“¡Quiero caras!”, exclama Cinthia Aideé Chavira Gamboa, esposa del senador Javier Corral Jurado, en un comentario que, en lugar de reflejar justicia, destila arrogancia y una peligrosa actitud de impunidad. Este tipo de declaraciones no solo revelan la falta de empatía, sino también el abuso de poder de una familia política que, en lugar de buscar el bienestar de las víctimas de tortura y fabricación de culpables, las amenaza, las silencia y las humilla.
Javier Corral, quien ha sido señalado en diversas ocasiones como responsable de ordenar torturas y manipular pruebas, se ha convertido en el epicentro de un sistema que privilegia intereses políticos sobre la búsqueda de la verdad y la justicia. Las acusaciones de tortura que pesan sobre él no son una simple acusación mediática: hay víctimas reales, como Hugo Amed Schultz Alcaraz y Juan Carlos Moreno Ochoa, quienes fueron falsamente sentenciados por el asesinato de la periodista Miroslava Breach, a quienes se les fabricó una culpabilidad tras ser brutalmente torturados.
Lo que es aún más indignante es que esta situación no es un incidente aislado. La práctica de la tortura, la manipulación de pruebas y el uso de la justicia como herramienta de venganza política no solo son parte del pasado, sino que siguen ocurriendo en el presente. Edgar Salazar Gaxiola, por ejemplo, fue presionado para incriminar a los falsos culpables en el caso de Breach, en lo que claramente se trató de una trama de manipulación judicial.
Pero, como si no fuera suficiente, hoy en día Javier Corral sigue utilizando su influencia política y su poder para promover sus propios intereses. Lo hace de manera descarada, incluso publicando un libro basado en lo que se puede calificar como un plagio de mi investigación periodística #ElFalsoCasoWallace. En lugar de rendir cuentas por los crímenes cometidos bajo su mandato, Corral se dedica a lucrar con la historia que él mismo ayudó a construir a través de su accionar corrupto y autoritario.
Es una triste ironía que, mientras las familias de las víctimas de tortura y fabricaciones judiciales siguen buscando justicia, la esposa de un político acusado de esas mismas prácticas se permita el lujo de atacar y amenazar a las personas que se atreven a alzar la voz. Y, por supuesto, todo esto sucede en un contexto en el que el sistema judicial mexicano sigue fallando en garantizar la reparación del daño a las víctimas y en frenar la impunidad que parece ser la norma para los poderosos.
En este escenario, la figura de Cinthia Aideé Chavira Gamboa, al igual que la de su esposo, no es más que otro eslabón en una cadena de abusos que persisten y que requieren una respuesta contundente. Ya no basta con denunciar, es necesario actuar. Las familias de las víctimas tienen derecho a la justicia, a que se les respete, y a que se haga frente a quienes han utilizado el poder político para hacerles daño.
El “querer caras”, como lo pide la esposa de Corral, no es más que un acto de provocación. Las víctimas no necesitan la aprobación ni la cara de nadie para que sus demandas sean válidas; lo que necesitan es justicia, lo que necesitamos todos es un sistema que respete los derechos humanos y que no permita que la impunidad siga siendo un lujo al alcance de unos pocos.
