La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
· Ejercicio de Revocación: Mil 700 millones de pesos derrochados.
· ONU y EU: Razones y argumentos que enmiendan la plana a AMLO.
Finalmente se realizó el cuestionado proceso de revocación de mandato, contra la oposición de muchos y con el respaldo de pocos. Dividió al país, en cierto modo, esta controversial consulta revocatoria, debido a la polarización de opiniones a favor y en contra de su implementación. Así, en medio de la discordia, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo de gobierno desplegaron un cuestionado operativo para promover dicha consulta. Es pertinente recordar que no es la primera vez que las posturas asumidas o las acciones llevas a cabo por el presidente generan división entre los mexicanos, pues lo mismo ha ocurrido en diversas ocasiones durante su mandato.
Tan controversiales como la multicitada consulta de revocación han sido, en su momento, las diatribas públicas en las que que el mandatario se ha enfrascado contra empresarios, periodistas, instituciones (Poder Judicial de la Federación, Instituto Nacional Electoral), clase media e incluso con otras naciones (España y Estados Unidos). Es, sin duda, sui géneris y controvertida la personalidad del actual presidente de México, pues ha dado sobradas muestras de la determinación con la que suele actuar a ultranza cuando se propone realizar sus deseos, sin importar la justificación de éstos. El Tren Maya, el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” y la Refinería Dos Bocas, constituyen ejemplos claros del temperamento del presidente mexicano en turno.
La revocación de mandato no ha sido la excepción, pues no obstante las críticas y señalamientos que se le hicieron, por lo innecesario y costoso de tal ejercicio, finalmente éste se llevó a cabo por la decisión del presidente. Culto a la personalidad, autopromoción, protagonismo, vanidad personal, promoción política electoral partidista con recursos públicos, y muchas otras lecturas o análisis pueden derivarse de citada consulta revocatoria. La verdad es que ante la popularidad de López Obrador no había necesidad de someter a consulta la revocación de su mandato. También resulta cierto que el innecesario ejercicio de consulta tuvo un alto costo financiero, pues implicó la erogación de 1600 millones de pesos, lo que evidentemente fue un derroche de dinero malgastado.
Una reciente nota publicada por un prestigiado diario de la capital del país refiere que la Organización de las Naciones Unidas y Estados Unidos han coincidido en señalar los problemas que actualmente presenta México respecto a los temas de derechos humanos y justicia. Tanto el Comité Contra las Desapariciones Forzadas, integrante de dicho organismo internacional, como el Departamento de Estado de la nación vecina, han señalado la falta de respeto a los derechos humanos que existe en México. Las restricciones a la libertad expresión, las agresiones cometidas contra periodistas, las desapariciones forzadas, y la impunidad de la mayoría de los delitos, son los principales señalamientos
formulados por las instancias mencionadas. Incluso ambas instancias responsabilizan de la situación no sólo al Estado mexicano sino también a funcionarios públicos, policías e integrantes del Ejército. Además, la ONU ha instado al presidente Andrés Manuel López Obrador a que regrese al Ejército mexicano a los cuarteles, y a sus tareas habituales.
Estas observaciones de carácter internacional no deben pasar desapercibidas para el gobierno de México, pues no sólo provienen de instituciones sólidas cuyos análisis gozan de credibilidad internacional, sino que además son el reflejo de la innegable realidad que hoy vive nuestro país. Entre las recomendaciones que debido al actual escenario sería pertinente formular al presidente, podrían hallarse la reorientación de las políticas de seguridad pública y procuración de justicia, así como la adopción de una postura de respeto a las opiniones de todos los periodistas, y de los opositores al gobierno. También sería deseable que el presidente se abstenga de continuar involucrando al Ejército en tareas civiles que no corresponden a sus atribuciones, tales como control de aduanas, construcción de aeropuertos y administración de puertos marítimos. La ONU y Estados Unidos han revelado la necesidad de que en México se resuelva la grave problemática aquí relatada; el presidente López Obrador tiene la última palabra.
