Pues resulta que, aunque botó muy lejos el procedimiento que aprobó el Congreso de Nuevo León para tratar de castigar al Bronco por utilizar recursos del erario para su campaña presidencial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mostró el caminito para poner al gober en el banquillo….
Ya será cuestión de los legisladores regios si lo hacen como se debe.
Por ser un procedimiento inconstitucional, la SCJN invalidó el procedimiento que legisladores de Nuevo León establecieron para sancionar al Bronco. De acuerdo con los ministros, hubo una invasión de competencias… lo cual quiere decir que, si realmente se quiere ir por un juicio político contra el gobernador regio, se debe hacer conforme a los procedimientos marcados en la Constitución.

“El Congreso local creó un procedimiento especial para sancionar al titular del Poder Ejecutivo local, en lugar de apegarse al sistema de responsabilidad contemplado a nivel Constitucional y también previsto en la legislación local para aplicar dichas normas en el proceso que se analiza”, señaló la Corte.
De acuerdo con Reforma, el Congreso de Nuevo León se armó dicho procedimiento a petición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual ya ratificó en varias ocasiones que se debe sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, por haber utilizado recursos públicos para juntar las firmas ciudadanas con las que acabó por obtener la candidatura presidencial ciudadana en 2018.

El Bronco todavía no la libra

A lo anterior no le movieron los miembros de la Corte: sigue intacta la petición del Tribunal Electoral, nomás es cuestión que el Congreso de Nuevo León haga las cosas como se debe… bueno, si es que de verdad se quiere ver al Bronco enfrentando un juicio político.
“Se deja a salvo esa facultad para que, de estimarlo oportuno, el Congreso local regularice el proceso de atribución de responsabilidades que ordenó la Sala Regional Especializada del TEPJF, bajo los lineamientos expresados en esta resolución, tomando como base el sistema de responsabilidad política“, remarcó la SCJN.

Así que lo que ahora deberán hacer los legisladores de Nuevo León  es ajustarse al artículo 110 constitucional, el cual es claro: “los ejecutivos de las entidades federativas (…) sólo podrán ser sujetos de juicio político (…)por violaciones graves a esta Constitución (…) así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales”.
Las sanciones a las que se podría hacer acreedor El Bronco van desde su destitución, hasta su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos por un periodo de tiempo que las autoridades judiciales se encargarán de determinar.
“Para la aplicación de las sanciones (…) la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado”, se explica en el artículo citado.