eduardo arredondo Pueden exonerarlo. Puede recuperar su libertad completa. Y bien que lo sabe César Duarte, incluso si llega a probar su inocencia ante los tribunales. Lo que ya no puede recuperar tan fácilmente es lo que alguna vez fue suyo… aunque no lo pareciera.
Porque nadie —hasta el día de hoy— ha podido explicar quién vendió sus animales, quién cuidó sus propiedades y quién tomó decisiones sobre bienes asegurados, como si fueran de su propiedad, sin respetar los procesos que la ley exige.
Lo cierto es que esos bienes —semovientes, ranchos, propiedades de alto valor— no estaban bajo su posesión, pero sí bajo la custodia del Estado. Y ese Estado falló. Vendió, se deshizo o descuidó lo que debió resguardar. ¿Resultado? Posibles responsabilidades administrativas e incluso penales para quienes, por omisión o por consigna, decidieron ignorar lo que la ley establece con claridad.
Pero el escándalo no termina ahí.
Javier Corral, entonces gobernador, decidió ir más lejos: instruyó al Congreso de Chihuahua, dominado por él, que aprobara una ley de extinción de dominio —hecha a la medida, sin una coma más ni una coma menos— para “quedarse” con los bienes de Duarte. La maniobra fue celebrada, difundida como una victoria contra la corrupción. Pero era ilegal.
La Suprema Corte de Justicia fue contundente: ese Congreso no tenía facultades para legislar en la materia. Solo el Congreso de la Unión. El resultado fue humillante: el gobierno estatal tuvo que devolverle a Duarte las propiedades que ya había “incautado”.
Y con eso, se derrumbó uno de los estandartes más publicitados del sexenio de Corral.
Hoy, los bloques políticos se lanzan culpas mutuas: morenistas contra prianistas y viceversa. Todos se acusan de ser “duartistas”. Pero la diferencia es sutil: el secretario de Hacienda de Duarte pactó un “criterio de oportunidad” para no pisar la cárcel y denunciar a otros —como Duarte—, mientras que el de Corral… está prófugo.
Corral tuvo en sus manos el poder suficiente para cerrar los dos expedientes que más rédito político le dieron: llevar a Duarte a prisión y frenar la carrera de Maru Campos. ¿Qué hizo? Guardó la denuncia robusta de Jaime García Chávez contra Duarte en un cajón. Y con Maru… hizo una tregua.
Mientras no aparecieron los cheques originales que supuestamente Duarte entregó a Maru y César Jáuregui, Corral decidió que convenía una alianza política. Le apostó a la gobernabilidad, a cambio de que el PAN conservara mayoría en el Congreso local durante la segunda mitad de su mandato. Maru, entonces, seguía en campaña. Corral la respaldó en los hechos, aunque después apostara por Gustavo Madero.
El resto es historia: Maru ganó, Duarte cayó, Corral terminó sumándose a la llamada Cuarta Transformación. No como perseguido político, sino como creyente converso de “la congruencia hecha gobierno”.
Una historia de traiciones, omisiones y simulaciones. Una historia que no ha terminado.
