Por su parte, el gobernador de Chihuahua insiste en que se cuenta con las pruebas suficientes para proceder contra quienes se beneficiaron de la nómina secreta de Duarte
El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que las investigaciones y denuncias en contra de la presidenta municipal, María Eugenia Campos Galván, el senador Cruz Pérez Cuéllar y en contra de Gustavo Madero, son temas político-electorales, que se dan en la coyuntura electoral del estado.
En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel compartió que no es coincidencia que los tres candidatos a la gubernatura en el estado se encuentren acusados por distintos delitos y que van a ser acciones que van a seguir pasando con el paso de los días por el tema del periodo electoral.
“Vienen las elecciones ahora y van a ver denuncias, hoy aquí primero, lo de la denuncia en contra de Gustavo Madero, me preguntan sobre eso, la denuncia en contra del senador Cruz Pérez Cuéllar y la denuncia de la presidenta municipal Maru Campos, son tres posibles candidatos”, compartió.
Dijo que ellos conforme a la información que tiene, luego de dar la lectura a medios de comunicación, son precandidatos a la gubernatura y entonces por una lógica estableció que estas denuncias en su contra son por asuntos políticos y electorales que se han presentado en el estado.
“Esto va seguir pasando, no nos debe extrañar, es algo normal, no sólo se da en México, sino en cualquier país del mundo cuando hay elecciones, si existen delitos, que se puedan probar, ahí está la fiscalía contra los delitos electorales, nosotros no nos vamos a meter en eso, sino aquí no terminaríamos”, indicó.
Andrés Manuel recomendó en lo general que dejen a los ciudadanos la decisión de elegir, más porque falta poco y piensa que la sociedad debe ser la que libremente decida, “que sean ellos los que decidan de forma libre para que haya democracia”, refirió a los medios de comunicación en Palacio Nacional.
Es de mencionar que tanto la presidenta municipal, María Eugenia Campos, el senador Cruz Pérez Cuéllar, se encuentran involucrados en investigaciones de la que se conoce como la “nómina secreta”, donde presuntamente recibieron pagos irregulares durante la administración del exgobernador César Horacio D.J.
Por otra parte, el senador con licencia, Gustavo Madero, fue denunciado ante la FGR por presuntamente beneficiarse con contratos en tema de seguridad. Los tres han sido catalogados como posibles candidatos a la gubernatura.
Versión del gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado
El gobernador del estado, Javier Corral Jurado, aseguró que el senador de la república Cruz Pérez Cuellar se vio beneficiado con pagos ilegales de la “nómina secreta” durante los años 2013, 2014 y 2015, según la información que había recuperado los ministerios públicos en su contra y por lo cual hay varias personas detenidas.
“Se le atribuye su participación en hechos de corrupción, según la evidencia de las investigaciones, durante el 2013, 2014 y 2015, en virtud de un acuerdo con el exgobernador, recibió de forma reiterada e ilegal dinero público, un dinero que siguió la misma mecánica de otros casos, donde incluso otras personas reconocieron la ilegalidad, aceptaron la mecánica, reconocieron cómo se les entregaba”, mencionó el mandatario.
Durante una entrevista semanal con una televisora local, añadió que el caso de la “nómina secreta” nunca se dejó de lado y que por cuestiones jurídicas en contra del exgobernador fue que la reactivaron, pero que no está ligada a temas electorales como lo han señalado algunos de los presuntos involucrados.
“El problema era que se les exonerara, que se cerraran los expedientes, eso no lo iba a hacer no voy a sudar calenturas ajenas y tampoco, no tengo por qué poner mi pellejo por los demás, que cada quien se haga responsable de sus propios actos y lo digo con claridad”, abundó el gobernador del estado.
Añadió que cada persona que recibía el dinero firmaba de recibido y que en el caso del senador están los documentos acreditados, dictaminados, toda vez que se realizaron dictámenes grafoscópicos con su firma, además de distintos testimonios con lo cual se logró general dicha carpeta.
El gobernador Javier Corral afirmó que en el caso de la denominada “nómina secreta” en la que se vincula a distintos actores políticos, incluidos miembros de su partido, no tuvo alternativa para excepcionar a nadie, “eso no lo podría hacer nunca”, reiteró.
Denunció que a una parte de la militancia del PAN se le trasladó información falsa y han tratado de desprestigiar lo que es su principal compromiso de combatir la corrupción y la impunidad hasta sus últimas consecuencias en Chihuahua, que aseguró, habrá de cumplir porque ese es su principal compromiso y será su principal legado.
Recordó que este tema es uno de los más importantes contenidos en la operación Justicia para Chihuahua, que fue una forma de corrupción implementada por el exgobernador, que se generó mediante sobornos que se realizaban a través de entregas de dinero en efectivo, a actores políticos y de distintos ámbitos.
Dijo que el tema que se reactivó a partir de la detención del propio exmandatario estatal en el estado de Florida, Estados Unidos y los procesos de judicialización se activaron cuando la Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento de que se le había negado la libertad bajo caución.
Corral explicó que varios de estos casos han sido presentados ante los jueces y otros actores se han acogido a los criterios de oportunidad, que fueron ofrecidos a todos los involucrados, quienes al aceptar el beneficio indebido aportaron datos sobre la forma en que se operó, quién lo dispuso e hicieron la reparación del daño.
Ante las investigaciones, el mandatario estatal dijo que no es casual que ahora los involucrados se digan perseguidos políticos -el primero de ellos el exgobernador-, y otros que hoy se encuentran sentenciados o con una investigación en proceso.
El titular del Ejecutivo estatal recordó que hubo otros actores que simple y sencillamente no consideraron los criterios de oportunidad, al pensar que no se actuaría; es decir, que tuvieron tiempo para arreglar sus problemas con la justicia y como no lo hicieron, buscaron la exoneración y que cerraran los expedientes.
Javier Corral expuso que él, como gobernador, no se expondrá a que después digan que tuvo un criterio de selectividad y sólo persiguió la corrupción de un solo partido y no la del resto, incluso la del suyo.
Explicó que no ha sido fácil tomar estas decisiones, pero que no puede asumir la responsabilidad de otros. “Lo digo con claridad, he asumido las consecuencias políticas de este actuar, porque luego se me acusará de que hicimos criterios de selectividad”.
Luego, cuestionó: “Estos casos los conocen todos los fiscales; con qué cara los veo si luego saben que estoy excepcionando a los de mi propio partido, cómo les puedo pedir cualquier cosa en términos de arriesgarse, de lo que hemos hecho”.
Corral recordó que en varias ocasiones señaló públicamente el tema de la “nómina secreta”, donde ahora se involucra a otro actor político importante, como es el senador Cruz Pérez Cuéllar, quien también se declaró perseguido político.
Enfatizó que más que preguntarse si el tema coincide con los tiempos electorales, se debe considerar mejor si hay los elementos suficientes en la carpeta de investigación o si es cierto o no que se cometieron las conductas que dice el ministerio público, para que los jueces lo determinen.
Al legislador se le atribuye su probable participación en estos hechos de corrupción, según la evidencia de la investigación esto se habría dado entre los años 2013 y 2015, y en virtud de un acuerdo con el exgobernador recibió de manera reiterada e ilegal dinero público, precisó el mandatario.
“Yo espero que la cámara (de senadores) no se convierta en un refugio de la impunidad”, añadió.
Indicó que este dinero siguió la misma mecánica de los demás casos en que otros reconocieron su responsabilidad, al aceptar la mecánica de entrega del dinero que era para el pago de los empleados estatales y fue desviado de la Secretaría de Hacienda.
Señaló que su gobierno enfrenta una de las redes de corrupción política más grandes del país y los fiscales han tomado riesgos y decisiones con valor en riesgo de su propia vida, “porque no enfrentamos nada más a un corrupto o corruptor, sino a un conjunto de actores que nos han golpeado en distintos frentes”.
Manifestó que primero buscaron en el aspecto político-electoral para blindarse frente a esta acción, “creyeron que no lo íbamos a tomar, ¿pues no saben de qué estamos hechos?”.
Versión del fiscal general del estado César Augusto Peniche
El fiscal general del estado, César Augusto Peniche, dijo que en el caso de la investigación en contra del senador Cruz Pérez Cuéllar, no sólo hay una versión de un testigo, hay documentación de personas que estuvieron en los hechos, testigos presenciales además que se ha sustentado de forma científica su probable participación.
Por su parte en el caso de la solicitud que presentó ante el Congreso de la Unión, para el desafuero del senador por Morena Cruz Pérez Cuéllar, y ejercer acción penal en su contra por las investigaciones que lo vinculan con la llamada «nómina secreta», cuenta con documental probatorio para su desarrollo, informó el fiscal César Augusto Peniche.
El titular de la FGE expuso que la carpeta de investigación tiene un sustento científico, que vincula al político a los actos de corrupción que presuntamente operó el exgobernador.
“El trabajo que ha realizado el Ministerio Público, en relación a este y prácticamente en todas las investigaciones que se llevan en los temas de corrupción, traen un cúmulo probatorio suficiente, que sustenta precisamente la actividad que se realiza ante las autoridades judiciales”, señaló.
Agregó que en este caso, se hizo la solicitud ante la Cámara de Diputados como un requisito formal, para poder avanzar con la judicialización.
“No solamente hay la versión de un testigo, como se ha dicho, ahí está la versión de personas que estuvieron, o que directamente tienen conocimiento de estos hechos, no son testigos de oídas, son testigos presenciales”, explicó.
Adicionalmente –indicó-, hay elementos que “nosotros denominamos como prueba científica, porque hay documentos que han sido perfectamente identificados y trabajados por peritos”.
Lo anterior, con el fin de establecer su autenticidad: “Y esos son básicamente los datos que obran en la carpeta de investigación y que nosotros hemos incorporado en cumplimiento a nuestra obligación, qué es la de investigar delitos”, aseguró.
Peniche Espejel comentó que por el momento no se puede dar a conocer el tipo específico de pruebas que forman parte de la indagatoria, mas en su momento, el Congreso de la Unión tendrá que darlas a conocer a la defensa y a la persona involucrada.
A solicitud del conductor, el fiscal general de Chihuahua describió el contexto de la supuesta participación del senador Pérez Cuéllar en la “nómina secreta”.
“Mira, hay un hecho irrefutable, que es que dentro del gobierno de la anterior administración estatal hubo una serie de desvíos, que se destinaron a complacer y obtener las complacencias de una clase política, y de una clase de representantes sociales, me imagino que para los fines políticos de esa administración”, dijo.
Ese desvío, esos recursos que se utilizaron y que a lo largo de tres años ascendieron a más de 1 mil millones de pesos, fueron entregados de manera discrecional a los entonces diputados, líderes de partidos, y ciertos medios de comunicación, por ejemplo:
“Hubo un movimiento de dinero totalmente fuera de lo regular, es decir, que no había un concepto legal, ni tampoco estaban o formaban parte de una partida presupuestal aprobada por el congreso. Entonces, esos desvíos que no son otra cosa que actos de corrupción. En pocas palabras se repartían el dinero del estado de Chihuahua con la finalidad de tener un control político y social».
Durante la entrevista, se cuestionó la posibilidad de que la mayoría morenista en el Congreso de la Unión bloquee el desarrollo de la solicitud.
Al respecto, el fiscal general de Chihuahua, advirtió que la FGE se mantiene aparte de los temas políticos, para concretarse exclusivamente a las investigaciones de hechos.
“Si nosotros llegamos a la conclusión de que hay un hecho delictivo, entonces procedemos, de manera formal, ante la autoridad judicial, en este caso ante el congreso, ya lo demás, si el congreso lo aprueba o no, lo reserva, lo dilata o lo determina inmediatamente, pues ya es una atribución que corresponde a ellos”, respondió.
Sin embargo, destacó que el cuerpo legislativo federal estará obligado a actuar de acuerdo a las normas, en apego al Estado de derecho en el que vive la sociedad mexicana y con base en un ordenamiento legal.
“Yo he observado que en los temas de corrupción, cuando las personas involucradas son de la vida pública, siempre se dicen ser perseguidas políticas, pero no son víctimas de una persecución política, son víctimas de los hechos en los cuales se vieron involucrados y de los cuales son autores”, precisó.
Indicó que para el Ministerio Público de Chihuahua es indistinto si alguna de estas personas involucradas en los hechos de corrupción, pretende alcanzar un puesto de elección popular o si tiene, o tuvo, un cargo determinado.
“Para nosotros, lo relevante es que tenemos acreditado un hecho y tenemos la obligación, como autoridad persecutora de delitos, de darla a conocer a la autoridad correspondiente”, agregó.
