Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el ex general Salvador Cienfuegos se vio envuelto en dos de las mayores matanzas de la Historia reciente de México

El ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda acaba de ser detenido en un aeropuerto de Los Ángeles por una operación conjunta de nombre «Operación Padrino» y su captura dio pie a las más diversas indagaciones sobre su historial de denuncias, las cuales alcanzaron su apogeo en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Desde 2015 las fuerzas armadas, comandadas por Salvador Cienfuegos recibían señalamientos y acusaciones «precisas» y «poderosas» sobre su trabajo, pero él, en 2015 en Chiapas, replegó diciedo que no eran ciertas.Las acusaciones a la turbia labor del general Cienfuegos tienen como epítome la matanza en Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde se inculpó a la facción del estado concerniente al Ejército y su Alto Mando, quien defendió su accionar a pesar de las pruebas en contra

En 2015, en la ciudad de Tapachula, ante oficiales, personal de tropa y  sus familiares, el secretario de la Defensa Nacional aseguró que “ todo lo que se dice en los medios, en la televisión, nada es absolutamente cierto; hay hechos en los que nos quieren involucrar y que está plenamente comprobado que no tenemos absolutamente nada que ver».

Con este mensaje, el titular de la Sedena silenció las críticas que lo ponderaban como correponsable directo de la pérdida de más de una docena de vidas y sostuvo que las acciones del Ejército Federal fueron las correctas;  “no hemos hecho cosas indebidas y, en donde ha habido alguna, se ha castigado plenamente sin mayor discusión de nada”, enfatizó.

Agregó en aquel momento que las Fuerzas Armadas han hecho su mejor esfuerzo para devolver la tranquilidad a la sociedad, ante el apoyo de en aquel entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Lo que hacen las Fuerzas Armadas es lo correcto, estamos trabajando bien, seguiremos en esa misma condición, trabajando fuertemente siempre del lado de las autoridades civiles, de las autoridades Ministeriales, siempre apoyándolos en este ámbito de la seguridad y en todos los ámbitos que además lo hacemos, recalcó el Secretario de la Defensa Nacional.

Durante el cruento caso Tlatlaya, el error del Secretario General fue claro: trató de encubrir crímenes de lesa humanidad, y sólo bajo la presión directa del gobierno de Estados Unidos aceptó que su personal había cometido graves violaciones al derecho internacional humanitario.

En el escándalo, por investigaciones de la prensa, el hecho y sus respectivas protestas por parte del la ciudadanía atrapó la atención de medios internacionales rápidamente y arrastró al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Presidente de la República.

El mayor general es diplomático del Estado Mayor y su estrategia fracasó, resumían de manera unánime todo diario nacional y externo al país. Primero, estuvo de acuerdo con la versión de confrontación, que resultó en la muerte de 22 presuntos delincuentes, quienes eran estudiantes.

Desde el teniente al general secretario, se dio una cadena de omisión y ocultaron formal y deliberadamente las ejecuciones extrajudiciales, esto tras análisis de la Fiscalía General de la Nación, según el artículo 15 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Tras sentirse abrumado por los hechos, el secretario general aceptó los hechos redundantes, pero evitó investigar y sancionar a los responsables de las mentiras.

Solo destituyó al comandante del batallón, coronel Raúl Castro Aparisio, y removió el mando del general de brigada José Luis Sánchez León, comandante de la XXII Región Militar.

En el ejército, se pensó que decidieron «entregar» a los soldados designados en el caso Tlatlaya para proteger al jefe. Además, los contactos del Secretario General con cualquiera no eran bien recibidos, por lo que la información estaba cifrada.

En ese momento no existía evidencia directa de que el Ejército hubiera estado directamente involucrado en la desaparición forzada de 43 estudiantes, pero, ni corto ni perezoso, el Secretario General brindó una increíble vista del desempeño del 27 Batallón de Infantería estacionado en Iguala en la tarde y madrugada del 26.

Los padres de familia acusaron tras lágrimas de rabia al Ejército de complicidad y en una escalada de sus protestas,  atacaron la sede del Batallón, en una acción que ningún otro general secretario había padecido.

Ahora, tras su captura, se espera que la administración de los Estados Unidos llegue a un acuerdo con el ex general para servir información que continúe con el caso de Lozoya, y demás funcionarios que han recibido señalamientos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.