• Le dolió la mala jugada del desafuero
• Muestra “Pichú” su corralismo en campaña
Hace ya un año Javier Corral y su cuestionado jefe de Seguridad Pública, Emilio García Ruiz, anunciaron que tenían listo para operar un cuartel estatal en la violenta Ciudad Madera.
Entre mayo y junio de 2020 se publicitó, en medio de la crisis sanitaria, la apertura del Complejo Regional de Seguridad en aquella población, en el que supuestamente metieron 90 millones de pesos.
Fue un anuncio al calor de alguna de tantas masacres. Igual ayer que ahora, se lanzó un “operativo permanente” para detener a los líderes criminales que se pelean la plaza del noroeste, mientras la autoridad la hace de espectadora y a veces de colaboradora de algún bando.
Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías y Temósachic, que se consideran la frontera entre los cárteles de Juárez y Sinaloa, conformarían la zona de influencia de ese cuartel de Madera, similar a otros tres que desde 2017 se tienen proyectados, pero se han quedado básicamente en papel. Cuarteles de lengua, los favoritos del dueño de Palacio.
La obra quedó a medias. Con espacio para tener de planta a 180 agentes de la Policía Estatal, comedor, helipuerto y mil cosas más, la realidad es que el inmueble es un elefante blanco.
A dicho complejo llegan ocasionalmente algunos agentes mientras otros se van. Su operación se considera que está a menos del 25 por ciento.
Pretextos para no operar el cuartel a plenitud hay muchos: la crisis sanitaria ocasionada por Covid, la falta de presupuesto, el disminuido estado de fuerza de la Policía Estatal, la ausencia de estrategia para enfrentar la delincuencia, etcétera.
La realidad es otra. Para agentes y mandos enviados como carne de cañón a la violenta región serrana es una señal de que la plaza se ha rendido a uno de los grupos criminales, con todo y los millones invertidos por la Fiscalía General y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.
Las casi 20 hectáreas inutilizadas en el complejo (imagen satelital y foto oficial en la versión digital de La Columna), no son más que un pequeño lunar en el territorio en disputa. Debiera ser un espacio de seguridad para los maderenses y pobladores de la región. No lo es.
Tal vez por eso es que ni siquiera se ha inaugurado por Corral o García Ruiz, que ni en sus blindadas se han atrevido a pararse por el lugar. Sólo las usan para ir de su casa a sus oficinas; de sus oficinas a los restaurantes y de ahí regresar a sus casas.
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Sabe que está muy lejos de los punteros, que es un mal chiste su candidatura a presidente municipal, por eso es que el diputado Misael Máynez se ha negado a ceder su curul al suplente, Alejandro Tinajero Martínez, pese a que ya inició campaña.
“El Yukon”, como mejor se le conoce en el Congreso del Estado, ha perdido buena parte de los privilegios que le dejó ponerse de tapete para hacer mayorías legislativas.
Dejó de tener prestaciones superiores como coordinador de una bancada inexistente, la que era del desaparecido Partido Encuentro Social, y perdió los ingresos extra por la negociación de votos de un grupo que sucumbió por sus propias ambiciones.
De casi medio millón de pesos que sin rendir cuentas se embolsaba al mes, producto de su “incansable” trabajo legislativo, le quedó apenas la cuarta parte.
Recibe sueldo, compensación, apoyo de gestoría, apoyo para casa de enlace y otros arrimadijos, a los que se niega a renunciar.
Se mantiene como legislador, contrario a otros que pidieron licencia para competir por otro cargo o reelegirse como diputados, por un vacío legal que les permite a los legisladores no soltar la curul y cobrar como diputado, aunque se desempeñen en una campaña política.
Pese al absoluto cinismo mostrado, el partido que lo postula, Redes Sociales Progresistas, no le ha pedido al “Yukon” tener algo de vergüenza y dejar la dieta al menos por el mes que dura la campaña.
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Si públicamente mostró Corral su molestia por el dictamen que negó el desafuero al senador y candidato morenista Cruz Pérez Cuéllar, en privado cargó hasta con las secretarias y asesores. Entre el jueves y viernes pasado trajo a más de tres de bajada por el notable mal genio.
A horas de que salió el dictamen de la Sección Instructora de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, a favor de su distanciado compadre Cruz, el mandatario se puso a buscar culpables de la decisión de los legisladores.
Obviamente reclamó al fiscal César Peniche y al consejero jurídico, el mal aprendiz de brujo, Jorge Espinoza. Luego salió a dolerse en redes y en entrevistas para acusar un manejo a modo, una justicia selectiva, un dictamen sesgado y… bueno, el bla-bla-bla de rigor. La muestra de que nomás ve la paja en el ojo ajeno.
No podía esperar Corral el desafuero de Pérez Cuéllar –aunque eso no se atreven a decirle los asesores– cuando comenzó a perseguirlo casi cinco años después del tiempo correspondiente.
Igual que lo hace con la candidata de su partido, Maru Campos, esperó hasta el tiempo de campaña para enderezar el ataque penal que, si tuviera asidero y solidez, debió haber ejecutado desde el comienzo de su gestión.
No lo hizo. Al contrario, hizo de la Fiscalía el aparato persecutor a modo para una justicia a modo. De eso ahora acusa a Morena y al Gobierno federal, de lo mismo que él hizo, pero a la inversa.
No podía esperar, por lo tanto, que en un órgano político como una comisión de legisladores –por más jurisdiccional que se tenga de nombre– le creyeran que no era una persecución política el expediente armado y presentado con la exigencia del desafuero.
En fin, le dolió a Corral la mala jugada que planeó y ejecutó con las mismas deficiencias que han caracterizado a todo su gobierno.
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El que comenzó campaña sin poder ocultar su pasión por el corralismo fue el diputado Gustavo “Pichú” de la Rosa, quien busca la reelección por el Séptimo Distrito local.
El juarense –que se dice primero derechohumanista antes que morenista o cualquier cosa– es ampliamente conocido por su sumisión al Palacio de Gobierno, su cercanía con Javier Corral y la defensa de una administración desastrosa que además ha estado llena de muertos y violaciones a los derechos humanos de los que antes pseudodefendía De la Rosa Hickerson.
La cercanía es tal que hasta la fecha se recuerda la celebración en la que “Pichú” y Corral fueron captados en 2019. Fue en la cantina La Antigua Paz de la ciudad de Chihuahua, tras la aprobación de una cara y deficiente reestructura crediticia, donde sin pena alguna el aspirante a la reelección dejó evidencia plena de quién era el dueño de su voto en el Congreso: vaya, ni siquiera su sobrino Juan Carlos, el candidato a gobernador, no, Corral.
No fue sólo esa vez cuando el legislador mostró su verdadera cara y proyecto. Fue sistemático el apoyo a los despropósitos del corralismo, que incluso ahora en parte final de la administración se mantiene.
El diputado se ha montado y asumido casi como coadyuvante del ministerio público en las causas penales que con fines políticos inició Corral contra sus rivales. Ni él se la cree que de algo sirva su activismo político al proceso jurídico, pero de alguna forma tiene que demostrar su abyecta postración al régimen que le permitió estar cercano al poder.
Lo anterior es el marco de referencia en el que arranca campaña De la Rosa. Es lo que explica por qué el diputado promueve su reelección y el apoyo al candidato a gobernador, Juan Carlos Loera, pero no al aspirante a la Presidencia municipal, Cruz Pérez Cuéllar, pese a que también es postulado por Morena.
Al morenismo juarense le preocupa la falta de compromiso del diputado local, quien lejos de apoyar el proyecto insiste en privilegiar el interés personalísimo de su relación con el “güevornador”.
