EDUARDO ARREDONDO El Estado contra la Constitución: el doble juicio a César Duarte
La reanudación del proceso penal contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por un supuesto lavado de dinero no representa un avance en el combate a la corrupción. Representa, en cambio, una preocupante regresión del Estado de derecho, en la que el poder punitivo parece decidido a imponerse incluso sobre los límites que la Constitución le marca.
La Fiscalía General de la República insiste en presentar como una nueva causa penal lo que, en sustancia, ya fue materia de investigación, proceso y resolución. Cambiar el nombre del delito no altera la naturaleza de los hechos. El principio de Non Bis in Ídem, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales, es inequívoco: nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos actos. Desconocerlo no es un tecnicismo menor; es una fractura deliberada de la legalidad.
Lo alarmante no es solo la debilidad jurídica del nuevo señalamiento, sino el mensaje institucional que se envía: si el Estado no obtiene una condena, puede volver a intentarlo, reformulando la acusación hasta desgastar al acusado o satisfacer la presión política del momento. Este precedente es incompatible con cualquier sistema democrático que se pretenda serio.
Aún más grave es el uso de la prisión preventiva como herramienta de presión. Privar de la libertad a una persona sin sentencia firme, apoyándose en argumentos genéricos y especulativos, convierte al proceso penal en una pena anticipada, vulnerando la presunción de inocencia. La cárcel sustituye a la prueba; el encierro reemplaza al debido proceso.
Este no es un debate sobre la figura de César Duarte ni sobre su trayectoria política. Es un debate sobre los límites del poder del Estado. Cuando las instituciones deciden ignorar las garantías constitucionales para obtener resultados simbólicos, la justicia deja de ser justicia y se convierte en venganza.
Hoy, la responsabilidad recae en el Poder Judicial. La jueza federal María Jazmín Ambriz López no solo debe resolver una vinculación a proceso; debe definir si el sistema de justicia mexicano aún reconoce fronteras legales o si ha normalizado la persecución penal reiterada como método de control político.
Defender el Non Bis in Ídem no es defender a una persona. Es defender a todos los ciudadanos frente a un Estado que no puede, ni debe, juzgar indefinidamente hasta lograr una condena. ciudadano está realmente a salvo del poder punitivo. Hoy es un exgobernador; mañana, cualquiera.
