Eduardo Arredondo Delgado
La gestión de María Teresa Guerrero como Comisionada Estatal de los Pueblos Indígenas (COEPI) fue polémica y vergonzosa.
Indígenas del ejido Huahuecherare, municipio de Carichi acusaron a María Teresa “Peti Guerrero” de cometer fraude por 16 millones de pesos y el despojo de más de veinte mil hectáreas.
Además Guerrero Olivares junto a Javier Corral dieron el beneplácito de que una compañía canadiense de gas, destruyera territorios indígenas sin poder salvaguardar su salud e integridad.
De acuerdo a noe Carrasco, Presidente del Consejo Supremo de la Sierra Tarahuma la compañía TransCanada había entregado un recurso a la COEPI, en concepto para la mitigación y reforestación y de la noche a la mañana se perdieron más de 11 millones sin ser aplicados.
Peti Guerrero no hizo nada en dar soporte e infraestructura a los pueblos originarios y en cambio se dedicó a discriminarlos.
Sin embargo Javier Corral y Peti Guerrero sí aceptaron la ayuda de los sacerdotes, Javier Pato Ávila y Camilo Daniel, en materia de asesores de la Tarahumara. Ambos quienes estuvieron en la nómina del exgobernador más repudiado de los últimos veinte años, Javier Corral.
Los religiosos defendieron a capa y espada la gestión de Corral Jurado, y no midieron las consecuencias, mientras estuvieron en la nómina del nacido en El Paso, Tx.
Mientras que Enrique Rascón el actual comisionado de la COEPI busca erradicar la corrupción de la pasada administración. Los patos escondidos debajo de la sotana y con rosario en mano ven afectados sus obscuros intereses y se apresuran a levantar firmas fantasmas a travès de asociaciones, comités y consejos que fueron subsidiados por Corral y que ahora son utilizados de punta de lanza mediática.
