El derecho penal no sanciona molestias políticas
Por Eduardo Arredondo
La decisión de un juez federal de no vincular a proceso al empresario Eduardo Almeida deja al descubierto algo más profundo que un simple revés judicial: el riesgo de usar al Estado como instrumento para dirimir agravios personales y disputas políticas.
El origen del caso fue un encuentro incómodo en el Aeropuerto Internacional de Chihuahua. Hubo reclamos, palabras fuertes y enojo. Nada ajeno a la confrontación política. Lo verdaderamente alarmante ocurrió después, cuando el senador y exgobernador Javier Corral recurrió al aparato penal del Estado, apoyándose incluso en peritajes y una evaluación psicológica de la FGR, para intentar convertir una expresión de molestia en un delito.
El juez fue claro: no todo conflicto amerita persecución penal. Utilizar el derecho penal para sancionar expresiones incómodas sienta un precedente peligroso, especialmente cuando quien denuncia es un actor con poder político.
En un país marcado por la violencia y la impunidad, resulta cuestionable que los recursos del Estado se empleen para procesar enojos, mientras los delitos verdaderamente graves siguen sin respuesta. El fallo no solo absuelve a Almeida: pone un límite necesario al uso político de la justicia.
Esto confirma lo que siempre fue evidente: el senador Javier Corral pretendió convertir un berrinche personal en un asunto penal,
