Víctor Manuel Sánchez Valdés
Una de las herramientas predilectas de las autoridades municipales en México para hacer frente a la inseguridad es el uso de cámaras de videovigilancia, que permiten desde centros de control, comando, comunicación y cómputo, coloquialmente conocidos como C4, ver lo que sucede en las ciudades en tiempo real. De manera que, al tener muchos ojos a través de la tecnología, las autoridades pueden responder mejor y más rápido a las emergencias que se presentan y combatir el crimen.
Ello ha propiciado un crecimiento importante en la cantidad de cámaras de videovigilancia instaladas en las principales ciudades del país, bajo la premisa de que a mayor sea la cantidad de equipos instalados, menor será la incidencia delictiva. Aunque la evidencia al respecto apunta a que la reducción no es tan grande, tal como lo han documentado académicos como Eric Piza, Brandon Welsh, David Farrington y Amanda Thomas.
Esta herramienta también la comenzaron a utilizar los particulares, es decir, personas preocupadas por robos a sus hogares o empresas, que compraron e instalaron cámaras en espacios privados, lo cual propició un desarrollo de la tecnología y el abaratamiento de los equipos, al grado que hoy se pueden comprar con suma facilidad y a precios muy asequibles, cámaras con muchos proveedores y en internet.
Derivado de que cualquier persona puede adquirir cámaras a bajo costo y que las mismas cada vez son menos complejas, es decir, basta garantizar corriente eléctrica y conexión a internet para que funcionen de forma óptima, pronto el crimen organizado comenzó a utilizar los sistemas de videovigilancia urbana y colocar sistemas de monitoreo paralelos a los de las autoridades.
El primer caso de grupos criminales que instalaron su propio sistema de videovigilancia urbana, lo encontramos en Reynosa en 2015, cuando el Cártel del Golfo puso 39 cámaras conectadas a internet en diferentes puntos de la ciudad para vigilar a las autoridades y a sus rivales.
Esto les dio una ventaja, porque las cámaras se encontraban afuera de las estaciones de policía, de los cuarteles del ejército, de las instalaciones de la Procuraduría y en las principales avenidas, de forma que cada que salían elementos de alguna estación los podían ver en tiempo real y tomar decisiones a partir de ello.
Otras organizaciones criminales no tardaron en emular el ejercicio, por ejemplo, el Cártel de Sinaloa hizo lo propio en Culiacán y Mazatlán, el Cártel Jalisco Nueva Generación las colocó en municipios rurales como Teocaltiche, la Línea del Cártel de Juárez en Parral y Jiménez en Chihuahua, la Barredora en Villahermosa o el Cártel Santa Rosa de Lima en Celaya.
En el mapa anterior podemos observar los 20 municipios con mayor cantidad de cámaras colocadas por el crimen organizado, aunque puede haber más casos de ciudades en donde existen estas redes ilegales de videovigilancia, que aún no han sido descubiertas, o bien, que en alguno de estos municipios la cantidad de cámaras sea mucho mayor.
En el mapa destacan dos municipios en particular: Culiacán con al menos 2 mil cámaras y Celaya con mil 400 cámaras. Son espacios en donde se libran cruentas batallas por el control del territorio, en el primer caso entre las facciones del Cártel de Sinaloa con los Chapitos y la Mayiza, y en el segundo entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación, de modo que, en las dos situaciones, las partes involucradas tienen incentivos para colocar cámaras y espiar a sus rivales.
También tienen una cantidad muy alta de cámaras ilegales municipios como León, Naucalpan, Tijuana, Acapulco, Tecate, Reynosa, García, Teocaltiche y Ecatepec, solo por mencionar algunos. Aunque en el mapa se omiten los municipios en donde se ha encontrado menos de 30 cámaras, que son muchos, ya que se estima que estos sistemas se encuentran en 75 municipios de 23 entidades federativas, que en conjunto tienen más de 10 mil aparatos ilegales.
Existen varios factores que explican la proliferación de la instalación de sistemas de videovigilancia en las ciudades, los cuales se desarrollan a continuación:
- Costo moderado de los aparatos, ya que la mayoría de los equipos cuestan unos cuantos miles de pesos, incluso hay algunas cámaras que se pueden conseguir por menos de mil pesos, por lo que el costo-beneficio de instalar los sistemas es muy favorable.
- La fácil mimetización de los aparatos, ya que como hay tantas cámaras en la calle, no solo del gobierno, sino de particulares, es fácil que pasen desapercibidas. Incluso las organizaciones criminales en algunos casos, como los de León, Guanajuato, les pusieron a las cámaras logos de la CFE y de Telmex, para confundir a las autoridades.
- Pueden usar menos halcones, es decir, reducir la cantidad de trabajadores que están al pendiente de los movimientos de los enemigos y autoridades en las calles, o también pueden combinar la vigilancia en físico con la remota, a través de las cámaras.
- Les permite hacer vigilancia en tiempo real las 24 horas, además de hacerlo de forma segura desde un centro de monitoreo.
- Les ayuda a plantear estrategias en tiempo real, por ejemplo, pueden saber la mejor ruta para escapar en una persecución o determinar el trayecto de sus rivales para emboscarlos.
Sin embargo, lo anterior también plantea retos para acabar con esta práctica, que tiene impactos negativos en la seguridad de dichas ciudades, por lo que se pueden implementar las siguientes estrategias para reducir la proliferación de cámaras ilegales en espacios urbanos:
a) Incrementar las penas a quienes sean sorprendidos instalando cámaras en vía pública, sin el permiso necesario, de forma que se aumente el riesgo para los técnicos y operadores que se encargan de la colocación de las mismas.
b) Desarrollar a través de CFE un programa de identificación de equipos no autorizados, en donde los trabajadores mapeen las cámaras sospechosas en todo el territorio nacional.
c) Contar con padrones estatales de cámaras de videovigilancia, en donde se identifique con claridad la ubicación de cada cámara que ponen las entidades y municipios, para que ello facilite la tarea de descubrir cuáles no están autorizadas.
d) Contar dentro de las policías estatales y municipales con equipos que puedan identificar cámaras no autorizadas.
e) Generar estrategias sobre los sitios a revisar para localizar cámaras ilegales, por ejemplo, comenzar primero en las inmediaciones de los cuarteles de la policía y del ejército.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (@victorsanval) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: victorsanval@gmail.com
