-Las y los galardonados, se hicieron acreedores a una medalla y placa conmemorativa y 50 mil pesos para cada categoría.
En Sesión Solemne realizada mediante acceso remoto o virtual y encabezada por los representantes de los Tres Poderes del Estado, se hizo entrega del Reconocimiento a las Personas Destacadas de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, en sus diferentes categorías.
En la categoría al “Mérito Policial”, mediante la cual se reconoce a elementos de las instituciones de Seguridad Pública del Estado, que hayan destacado por su capacidad, actuación eficaz y por su trayectoria ejemplar al desempeñar sus servicios relativos a la salvaguarda de la integridad y los derechos de las personas; en esta edición, fue galardonado el Mtro. Carlos Mario Jiménez Holguín.
Dicha conmemoración se le otorgó, dado a sus más de 23 años de servicio en temas de seguridad pública y procuración de justicia; además por su participación en la instauración de diversas unidades de atención e investigación de delitos contra las mujeres, como la Fiscalía Especializada o los Centros de Justicia para las Mujeres, y por ser de los iniciadores del nuevo sistema de justicia penal en la Entidad; entre muchas otros méritos.
Dentro de la categoría a la “Heroicidad Policial”, el reconocimiento fue otorgado a Juan Emmanuel Jiménez Silva. Dicha condecoración se otorga al integrante que dentro o fuera del servicio, haya salvado vidas humanas arriesgando o poniendo en peligro su vida y/o, haya salvado bienes del dominio público de la Nación, del Estado o de los Municipios arriesgando o poniendo en peligro su vida.
Entre los méritos más importantes del condecorado, está que el haber rescatado con vida a un niño de 12 años de edad, de un domicilio en llamas, esto mientras realizaba su recorrido de vigilancia; además de apoyar en las operaciones de sofocamiento del incendio.
En la categoría al “Trabajo de Investigación en Materia de Seguridad Pública”, que reconoce el aporte ya sea individual o grupal, de conocimientos técnicos o científicos desde las áreas policial, ministerial y/o pericial que permitan resolver alguna investigación en curso; o realice investigaciones de carácter policial, ministerial y/o pericial en beneficio del Estado, la institución o de las víctimas; la condecoración fue otorgada a las Maestras Irma Angélica Giner Domínguez y Karen Aidee García Ponce.
Las galardonadas participaron en la desarticulación y detención de la mayoría de integrantes de una banda de ladrones a la que se le acreditó un daño por $3,129,969.12. a un banco; a la desarticulación y detención de una banda de ladrones que operaba a nivel internacional; a la desarticulación de una banda de asaltantes que sustrajo efectivo de dos instituciones bancarias; entre otras acciones.
La diputada Georgina Bujanda Ríos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, en su intervención, felicitó a cada una de las personas que participaron en la Convocatoria; y resaltó el aumento en las participaciones, que a pesar de las medidas por el COVID-19, se recibieron 99 inscripciones.
“Nos quedamos cortos con este premio porque gracias a la labor que desempeñan los elementos de las corporaciones policiacas para el bienestar de las ciudadanas y ciudadanos, podemos gozar de tranquilidad”.
Dentro de su intervención, el Gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, agradeció al Poder Legislativo realizar este reconocimiento a las y los elementos de seguridad, quienes están comprometidos con la salvaguarda de las y los chihuahuenses, y reconoció la labor que día a día emprenden quienes integran las fuerzas de seguridad en la Entidad.
“He podido atestiguar el compromiso de nuestras fuerzas encargadas del orden, así como la valentía con la que día a día desempeñan en su labor. El trabajo de los elementos de seguridad es de vital importancia y pocas veces la sociedad se entera que contamos con magníficos profesionales comprometidos con la seguridad de las y los chihuahuenses”, culminó el mandatario estatal.
Por último, es importante mencionar que a las y los galardonados se les otorgó la cantidad de 50 mil pesos (para cada categoría), además de una medalla y una placa conmemorativa.
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En Sesión Ordinaria, integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura de Chihuahua, aprobaron los presupuestos de egresos del Poder Legislativo y de la Auditoría Superior del Estado para el año 2021, siendo de $454,897,481.00 y $162,829,626.99, respectivamente.
La diputada Rocio Sarmiento Rufino, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que en relación a lo proyectado por el Congreso, el desglose del gasto será en los siguientes rubros:
Servicios personales $268, 753,487.00,
Materiales y suministros $7, 873,536.00,
Servicios generales $132, 339,119.00,
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $37, 567,469.00, y
Bienes muebles, inmuebles e intangibles $8,363,870.00.
Por parte de la ASE, el egreso se prevé de la siguiente manera:
Servicios personales $119, 340,886.23,
Materiales y suministros $3, 086,321.13,
Servicios generales $35,092,907.95,
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $3, 109,37.68, 7
Bienes muebles, inmuebles e intangibles $2, 200,140.00.
Cabe mencionar, que estos proyectos fueron presentados a las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política, en reunión de acceso remoto, en la cual se resaltó que tanto los premios y reconocimientos que otorga el Poder Legislativo año con año, y respecto a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas que quedó inconclusa debido a las acciones de salud por la pandemia, están contemplados en el proyecto.
En el caso de la ASE, se considera de suma importancia contar con el área de recursos humanos, pues es indispensable, por obvias razones; además que por Ley, debe existir un área de consulta, en relación a la Dirección de Archivo.
En ambos casos, se previó lo relativo al pago del Impuesto Sobre la Renta, ya que éste sufrirá cambios, y debe hacerse la previsión correspondiente.
Cabe resaltar que una vez aprobado el Acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política, el contenido habrá de integrarse al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal del año 2021, enviado por el Ejecutivo Estatal.
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En Sesión Ordinaria realizada por acceso remoto, integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, reformaron los dictámenes mediante los cuales se declararon constituidos los grupos parlamentarios, así como la Junta de Coordinación Política correspondiente al Tercer Año Legislativo.
La diputada Rocio Samiento Rufino en representación de la Junta de Coordinación Política, presentó el dictamen referido.
Dentro de la exposición, señaló que en días pasados fue recibido oficio del diputado Obed Lara Chávez, mediante el cual hizo del conocimiento su voluntad de continuar su labor legislativa como Diputado Independiente y no como parte del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Como resultado de lo anterior es importante destacar que la conformación de Grupos Parlamentarios requiere de al menos dos legisladores, según se señala en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, por lo que en consecuencia y para el caso que nos ocupa, desaparece de facto el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, que formaba parte de la presente Legislatura.
En el mismo sentido, el legislador Misael Máynez Cano, quien fungía como coordinador de dicha fracción legislativa, continuará sus labores como Diputado Independiente, de acuerdo a lo señalado por él mismo en oficio que fue presentado también a la Junta de Coordinación Política.
Es por lo antes expuesto, que la Sexagésima Legislatura en su Tercer Año Legislativo, se conformará por los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Morena, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Del Trabajo y de Movimiento Ciudadano; dos del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza; y tres diputaciones independientes.
Por último la diputada Rocio Sarmiento Rufino señaló que en lo relativo a la conformación de la Junta de Coordinación Política, se integran como diputados independientes, los diputados Obed Lara Chávez y Misael Máynez Cano, ambos con voz y voto, dentro de dicho órgano.
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La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, creó la Comisión Especial para el Fortalecimiento de Pensiones Civiles del Estado (PCE), cuya labor es conocer la situación financiera real de la institución de seguridad social y salud, y dar seguimiento al proceso correspondiente para sanear las finanzas de la misma.
La mayoría de los organismos afiliados a la institución referida, tienen adeudos desde hace años, ya que no solo han incumplido con las aportaciones a las que están obligados, sino que algunos retienen las cuotas de manera quincenal a las y los trabajadores para el fondo propio y servicio médico y éstos no son enterados, y se desconoce el destino que se le da, señaló el diputado René Frías Bencomo, integrante de la Junta de Coordinación Política, dentro de la exposición de los antecedentes del Dictamen presentado para su votación ante el Pleno.
Agregó que, dado al interés del Poder Legislativo por conocer y apoyar para que PCE salga de la difícil situación financiera en la que se encuentra, a la cual se le suma la crisis de salud actual, es que fue creada la Comisión Especial, misma estará conformada de la siguiente manera:
Presidente: Dip. René Frías Bencomo
Secretario: Dip. Fernando Álvarez Monje
Vocal: Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz
Vocal: Dip. Misael Máynez Cano
Vocal: Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez
El legislador, argumentó que dentro de los antecedentes de la iniciativa presentada por el diputado René Frías Bencomo, se señaló como fundamental que el Congreso local, sea partícipe de las acciones que se llevarán a cabo para el proceso de enterar las retenciones, y conocer cuáles son las medidas o estrategias que se implementarán para garantizar que las instituciones deudoras se pongan al corriente, y e intervenir de acuerdo a las atribuciones del Legislativo.
Por último, Frías Bencomo hizo un llamado para que se emprendan acciones conjuntas para lograr sanear las finanzas del organismo en mención, ya que hay diversas deficiencias derivadas de esta situación, que han impactado en la calidad y la cobertura del servicio.
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El Congreso del Estado exhortó a la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), con la finalidad de que destine los recursos de inversión necesarios a fin de dar continuidad con los trabajos de abastecimiento de agua potable en el municipio de Aquiles Serdán, de la misma manera, para que de acuerdo a sus facultades, continúe coordinando las acciones necesarias con el municipio de Ahumada y destine los recursos económicos suficientes a efecto de resolver el desabasto de agua potable y el colapso de drenaje.
El presidente de la Comisión del Agua, diputado Humberto Chávez Herrera, presentó los dictámenes ante el Pleno Legislativo, mismos que fueron aprobados por unanimidad de votos de las y los diputados presentes.
Dentro de la exposición, refirió que el acceso al agua potable y su saneamiento, es un derecho humano reconocido tanto en la Constitución local, como en la Ley de Agua del Estado; es por ello que todas las personas que habitan de manera permanente o transitoria cuentan con él, mismo que debe garantizarse por medio de la prestación del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado en el territorio estatal, por parte de la autoridad en materia de agua.
Señaló que de acuerdo a información proporcionada por personal de la JCAS, en lo relativo a la situación del municipio de Aquiles Serdán, desde el año 2017, se han realizado diversas acciones administrativas y de obra para el abastecimiento de agua potable, obras que han tenido una inversión total de 44.2 millones de pesos, logrando con ello dotar del servicio de agua potable a la mayoría de la población del Municipio de Aquiles Serdán; sin embargo, dadas las características de su topografía, resulta complicado proporcionar el servicio en las partes más altas, por lo que se requiere continuar con las acciones e inversiones para que todos los habitantes de ese municipio cuenten con el servicio de agua potable en sus hogares.
Por lo que respecta al municipio de Ahumada, según información emanada de la JCAS, desde el año 2016 se han realizado de manera coordinada con las Juntas Municipales de Ahumada y Juárez, diversas acciones para el abastecimiento de agua, con lo que se ha logrado dotar del servicio a la mayoría de la población (95 por ciento de la población) y al resto se le brinda por medio de pipas; sin embargo, ser requiere de recursos adicionales para resolver el colapso de los colectores de drenaje y la obtención de los permisos para la construcción de infraestructura; continuó el Legislador.
Es por lo anterior que se hace el llamado a las autoridades competentes, para que continúen con las acciones necesarias para dotar del vital líquido a los pobladores de dichos municipios, así como la realización de obras de infraestructura en el municipio de Ahumada, para el servicio de drenaje y alcantarillado.
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Integrantes del Congreso de Chihuahua, exhortaron a la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado, para que continúe con la política de bonificaciones, descuentos y tarifas preferenciales para la población, dada la pandemia generada por COVID-19; y se refuerce la instrucción a las Juntas Municipales y Rurales, para que suspendan toda acción que tenga como consecuencia el corte del suministro del servicio de agua potable, mientras dure la pandemia.
El diputado Francisco Humberto Chávez Herrera, presidente de la Comisión de Agua del Congreso de Chihuahua, dentro de la exposición del dictamen de acuerdo, recordó que desde el inicio de la pandemia por COVID-19, la Junta Central de Aguas ha brindado apoyo a las y los habitantes de la Entidad, sin embargo es imperante hacer el llamado para evitar los cortes del vital líquido y el retiro de medidores.
Refirió que se han recibido dentro de la Comisión, algunas denuncias hechas por usuarios, quienes han manifestado que a pesar de la instrucción dada al personal que labora en la Juntas Municipales y Rurales de Agua y Saneamiento de la Entidad, hay casos en que se ha cortado o suspendido el servicio de agua potable por falta de pago, con el consecuente riesgo sanitario que ello conlleva.
Agregó que en el mes de noviembre del año en curso, el organismo en mención, publicó en el Periódico Oficial del Estado el Acuerdo número 52/Ordinario/2020, por medio del cual se modifican los Lineamientos Especiales de bonificaciones y descuentos en las cuotas y tarifas por el servicio público que prestan las Juntas Municipales y Rurales de Agua y Saneamiento en el Estado de Chihuahua, en donde se amplía a los meses de noviembre y diciembre del presente año las bonificaciones y descuentos que se vienen aplicando derivado de la pandemia.
“Como puede apreciarse, la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua ha sido sensible ante la situación que impera en la Entidad derivado de la Pandemia del COVID-19, por lo que, ante el panorama que se avizora para el próximo año, es que los integrantes de esta Comisión de Dictamen Legislativo, estimamos oportuno exhortar a esta autoridad para que de ser necesario continúe con esta política de bonificaciones, descuentos y tarifas preferenciales para la población”, culminó el Legislador.
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La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortó al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la de Educación Pública del Gobierno Federal, tengan a bien implementar las acciones y mecanismos necesarios que permitan destinar recursos económicos, materiales y humanos para el funcionamiento, continuidad, fortalecimiento y consolidación de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED).
Lo anterior, fue presentado por la diputada Deyanira Ozaeta Díaz, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, quien dentro de la lectura del dictamen señaló que hay preocupación de que se dejen de destinar recursos económicos para el funcionamiento de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), como consecuencia del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 02 de abril de 2020.
En dicho Decreto, el Presidente de la República instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la Oficina de la Presidencia de la República, así como a los Tribunales Agrarios, para que a la entrada en vigor del dicho Decreto y en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, lleven a cabo los procesos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que funjan como unidades responsables o mandantes, constituye un tema que atañe a esta Comisión por involucrar derechos de las personas con discapacidad.
Por ello, y conscientes de la importancia que representa la voluntad política de quienes encabezan las dependencias y entidades en la administración pública, independientemente del orden de gobierno de que se trate, es que se hace el llamado pertinente para al Poder Ejecutivo Federal, así como a las instancias referidas, para que tengan a bien llevar a cabo cuanto esté a su alcance, para que los CAED, continúen recibiendo no solamente los recursos económicos necesarios para su funcionamiento, sino también los de carácter humano y material, en aras de lograr su mejoramiento y consolidación.
Por último, es importante mencionar que los CAED, son centros de atención que ofrecen preparación académica a nivel Medio Superior en modalidad preparatoria abierta para desarrollar conocimientos, habilidades, conductas y actitudes que permitan la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad.
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Las y los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron a la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, para que se realicen los ajustes necesarios al presupuesto asignado al Órgano Interno de Control del Poder Legislativo para el ejercicio fiscal 2021, para asignarle el financiamiento que lo sitúe en el nivel jerárquico de una Dirección General.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por la Diputada Rocio Sarmiento Rufino del Partido Movimiento Ciudadano, quien mencionó que con estas modificaciones, se espera que se cuente con una estructura orgánica y los recursos necesarios para que el ejercicio de sus atribuciones, tenga autonomía técnica y de gestión que la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo, determinen.
En este sentido, mencionó que se establecerán las acciones necesarias con los organismos constitucionales autónomos, a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, con el propósito de asignar al Órgano Interno de Control de cada uno de ellos, los recursos financieros suficientes, a fin de situarlos en el nivel jerárquico de una Dirección General.
“De tal suerte que, a través de la estructura orgánica y los recursos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, tenga la autonomía técnica y de gestión que la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la propia del Ley que rige a cada uno de ellos, determinan”, abundó.
Dijo que desde el 2015, se adquirió en el rango de constitucional al Sistema Nacional Anticorrupción, al cual Chihuahua se incorporó en octubre de 2017 con los ajustes al Artículo 187 de la Constitución Local, mismo por lo que se crearon mediante reformas, varias leyes secundarias, que además de crear las instituciones necesarias para enfrentar los retos que implica una tarea de ese tamaño, se dio vida legal a los Órganos Internos de Control, tanto de instituciones públicas como de los organismos constitucionalmente autónomos.
“A inicios de este 2020, con la modificación a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento correspondiente, se establecieron las precisiones para concluir con la tarea establecida desde el año 2015, en relación a la construcción del andamiaje institucional para trabajar en el combate a las malas prácticas en materia de responsabilidades administrativas y actos de corrupción.
Sin embargo, refirió que respecto al tema, Chihuahua aún tiene mucho trabajo por hacer, pues, de acuerdo a cifras del INEGI en 2018, sus índices de corrupción lo situaban como la octava entidad más afectada, aunque organismos empresariales como la COPARMEX a nivel nacional, nos favorecen actualmente en lo que se refiere a esos indicadores, en relación a las actividades de sus integrantes con el gobierno.
Recalcó que definidos como las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como de los órganos constitucionales autónomos, para cuyo desempeño debe contar con autonomía técnica y de gestión, los órganos internos de control, surgen a la vida jurídica desde la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y se definen en la leyes generales de la materia, como la figura responsable de promover, evaluar y fortalecer las instituciones del Estado.
“Deberán estar suficientemente sólidos en relación a su estructura orgánica, la que se debe conformar con personal especializado y calificado para la delicada tarea de prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas o actos de corrupción de personas servidoras públicas; razón por la cual, sin lugar a dudas, los instrumentos del Estado para proveerlos de recursos, deben estar a la altura de la enorme responsabilidad que desde la propia Constitución y las leyes que los rigen, se les ha encomendado”, concretó la legisladora.
Por último, recordó que para su debida conformación, el Congreso del Estado inició, a través de una Comisión Especial creada para tal efecto, la selección de las y los candidatos para ocupar la titularidad de los órganos internos de control para que el pleno, de acuerdo a sus atribuciones constitucionales y legales, realice la elección correspondiente.
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Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para que a través de su Dirección de Transporte Público realicen las acciones necesarias para que El Valle de Juárez, cuente con un servicio de transporte público digno, eficiente, a costo razonable y sobre todo, con más recorridos por día.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por la diputada Leticia Ochoa Martínez del Partido de MORENA, quien mencionó que al oriente de Ciudad Juárez, se encuentran múltiples poblados y que la actividad económica principal de los habitantes, es la agricultura.
“Desde la década de los cincuentas, aquella zona fue incentivada a la agricultura al realizarse obras de irrigación en toda la región, como característica de estos poblados, es que son pequeños y que carecen de los servicios de oficinas de gobierno, escuelas, hospitales adecuados, farmacias, tiendas departamentales y de productos de primera necesidad, entre otros, es por ello que la mayoría de la gente, se traslada a la ciudad de Juárez para satisfacer las carencias”, mencionó.
En este sentido, dijo que el Valle de Juárez cuenta con una población dividida, entre: San Isidro cuenta con 3500 habitantes; San Agustín que cuenta con casi 1400 habitantes; Jesús Carranza, cuenta con más de 500 habitantes; El millón, cuenta con casi 800 habitantes; el poblado de Caseta cuenta con 1300 habitantes; Barreales con 540 habitantes; el municipio de Guadalupe cuenta con más de 3000 habitantes; el municipio de Praxedis G. Guerrero cuenta con 2200 habitantes; Col. Esperanza con 1200 habitantes; y El porvenir que cuenta con más de un centenar habitantes.
“Como todos los poblados de México en donde la mayor actividad es la agricultura, tal como sucede en El valle de Juárez, cuentan con numerosas carencias y la que hoy expongo ante ustedes compañeros es la del transporte público; en toda la zona de El valle de Juárez existen madres de familia, agricultores y jóvenes que por sus actividades cotidianas o por necesidad se ven obligados a trasladarse a Ciudad Juárez”, abundó Ochoa Martínez.
Apuntó que de tres a cuatro recorridos diarios son los que realiza el trasporte público desde el provenir a Ciudad Juárez por lo que a una persona que por necesidad tiene que trasladarse a la ciudad prácticamente tiene que perder todo el día o inclusive dos días, pues si no alcanza la corrida que sale a El Valle de Juárez desde ciudad Juárez a las seis de la tarde se verá obligada a pernoctar y tomar el trasporte el siguiente día.
Por otro lado, detalló que de tres a cuatro horas son los lapsos que tienen que esperar los pobladores para que salga o pase la unidad de trasporte público, es decir, una persona que sale a las siete de su domicilio, hace tres horas de camino y al momento de regresar, tiene que esperar por lo menos tres horas para tomar el transporte de regreso, sí es que hizo todos los encargos de manera expedita; concretó que en total nueve horas invertidas únicamente en el traslado.
“El servicio de trasporte público es una necesidad básica y un derecho humano, el que la gente de El valle de Juárez carezca de este servicio implica que un joven no asista a las preparatorias o universidades, que las mujeres no puedan ir a recibir atención médica o a adquirir los alimentos que consumirá su familia, que un agricultor no pueda ir por cuenta propia a comprar los aditamentos necesarios para realizar sus tareas, o que un trabajador no pueda obtener un trabajo en la ciudad sin que ello implique el tener que pedir como favor que lo trasladen de un lado a otro en automóviles particulares, a lo que se le suma el riesgo de contraer COVID-19 con los cupos saturados”, puntualizó.
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Las y los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron a la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública de esta Soberanía, a efecto de que se etiqueten recursos dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, para proveer la adquisición de los equipos que actualmente se requieren en la Fiscalía del Distrito Zona Norte.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado Gustavo De la Rosa Hickerson del Grupo Parlamentario de MORENA, en voz de su compañero Miguel Ángel Colunga Martínez, y quien detalló que se solicita la cantidad económica de $10, 169, 685.21 pesos, para aplicarse específicamente en el área de química del Departamento de Servicios Periciales.
En este sentido, recordó que en Ciudad Juárez, el 90 por ciento de los homicidios se relacionan con el narcomenudeo y que se ha convertido en un territorio de consumo, por lo que se deja de un lado el ser un territorio de tránsito de estupefacientes.
“El municipio es una plaza de comercialización de drogas atractiva para los grupos criminales, que se disputan el territorio, causando homicidios y otros delitos como robo. Delitos como violencia familiar y sexual además del robo, se exacerban con el uso de narcóticos. La tasa de narcomenudeo es 8 veces mayor al promedio nacional en Ciudad Juárez”, detalló.
Dijo que mediante escrito de 11 de diciembre de 2020, el Coordinador del Comité de Narcomenudeo de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, Jorge Contreras Fornelli, promovió ante esta Soberanía para solicitar se discuta y en su caso apruebe, específicamente la adquisición de los equipos que actualmente se requieren en el área de química del Departamento de Servicios Periciales.
Expresó que se encuentran descritos de forma detallada en el oficio número FGE.6C.ZN.37.LQ.01.084/1/1/00485/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 que en copia anexó a la solicitud.
Explicó que Comité de Narcomenudeo de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez que coordina, se estableció en 2017 debido a las problemáticas relacionadas con adicciones y narcomenudeo, convocado por sociedad civil e integrado por los tres poderes, los tres niveles de gobierno y sociedad civil para el combate de delitos contra la salud y atención y prevención de adicciones.
“El Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en Ciudad Juárez, recibe un promedio de 550 personas al mes por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, de los cuales, aproximadamente 150 detenidos en flagrancia, son puestos a disposición de un Juez de Control y para el 74 por ciento restante, no es posible determinar la situación jurídica en virtud de que no se cuenta con el dictamen pericial en materia de identificación de sustancias, necesario para determinar el ejercicio o no de la acción penal”, concretó.
Puntualizó que actualmente se requiere un equipo cromatógrafo de gases (CG/MS) acoplado a espectrómetro de Masas, 2 espectrómetros de masas de alta presión portátil, un espectrofotómetro infrarrojo y espectroscopia Raman portátil y un espectrofotómetro infrarrojo, lo anterior para buscar abatir el rezago, atender las puestas a disposición al día y ampliar la capacidad de análisis en casos complejos donde la sustancia se encuentra en cantidades traza, ya que actualmente con la tecnología que se cuenta no es posible su identificación.
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Integrantes del Congreso local, exhortaron a la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública de esta Soberanía, para que se etiqueten recursos económicos dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, a efecto de que se garantice el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado de MORENA, Miguel Ángel Colunga Martínez, en representación de su compañero, Gustavo De la Rosa Hickerson y quien mencionó que dentro del documento se especifica que estas acciones harán que se logre la correcta integración del Comité de Participación Ciudadana.
“Como legisladores una de nuestras tareas más importantes es vigilar que la administración pública se lleve a cabo de una manera eficiente, en bienestar de las y los chihuahuenses que nos han encomendado, a todos aquellos que desempeñamos un cargo público, la tarea de vigilar y cumplir de manera cabal con nuestras funciones, apegados siempre a derecho y enfocados en mejorar las condiciones de la sociedad”, inició el legislador.
Explicó que la corrupción en las instituciones públicas y diferentes niveles de gobierno, ha sido un “cáncer” para los chihuahuenses, quienes han confiado en personas que han utilizado el gobierno de Chihuahua para cometer actos en contra de la sociedad.
Dijo que como una medida para evitar lo anterior, en el mes de agosto del 2017 se integró en la Constitución Local, el Sistema Estatal Anticorrupción previsto en el artículo 187, donde se establece que será éste, la instancia encargada de la coordinación entre los órdenes de gobierno, tanto estatal como municipal, competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
“El diseño de este Sistema le da voz a las y los chihuahuenses en un Comité de Participación Ciudadana (CPC), que funge como elemento vinculatorio entre la sociedad y gobierno en temas de corrupción, el seguimiento al adecuado funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción y que además preside los trabajos de la instancia de coordinación de ese Sistema”, recalcó.
Además, comentó que es necesario garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción y la participación de ciudadanos libres en él y poder brindarle las herramientas para que dicho sistema cumpla con el propósito para el cuál fue creado.
“el presupuesto propuesto para el año 2021 no solo es insuficiente para llevar a cabo los proyectos antes mencionados, sino también para cubrir los honorarios de los miembros del Comité de Participación Ciudadana según lo establecido en la misma ley; entendemos que el estado atraviesa una crisis financiera, sin embargo, con tan solo diez millones de pesos extras el Sistema Estatal Anticorrupción podría continuar con su funcionamiento y con la elaboración de los proyectos pendientes”, finalizó.
