-Unos dicen que retacharon la copa, otros que no
-Más datos sobre ‘documental para Netflix’
-Si quieren escoltas, que los paguen
Tal como fue anticipado hace unos días, ayer el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer la militarización de más aduanas en el norte del país, aparte de las 13 en las que el Ejército ha tomado el control.
Mi general Sandoval hizo el anuncio oficial en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, con reportes de incrementos en la recaudación hasta de 30 por ciento en las aduanas manejadas por militares. Excelente publicidad la del general.
Se espera que hoy, según las versiones que corren en la Aduana de Ciudad Juárez, sean fijados términos y plazos de la intervención militar.
Esto llegará a debilitar al interino jefe de la dependencia en la frontera, Roberto Vera Azar, pues los funcionarios actuales del Servicio de Administración Tributaria, como él, pasarán a realizar labores meramente administrativas, chalaneras.
El trabajo operativo desde la cabeza correrá a cargo de algún mando militar, que es básicamente el cambio venidero. Actualmente los soldados prestan servicios diversos en las aduanas, sobre todo de vigilancia, pero ahora serán quienes manden en la dependencia; serán los jefazos.
De acuerdo a un plan que existe desde el año 2019, a raíz de un convenio firmado entre el SAT y la Defensa Nacional al finalizar el 2018, la milicia presentó más de 60 perfiles de jefes y oficiales, algunos en retiro, listos para asumir la titularidad de las aduanas.
En ese combo, al que apenas han entrado poco más de una decena de aduanas, es en el que entraría una de las más activas, rentables y “suculentas”, como es la de Juárez.
El mando civil quedaría, pues, para la tramitología, pero con supervisión militar en la operatividad. El fin general es sellar la porosa frontera que vale millones de dólares por hora.
Los objetivos específicos serán el “huachicol” (en este caso gasolinas importadas que superan los cupos máximos y no pagan las cuotas que deben) y el tráfico de armas de Estados Unidos a México.
De entrada ya hay malestar en la tropa administrativa del SAT que estaba acostumbrada a ganar sus “extras” sin la molestia vigilancia militar encima.
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En lenguaje del mundo delictivo “retachar la copa” significa devolver dinero.
Un ejemplo puede ser lo ocurrido con los supuestos 600 mil dólares “asegurados” por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) a una pareja el viernes de la semana pasada. Por cuarto hemos abordado el tema en La Columna.
Tras varios días de manita de puerco aplicada por los medios de comunicación al secretario de Seguridad Pública estatal, Emilio García Ruiz, dijo oficialmente que la cifra decomisada fue por 350 mil dólares y una pistola nueve milímetros.
Hasta el momento no queda claro el origen del dinero; ni siquiera la detención de la pareja, solo las pruebas en video de que los policías ingresaron a un domicilio cerca de calle Del Ejido y López Mateos.
Pero de alguien hubo inconformidad. Los videos fueron circulados en redes sociales junto con la versión precisamente de que el decomiso fue por 600 mil verdes y que los consignados a la Fiscalía General de la República solo fueron 300 mil o cuando mucho 350 mil.
Algunas fuentes extraoficiales dicen que hubo “retache de copa”; es decir que la diferencia fue regresada al dueño o dueños del dinero; otras fuentes afirman que no hubo devolución, con todo e implicaciones.
Es muy fácil para el patrón de la Secretaría de Seguridad Estatal, el mismo gobernador, Javier Corral, conocer la verdad. Mandos de la corporación policiaca habrían obligado a varios agentes a firmar un documento que se llama “informe policial homologado” o IPH sobre los hechos, mientras permitían que se dieran a la fuga los comandantes implicados.
Pero no quieren que la verdad se conozca. Ni un solo boletín de prensa han girado. No son tres cacahuates los desaparecidos ni solo policías de tropa los involucrados.
De ahí tanta información en los socorridos “fuera de libreta” para redes y columnas.
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Han sido pocos los secretos que Palacio de Gobierno ha podido guardar al interior de sus paredes de cantera durante los casi cinco años transcurridos de la presente administración.
Aunque allá adentro todo mundo le debe a Javier Corral por continuar en la nómina pública prácticamente nadie le guarda la lealtad ni mucho menos respeto porque a cambio no reciben tampoco cortesía ni consideraciones más allá de ciertas complicidades.
Muchísimas personas que laboran en gobierno, miles, le tienen amor a su trabajo y lo desarrollan con excelencia, pero dependen del estado hormonal, del humor en altibajos y el autoritarismo del gobernador para mantener sus posiciones.
No cuajó el servicio civil de carrera y todos, toditos en Palacio, permanecen expuestos a que Corral los despida en cualquier momento.
Publicamos aquí la semana pasada sobre una encerrona llevada a cabo en la ex Casa de Gobierno en la ciudad de Chihuahua, donde hubo alcohol y aquelarre tras una pasarela de entrevistas, testimonios, fotos y videos.
Corral, César Peniche, “Paquito” González, agentes del ministerio público y otros funcionarios participaron en el intento de un documental para Netflix que buscar presentar como villano, obvio, a César Duarte.
Apenas descubrimos de lo que se trataba, todos ellos intentaron esconder el objetivo real de la grabación-pachanga. Justificaron que el encuentro fue para revisar asuntos de seguridad.
Ahora tenemos más datos. Nos aseguran desde Palacio que la productora televisiva correspondiente lleva por nombre Avena Films… y tiene oficinas en la ciudad de Chihuahua en José María Mari 3702, de la colonia Santo Niño. Quizá le contrataron algunos servicios de video etc.
Lo raro es que las “comitivas” con los técnicos, camarógrafos y demás personal visto por funcionarios de gobierno en los ranchos y propiedades de César Duarte fue desplazado en camionetas van blancas y choferes con direcciones en Jardines de San Marcos, en Ciudad Juárez, una modelo 2008; otra 2014. Tenemos un par de fotos en La Columna digital.
El pecho de los informantes de esta columna no es bodega, pero el de los administradores de gobierno hasta ahora sí; no han detallado costos sobre esos movimientos ni cuándo los chihuahuenses podrán ver en Netflix la calidad integral del “documental”.
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En el cuarto de guerra del candidato Juan Carlos Loera están muy contentos porque no sólo sus encuestas, sino hasta las de Movimiento Ciudadano lo muestran como el puntero en las preferencias electorales para la gubernatura. Y es que Alfredo “El Caballo” Lozoya, difundió un gráfico en sus redes sociales que deja ver a Loera a la cabeza de las preferencias con una ventaja de casi ocho puntos sobre la aspirante del PAN, Maru Campos. De acuerdo con la encuesta que coloca a Lozoya en un tercer lugar, Loera tiene una intención del voto de 28.56 por ciento, mientras que Maru Campos (PAN-PRD), de 20.90 por ciento. “El Caballo” Lozoya afirma que va subiendo en la preferencia electoral y que tiene buena intención del voto.
Desde luego en el cuartel de Maru los datos son otros. Massive Caller difundió números a su favor con 37 por ciento, 26 Loera y 8 Lozoya, mientras que Factométrica aparece también Maru con 37, 29 Loera, 11 Graciela Ortiz y siete por ciento “Lozoya”.
Conforme se aproxime el día D, la guerra de encuestas será mayor. Son más de 70 mil millones en presupuesto anual los que se juegan el primer domingo de junio con la gubernatura. Casi nada.
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Algo deben hacer los regidores, funcionarios e integrantes en general del Ayuntamiento para demostrar a los juarenses que por sus venas corre sangre y no cualquier atole.
El Gobierno estatal aceptó con sin igual desfachatez que las bonitas letras gigantes JRZ colocadas entre la 16 y la avenida Juárez fueron retiradas por una de sus constructoras sin permiso del Municipio. Procedió la empresa particular al estilo del más vale pedir perdón permiso… y fue perdonada.
Igual se metió el Estado por la Gómez y la ciclovía por muchas calles; también por la 16 de Septiembre, sin las autorizaciones de rigor que a los comunes mortales les cuestan millonadas en multas cuando amplían sus viviendas hasta en un baño.
El buen alcalde Ponce Torres, sus funcionarios municipales, los regidores Torres, Beltrán, Madaleno, Guzmán, Monárrez, Armendáriz, Bonilla, Bustamante, Carrasco, Sánchez, Valadés, Solís…estarán pintados o cualquiera les puede pasar por encima?. Hasta una constructora. Se entiende el corralismo de Torres y Beltrán pero la “inmensa mayoría”, como luego suele decirse.
