SERGIO ARMANDO López-Castillo
En esta vorágine de aspiraciones presidenciales, de uno y otro bando, recientemente cobró vigencia aquel adagio popular que dice: “El pez por su boca muere”.
Así, la novatez en la vida política del país, de la precandidata a la Presidencia de la República por la oposición (Frente Amplio por México), se mostró de manera fatal, porque, al decir, en una entrevista, que el gobierno federal le quitó un contrato como empresaria, incurre en una falta que no requiere denuncia alguna, sino que, en automático, es considerada una infractora.
El artículo 7º. de la Ley de Responsabilidades Administrativas, en su párrafo X, señala: “Se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros, para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en razón de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad”.
La senadora trató de denunciar la cancelación de un contrato de su empresa High Tech Services, casi medio millón de pesos, como parte, de lo que ella estima, como una persecución política del Presidente López-Obrador, contra ella.
En el programa “Así las cosas”, de W Radio, en días pasados, dijo que había ganado la licitación, ella como mujer de negocios, cuando no puede ser empresaria y servidora pública al mismo tiempo, porque eso cae en los delitos de cohecho, peculado, tráfico de influencias y abuso de la función pública.
El conocimiento mínimo de cualquier servidor público radica en diferenciar sus actividades empresariales con la vida pública, pero a pesar de que era evidente que sabía, la senadora incurrió en esta falta que puede costarle no sólo la posibilidad de ser candidata presidencial, sino la propia senaduría que ostenta.
Xóchitl Gálvez Ruíz se caracterizó en los últimos años como una de las denunciantes de este tipo de actos, en este contexto habló de la Casa Gris que rentaba el hijo del Presidente de la República en Estados Unidos, asegurando que la había comprado, de los contratos similares a los de ella, de la tía del presidente, Felipa Obrador, además denunció airadamente actos similares en los que ahora incurre.
Por si fuera poco, se ventiló en los medios el hecho de que nunca registró en su declaración patrimonial sus propiedades, principalmente sus empresas más grandes, con las que ha tenido contratos en por lo menos, tres administraciones públicas.
Por si fuera poco, el diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez denunció a la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz por presunto enriquecimiento al amparo del poder público y lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera.
Robles Gómez dijo que ha “observado discrepancias en los ingresos declarados por la senadora”; además, varios de los contratos celebrados entre sus empresas y dependencias del Estado se formalizaron durante su paso por la administración pública.
Puntualizó que respecto de su empresa High Tech Services, sólo se señala que Gálvez Ruiz era la directora general, “jamás informa que fue dueña de esa persona moral”.
La trayectoria delictiva de la panista inicia desde los 90 cuando inició sus empresas al amparo de las administraciones públicas panistas. Es decir, la intempestiva e inexplicable adquisición de dinero para crear empresas, forma parte de las investigaciones que deberán realizarse. La trayectoria verdadera de la senadora panista no sólo descubre ilícitos en el desarrollo de sus compañías sino que desmiente el origen humilde del que hace gala en los medios y que utilizó para crear simpatías entre la población con el objetivo de ser señalada como la candidata ideal de la oposición.
Xóchitl pasó de la amenaza al Presidente, al reto, luego a las lágrimas ante las cámaras de televisión cuando dijo que llevaba dulces y juegues a los niños de su pueblo natal, situación que los habitantes de ese lugar no recuerdan. Mostraba su frustración por ser descubierta.
