal de confianza que comprende a cerca de 40 empleados, todos por estar implicados en supuestos casos de corrupción o malos manejos, sin especificar conductas o personas, según describe el propio comunicado”.
La acción referida, dejaría a la dependencia federal imposibilitada para cumplir con la atención de miles de trámites locales, que son necesarios desahogar para la atención oportuna de asuntos tan vitales como los que implica la materia del agua y de las actividades que dependen de ella; agregó el Legislador.
De acuerdo a lo externado por Villarreal Macías, con dicha acción, el Gobierno Federal, pretende una supuesta acción de combate a la corrupción y mejoramiento del servicio del agua, sin embargo, se ha manipulado el tema del agua para intereses que no son los de los agricultores, pues el despido de los empleados referidos, supone que no habrá el personal necesario para realizar las acciones requeridas e incluso se podrían retrasar las respuestas a las distintas gestiones que tengan que realizar los agricultores, además de algunas otras autoridades de la Entidad.
Aunado a lo anterior, señaló que tal decisión, representa un serio peligro para el inicio del ciclo agrícola, ya de por sí diezmado por las extracciones del agua realizadas el año pasado; por ello, es que se hace el atento y urgente llamado a las instancias en materia, para que se realicen acciones en beneficio de los agricultores del campo chihuahuense, concluyó.
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Insiste Congreso de Chihuahua en solicitar investigación al programa Jóvenes Construyendo el Futuro
La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortó al titular de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, a efecto de que se realice una auditoría en razón de la gestión y manejo respecto del programa federal denominado Jóvenes Construyendo el Futuro.
Asimismo, se investigue, en base a los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, las conductas de las y los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, se apliquen las denuncias y sanciones correspondientes ante la Fiscalía General de la Republica, así como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El exhorto aprobado de manera urgente, fue presentado por el diputado del PAN, Jesús Villarreal Macías, quien expuso que en reiteradas ocasiones se han señalado malos manejos en el programa en mención, tras la posible ausencia de control en su operación, lo que hace que la corrupción se abra paso con el desvío de recursos públicos.
Refirió sobre supuestas acciones en donde se realizan simulaciones planeadas y ejecutadas por funcionarios, en donde inscriben a jóvenes en dicho programa para solo entregar una parte del recurso a los beneficiarios, para hacer más cómoda la contienda electoral.
Por último, recordó que el uso de programas sociales con fines electorales, es un delito, de los cuales la propia Constitución Federal concede el uso de la presión preventiva oficiosa; es por ello, que de nueva cuenta se hace el llamado a las instancias federales para que se dé atención a la petición en materia.
