El presidente Donald Trump ha reclamado un poder prácticamente ilimitado para eludir al Congreso e imponer impuestos radicales a los productos extranjeros. Ahora, un tribunal federal de apelaciones ha puesto un obstáculo en su camino.
El fallo del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos confirmó en gran medida una decisión de mayo de un tribunal federal especializado en comercio en Nueva York el viernes. Sin embargo, la decisión del tribunal de apelaciones (7-4) anuló una parte de ese fallo, anulando inmediatamente los aranceles, lo que da tiempo a su Administración para apelar ante el Tribunal Supremo de EE.UU.
El fallo supuso un importante revés para Trump, cuyas erráticas políticas comerciales han sacudido los mercados financieros, paralizado a las empresas por la incertidumbre y suscitado preocupación por el aumento de los precios y la ralentización del crecimiento económico.
¿Qué aranceles ha tumbado el tribunal?
La decisión del tribunal se centra en los aranceles que Trump aplicó a casi todos los socios comerciales de EE.UU. en abril y los gravámenes que impuso antes a China, México y Canadá.
Trump, el 2 de abril -el Día de la Liberación, lo llamó-, impuso los llamados aranceles recíprocos de hasta el 50% a los países con los que Estados Unidos tiene déficit comercial y aranceles básicos del 10% a casi todos los demás.
Posteriormente, el presidente suspendió los aranceles recíprocos durante 90 días para dar tiempo a los países a negociar acuerdos comerciales con Estados Unidos y reducir sus barreras a las exportaciones estadounidenses. Algunos de ellos lo hicieron -incluidos el Reino Unido, Japón y la Unión Europea- y llegaron a acuerdos desiguales con Trump para evitar aranceles aún mayores.
Aquellos que no se doblegaron, o que de otro modo provocaron la ira de Trump, se vieron más afectados a principios de este mes. A Laos, por ejemplo, se le impuso un arancel del 40%, y a Argelia un gravamen del 30%. Trump también mantuvo los aranceles básicos.
Reclamando un poder extraordinario para actuar sin la aprobación del Congreso, Trump justificó los impuestos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, declarando que los prolongados déficits comerciales de Estados Unidos eran “una emergencia nacional”.
En febrero, había invocado la ley para imponer aranceles a Canadá, México y China, afirmando que el flujo ilegal de inmigrantes y drogas a través de la frontera estadounidense equivalía a una emergencia nacional y que los tres países debían hacer más para detenerlo.
La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la potestad de fijar impuestos, incluidos los aranceles. Pero los legisladores han permitido gradualmente que los presidentes asuman más poder sobre los aranceles, y Trump lo ha aprovechado al máximo.
El recurso judicial no abarca otros aranceles de Trump, incluidos los gravámenes sobre el acero, el aluminio y los automóviles extranjeros que el presidente impuso después de que las investigaciones del Departamento de Comercio concluyeran que esas importaciones amenazaban la seguridad nacional estadounidense.
Tampoco incluye los aranceles que Trump impuso a China en su primer mandato -y que el presidente Joe Biden mantuvo- después de que una investigación gubernamental concluyera que los chinos utilizaban prácticas desleales para dar a sus propias empresas tecnológicas una ventaja sobre sus rivales de Estados Unidos y otros países occidentales.
¿Por qué falló el tribunal en contra del Presidente?
La Administración argumentó que los tribunales habían aprobado el uso urgente de aranceles por parte del entonces Presidente Richard Nixon en el caos económico que siguió a su decisión de poner fin a una política que vinculaba el dólar estadounidense al precio del oro. La Administración Nixon invocó con éxito su autoridad en virtud de la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, que precedió y proporcionó parte del lenguaje jurídico utilizado posteriormente en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
En mayo, el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. en Nueva York rechazó el argumento, dictaminando que los aranceles del Día de la Liberación de Trump “exceden cualquier autoridad concedida al presidente” en virtud de la ley de poderes de emergencia. Para tomar su decisión, el tribunal de comercio combinó dos impugnaciones -una de cinco empresas y otra de 12 estados de EE.UU.- en un solo caso.
El viernes, el tribunal federal de apelaciones escribió en su fallo de 7-4 que “parece improbable que el Congreso pretendiera… conceder al Presidente una autoridad ilimitada para imponer aranceles”.
Una disidencia de los jueces que no estuvieron de acuerdo con el fallo del viernes despeja un posible camino legal para Trump, concluyendo que la ley de 1977 que permite acciones de emergencia “no es una delegación inconstitucional de la autoridad legislativa en virtud de las decisiones del Tribunal Supremo”, que han permitido a la legislatura conceder algunas autoridades arancelarias al presidente.
Entonces, ¿dónde deja esto la agenda comercial de Trump?
El Gobierno ha argumentado que, si se anulan los aranceles de Trump, podría tener que devolver parte de los impuestos a la importación que ha recaudado, lo que supondría un duro golpe financiero para el Tesoro estadounidense. Los ingresos por aranceles ascendieron a 159.000 millones de dólares (135.800 millones de euros) en julio, más del doble que en el mismo periodo del año anterior. De hecho, el Departamento de Justicia advirtió en una presentación legal este mes que revocar los aranceles podría significar la “ruina financiera” para Estados Unidos.
También podría poner a Trump en un terreno inestable al tratar de imponer aranceles en el futuro. “Si bien los acuerdos comerciales existentes pueden no deshacerse automáticamente, la Administración podría perder un pilar de su estrategia de negociación, lo que podría envalentonar a los gobiernos extranjeros a resistir futuras demandas, retrasar la implementación de compromisos previos o incluso tratar de renegociar los términos”, dijo Ashley Akers, asesora principal del bufete de abogados Holland & Knight y exabogada litigante del Departamento de Justicia, antes de la decisión del tribunal de apelaciones.
El presidente prometió llevar el caso ante el Tribunal Supremo. “Si se permite que se mantenga, esta decisión destruiría literalmente a los Estados Unidos de América“, escribió en su plataforma de redes sociales.
Trump dispone de leyes alternativas para imponer impuestos a la importación, pero limitarían la rapidez y severidad con la que podría actuar. Por ejemplo, en su decisión de mayo, el tribunal de comercio señaló que Trump conserva un poder más limitado para imponer aranceles para hacer frente a los déficits comerciales en virtud de otro estatuto, la Ley de Comercio de 1974. Pero esa ley restringe los aranceles al 15% y a solo 150 días a los países con los que Estados Unidos tiene grandes déficits comerciales.
La Administración también podría invocar gravámenes en virtud de una autoridad legal diferente -la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962-, como hizo con los aranceles sobre el acero, el aluminio y los automóviles extranjeros. Pero esto requiere una investigación del Departamento de Comercio y no puede imponerse simplemente a discreción del presidente.
