La Cámara de Diputados declaró el domingo la constitucionalidad de la reforma que traslada la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al recibir 26 votos aprobatorios de igual número de congresos locales.
Se requería al menos de la aprobación de 17 congresos locales, por lo que al constatar que se superó este número, los diputados enviaron el decreto al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, emitió la declaratoria.
“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformados y adicionados los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales”.
El Senado comunicó a la Cámara de Diputados de la aprobación de las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas, y de la Ciudad de México.
La reforma establece que el gobierno federal contará con la Guardia Nacional como “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría del ramo de Defensa Nacional (Sedena), para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.
A partir de su entrada en vigor, el Congreso tiene un plazo de 180 días para adecuar el marco jurídico a lo establecido en la reforma constitucional, por lo que mientras transcurre ese lapso, la Guardia Nacional operará bajo el esquema en la que ha venido funcionando.
Los elementos de la extinta Policía Federal que formaban parte del cuerpo, quedarán adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, y conservarán sus derechos laborales.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que con la declaratoria de constitucionalidad de la reforma, se “protegerán los derechos humanos de todas las personas y no habrá ni excesos ni desmesura en su actuación”.
Por su parte, Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, aseguró el pasado viernes en Aristegui en Vivo que a pesar de las promesas iniciales de Andrés Manuel López Obrador de regresar al ejército a los cuarteles y desmilitarizar la seguridad pública, su gobierno optó por lo contrario.
Dayán aseguró que durante el periodo de transición, en noviembre de 2018, Alejandro Encinas le informó que la seguridad pública sería militarizada y que no habría colaboración con organismos internacionales.
