EL PAÍS RESULTÓ CON LOS NIVELES DE EVALUACIÓN MÁS BAJOS EN AUSENCIA DE CORRUPCIÓN, JUSTICIA CIVIL Y JUSTICIA PENAL
En México hay un Estado de derecho “débil generalizado” producto de las “situaciones de violencia, corrupción e impunidad” que afectan a millones de mexicanos, reporta el World Justice Project (WJP) en su primer informe a nivel local en la materia.
Tal situación se acentúa en Guerrero, el estado más rezagado del país en orden y seguridad, contrapesos al gobierno estatal en turno, derechos humanos y justicia civil y penal.
Según el documento, que por primera vez hace un análisis focalizado en un país, por entidad, el promedio nacional de cumplimiento en México de las normas que llevan a una organización efectiva de la sociedad y el gobierno es de apenas 0.39 en una escala de 0 a 1, donde 1 indica el máximo apego al Estado de derecho, entendido como un elemento fundamental para garantizar la paz, la justicia, los derechos humanos, la democracia efectiva y el desarrollo sostenible.
Los rubros en los que el país resultó con los niveles de evaluación más bajos son ausencia de corrupción, con un puntaje de 0.35; justicia civil, 0.36, y justicia penal, 0.38, lo que significa que los principales retos a atender son “la corrupción, la seguridad y la justicia”, considera Leslie Solís, integrante de WJP.
“Dentro de la justicia, lo que vemos más débil son la investigación de los delitos y las policías”, añade en entrevista.
“En México, el fortalecimiento del Estado de derecho sigue siendo un tema pendiente. Las situaciones de violencia, corrupción e impunidad que afectan a millones de mexicanos son testimonio de la insuficiencia de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las normas que lleven a una organización efectiva de la sociedad y el gobierno”, asegura Alejandro Ponce, jefe de Investigación de WJP.
Ahora, en la medición del caso por país, afirma que “México se encuentra en una coyuntura única para orientar sus políticas públicas y consolidar sus instituciones, especialmente a nivel local”.
De los ocho indicadores analizados, Guerrero, que obtuvo una evaluación general de 0.29, ocupa el último lugar en cinco, y es en los rubros de orden y seguridad (0.28), límites al poder gubernamental (0.28), ausencia de corrupción (0.28) y justicia civil (0.28) donde presenta los mayores atrasos institucionales.
Le siguen Baja California Sur (0.35), Estado de México (0.36), Sonora (0.36), Puebla (0.36), Quintana Roo (0.36), Morelos (0.37) y la Ciudad de México (0.37).
Las entidades mejor evaluadas son Yucatán (0.45), Aguascalientes (0.44), Zacatecas (0.44), Campeche (0.43). “Yucatán y Zacatecas salieron bien evaluados, pero destacan en el área de justicia penal y no es coincidencia porque, junto con otros estados, éstos fueron los primeros en implementar la reforma al sistema de justicia penal, son los que llevan más tiempo consolidando este sistema”, comenta por su parte Jorge Morales, investigador de World Justice Project.
El informe puntualiza que, a pesar de que la distancia entre el primer lugar (Yucatán, 0.45) y el último (Guerrero, 0.29) es relativamente corta, hay ” diferencias que son reflejo de distintas realidades, retos y éxitos de política pública” y “muestran que México no es del todo homogéneo en materia de Estado de derecho”.
Para la organización internacional, el fortalecimiento del Estado de derecho en México sigue siendo un tema pendiente y recordó que el año pasado el país se posicionó en el lugar 92 del Índice de Estado de Derecho a nivel mundial, que clasifica a 113 países, lo que significó una caída de cuatro posiciones con respecto al año precedente.
“México debe convertirse en un país donde impere la ley y donde todos la cumplan y la respeten. Su gente lo demanda y anhela”, afirma el jefe de investigación de WJP, Alejandro Ponce.
World Justice Project midió la percepción y experiencias sobre ocho indicadores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal, a través de encuestas aplicadas a 25 mil 600 personas en general y mil 500 especialistas, en zonas rurales y urbanas de los 32 estados.
Aclara que el Índice de Estado de Derecho en México 2018 emplea un marco conceptual y metodológico semejante al utilizado por el WJP para medir la adhesión al Estado de derecho alrededor del mundo desde una perspectiva ciudadana. Sin embargo, el marco conceptual y metodológico se adaptó para reflejar el contexto nacional y la arquitectura institucional del país.
En el desglose de factores evaluados destaca que cuando se miden las entidades con mayores problemas de corrupción la lista la encabeza la Ciudad de México, seguida de Guerrero, Estado de México, Quintana Roo, Jalisco, Veracruz, Baja California Sur, Chiapas, Durango y Sonora.
Respecto a la aplicación de la justicia penal, las entidades más debilitadas son Guerrero, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Quintana Roo, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Chiapas y Durango.
Corrupción e impunidad ofenden al país: UNAM
La corrupción en el país, así como los castigos hacia quienes la han cometido, ofenden a todos los mexicanos, aseguró Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al inaugurar el primer Congreso Internacional de Derecho Penal 2018: Terrorismo, Trata de Personas y Nuevas Formas de Esclavitud, Corrupción y Tráfico de Drogas.
En el Auditorio Alfonso Caso de la Universidad, el rector señaló que “todos sabemos que la corrupción en México ha sido complicada, solapada y encubierta. El cinismo con que esto ha ocurrido, la sonrisa de los culpables y la benevolencia en los castigos ofenden a la sociedad entera”.
Agregó que quienes han estudiado este crimen han estimado que el costo de la corrupción puede ascender hasta 10% del PIB.
“Si esas cifras se alcanzan, a mí no me queda duda de que con esa cantidad de dinero los programas de apoyo social serían más extensos y exitosos”, expuso.
Comentó que la situación de violencia e inseguridad del país está relacionada con las medidas que se han tomado para combatir al narcotráfico.
“La estrategia que hemos seguido ha cobrado cientos de miles de vidas, siendo el año pasado el más violento en esta historia de la última década. Algo tenemos que hacer en política antidrogas y en los marcos jurídicos nacionales e internacionales, que pueden ir desde la legalización hasta estrategias contra el narcomenudeo, acompañadas de castigos más eficientes al tráfico de armas”, expuso.
Al dar la bienvenida a los 140 ponentes mexicanos y 150 participantes internacionales, Graue Wiechers lamentó que la trata de personas rebase fronteras geográficas y México sea un país de origen, tránsito y destino de este crimen con fines de explotación sexual y laboral vinculada al narcotráfico.
“De acuerdo con la CNDH, de 2012 a 2015 casi 3 mil víctimas de trata de personas estuvieron en el país; de ellas, nueve de cada 10 fueron mujeres o niñas. Los responsables deben ser castigados ejemplarmente. Debemos cumplir con la tarea de estar bien informados, de exigir justicia, de crear cultura de prevención y denunciar este delito que destruye vidas y afecta la convivencia social”.
Acerca del terrorismo, comentó que “no podemos ser ajenos a este problema y que la solución no está en hacer muros o impedir la migración, debe ser de entendimiento y cooperación internacional”.
Cuauhtémoc Cárdenas, presidente de la Fundación para la Democracia, Alternativa y Debate, resaltó que la Universidad Nacional es la institución de educación superior más importante y la de mayor trascendencia social en la vida del país, por lo que las contribuciones que haga para dar respuesta a estas problemáticas sensibles son muy valiosas.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, aseguró que siempre será un aliado de la Universidad Nacional, en cualquier momento y circunstancia.
Rezagos institucionales. (EL UNIVERSAL)
