Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, enviaron al Congreso de la Unión, iniciativa con carácter de Decreto, con la finalidad de que sea refomada la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objetivo de que productores agropecuarios de la Entidad y del País, reciban apoyos y subsidios, para incrementar su producción.
El Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Jesús Velázquez Rodríguez, señaló al exponer el proyecto enviado al Legislativo Federal, que de darse las reformas planteadas, serán establecidos los cimientos para una verdadera planeación nacional que permita detonar el desarrollo del sector rural, a nivel nacional, a través de reglas de operación bien establecidas, mediante los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustetable.
Dentro del Dictamen, se detalló que con los cambios sugeridos, se permitirá la elaboración de estudios y análisis correspondientes, los cuales habrán de arrojar las características, circunstancias y vocaciones del campo, de acuerdo a cada región; y con ello, se logrará una distribución equitativa de los recursos públicos, en cumplimiento a una política pública previamente diseñada, que satisfaga las necesidades de la población y del campo.
Dado a lo antes mencionado, es que propuso mediante iniciativa de Decreto, reformar los artículos 6°, párrafo primero, y 8°, párrafos primero y segundo; y adicionar al artículo 5°, una fracción VI, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Diputados locales exhortaron al Presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, rinda un informe respecto de la cancelación de permiso y procedimiento jurídico en contra del “Grupo Altozano”, así como del proyecto de infraestructura “Altozano, El Nuevo Chihuahua”.
La iniciativa fue presentada ante el Pleno, por el diputado Miguel Ángel Colunga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, quien argumentó que dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobó un resolutivo en el cual se reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento, es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos; además señala que los estados y organizaciones internacionales, habrán de proporiconar los recursos financieros y la implementación de la tecnológica para intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento.
El iniciador enfatizó que el derecho al agua, encuadra dentro de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, particularmente porque es una de las condiciones indispensables para una vida digna.
Señaló además que diversas poblaciones de Rosales, actualmente han tenido problemas con el acceso al agua, problemática que debe ser atendida con visión de derechos humanos y evitar un impacto negativo en la calidad de vida de los pobladores.
Culminó al señalar que es urgente resolver el problema de abasto de agua potable en las poblaciones antes mencionadas, dado a esto, se exhotó a la Junta Central de Agua y Saneamiento, para que a través del Presidente de su Consejo Directivo, Óscar Fidencio Ibáñez Hernández, se integre al anteproyecto del presupuesto de egresos de la dependencia referida, una partida para la creación de una Junta Rural para la población de El Molino, a fin de que se cuente con el recurso humano y financiero para realizar las gestiones mantenimiento y de cobro indispensables para cubrir los costos de energía eléctrica de los pozos que prestan el servicio de agua potable.
Asimismo, se exhortó a la Comisión Federal de Electricidad para que por medio del Superintendente local, Francisco Javier Sifuentes Hernández, se diagnostique y lleve a cabo los ajustes necesarios a las tarifas aplicables para el servicio de energía eléctrica prestado en los pozos relativos a la jurisdicción de la Junta Municipal de Aguas de Rosales con la finalidad de evitar aumentos abruptos que repercutan en el costo del servicio de agua potable para su población.
Exhortan a tipificar el delito de la violencia política contra las mujeres
La Sexagésima Sexta Legislatura del Estado de Chihuahua, exhortó al Congreso de la Unión y a los Congresos de las entidades federativas para que, aquellos que aún no lo han hecho, tipifiquen dentro del Código Penal, el delito de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género.
En la exposición de motivos de la iniciativa, la diputada del PAN, Blanca Gámez, destacó la necesidad de que en todo el país se cuente con mecanismo de acceso a la justicia para las mujeres en casos de violencia política, a efecto de acabar con la impunidad y generar el cambio cultural libre de estereotipos de género.
Lo anterior, dado a que en las pasadas elecciones, 790 candidatas resultaron electas para diferentes cargos en 119 municipios de Chiapas, donde enfrentan problemas solo por ser mujeres; resaltó la Legisladora.
“De los 119 alcaldes electos 34 son mujeres…En agosto pasado se dio a conocer que más de 60 mujeres fueron obligadas a renunciar a los cargos para los que fueron electas en Chiapas, con el fin de que los puestos fueran ocupados por hombres”, expresó.
Le diputada resaltó que es precisamente en Chiapas donde varios hombres ejercerán las funciones de los cargos de elección popular, lo que hace evidente la simulación para cumplir con la paridad electoral.
Al destacar que de acuerdo con datos del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nuevo León, Oaxaca, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí fueron los estados con más carpetas de investigación iniciadas por delitos electorales del fuero común hasta julio de 2018.
Asimismo, las entidades donde se abrieron más carpetas de investigaciones por delitos electorales del fuero federal fueron Quintana Roo, Baja California Sur, Chiapas y Campeche.
Al dar todas estas cifras y exposición de casos, es que el Poder Legislativo chihuahuense realiza el exhorto a los demás congresos del territorio mexicano, a fin de que se adhieran a dicha iniciativa.
Diputados que integran la Sexagésima Sexta Legislatura, exhortaron a los 67 ayuntamientos del Estado de Chihuahua, para que, dentro del ámbito de sus competencias, utilicen el mecanismo denominado presupuesto participativo, contemplado en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, previo a la elaboración del próximo presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019.
El diputado Jesús Villarreal, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, expuso en la tribuna del Recinto Oficial del Poder Legislativo que, con la creación de la Ley de Participación Ciudadana que entró en vigor el 24 de junio del presente año, mejorará la gestión pública, ya que tiene el objetivo de garantizar el derecho humano a participar, así como establecer las atribuciones de las autoridades en la materia y regular los procedimientos mediante los cuales se ejercerán.
Mencionó que una de las figuras más importantes que contempla esta ley, es la del presupuesto participativo, mediante la cual se otorga a los ciudadanos la oportunidad de decidir en qué se va a gastar un porcentaje del presupuesto de egresos de la administración municipal.
Informó que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 76 de la Ley de Participación Ciudadana, el recurso asignado, deberá aplicarse a los rubros que satisfagan las necesidades colectivas, tales como:
– Obras y servicios públicos.
– Seguridad pública.
– Actividades recreativas, deportivas y culturales.
– Infraestructura rural y urbana.
– Recuperación de espacios públicos.
– Medio ambiente.
Recordó que, para ello, los ayuntamientos deberán emitir una convocatoria pública dirigida a la población en general para participar en Audiencia Pública, donde, además, se establecerá la metodología a utilizar para realizar la consulta y duración del proceso, los proyectos que se someterán a consideración y el monto de los recursos públicos que se destinarán.
Después de ello, se llevará a cabo la votación de los proyectos, cómputo, validación y publicación de resultados, para la ejecución de los Proyectos del Presupuesto Participativo. Y finalmente, la presentación del informe de resultados por parte del ayuntamiento.
La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortó a la Fiscalía General del Estado y al titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a promover modificaciones a las leyes para que aquellos ciudadanos que sean detenidos portando armas prohibidas por la Ley, reservadas para uso exclusivo del ejército, se les dicte prisión preventiva de oficio.
El diputado local, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, Gustavo De La Rosa Hickerson, planteó dentro de su propuesta, que se asigne personal capacitado bajo el cargo de dichas dependencias, con la finalidad de integrar una mesa de trabajo conjunto entre las comisiones unidas de Justicia, Seguridad y Protección Civil, y Derechos Humanos.
Explicó que en dichas mesas se deberán promover las modificaciones a las leyes y ordenamientos federales correspondientes, para que se sancione a los infractores de la Ley.
Destacó que el Código Nacional de Procedimientos Penales menciona que solo en delito que merezca pena privativa de la libertad, puede procederse a la solicitud de prisión preventiva, por parte del Ministerio Público.
Los delitos señalados en dicho ordenamiento son realizados mediante la utilización de armas de fuego de gran calibre, y no es proporcional, que en un intento de robo a mano armada, se imponga de oficio prisión preventiva, y que cuando se detiene a un sujeto en posesión de un arsenal de armas reservadas para uso exclusivo del ejército, este pueda seguir su proceso en libertad, algunas veces incluso, sin la presentación de una garantía económica, detalló el legislador.
Es por lo anterior, que se hizo énfasis en la necesidad de diseñar leyes, que garanticen que la finalidad que perseguían estos sujetos al tener en posesión este armamento, no llegue a consumarse, al menos de manera inmediata a su detención y posterior libertad.
Diputados de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, exhortaron al Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, para que un mínimo del 15% del total colectado por concepto de recaudación de derechos de cobro e ingresos derivados de la operación de los puentes internacionales, se destine a la ejecución de acciones necesarias para la rehabilitación y desarrollo de proyectos de infraestructura en la zona de el Valle de Juárez.
El diputado integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, Benjamín Carrera Chávez, expuso en tribuna que la situación de violencia que se vivió en la zona en el año 2008, provocó que un gran número de pobladores hayan emigrado a otras ciudades. Además, de que la región, ya era afectada por los feminicidios que cambiaron el panorama del Valle de Juárez a nivel internacional.
Mencionó que en aras de mejorar la infraestructura urbana es que se busca la manera de gestionar recursos para el mejoramiento de áreas comunes y el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, cuenta con la capacidad jurídica y financiera de adoptar dichas acciones.
Informó que el objeto primordial, es financiar y administrar la rehabilitación y desarrollo de infraestructura en beneficio de Ciudad Juárez, que el patrimonio del fideicomiso se integrará con los derechos de cobro y los ingresos derivados de la operación de los puentes internacionales:
a) Zaragoza – Ysleta
b) Ledo – Stanton
c) Guadalupe Tornillo
d) Paso del Norte
e) Y el de cualquier otro activo que de tiempo en tiempo se integre al Fideicomiso Público.
Los diputados que conforman la Sexagésima Sexta Legislatura, emitieron un exhorto a Gerardo Ruíz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, en el ámbito de su competencia, y en el marco de los trabajos de entrega- recepción del nuevo Gobierno Federal, se instruya al delegado estatal, Rafael Chávez Trillo, a que proceda a la clasificación de uso pesado y reparación de la carretera Hidalgo del Parral- Guadalupe y Calvo.
El diputado Jesús Velázquez Rodríguez, expuso en la Tribuna del Poder Legislativo, que este llamado, también va en el sentido que se les dé el debido mantenimiento a los tramos carreteros de la vía Nonoava- Norogachi. Rocheachi, que han resultado afectados por la reciente temporada de lluvias.
Comentó que, según palabras del delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, la carretera Hidalgo del Parral- Guadalupe y Calvo, es la más dañada del Estado, ya que tiene más de 15 años sin tener un mantenimiento adecuado, a pesar de que es una vía de comunicación importante.
Informó que las condiciones de esta carretera federal, son tales que, de acuerdo al departamento de Protección Civil de Guadalupe y Calvo, se han presentado numerosos accidentes automovilísticos, por lo cual, es la exigencia de que este problema se atienda de inmediato.
El legislador, mencionó que respecto a la carretera Nonoava- Norogachi- Rocheachi, que conecta a la ciudad de Chihuahua con Guachochi, beneficia a varias comunidades de todos estos municipios, cuyos habitantes se dedican a actividades ganaderas, agrícolas y silvícolas; y a pesar de que se trata de una carretera relativamente nueva, las condiciones actuales de la pavimentación son pésimas.
Recordó que estas vías de comunicación, son dos de los tres puntos de acceso hacia la Sierra Tarahumara y a las Barrancas del Cobre, por donde transitan familias, estudiantes, médicos, trabajadores de gobierno federal y estatal; así como comerciantes y productores de distintos bienes y servicios, sin olvidar que por ahí se desplazan miles de turistas cada año.
