El tráfico ilegal de madera es otra fuente de ingresos de los cárteles en territorio chihuahuense, en Creel, Bocoyna, lidera el Cártel del Pacífico, donde Eddie Zafiro Ibarra mantiene el control; en San Juanito, Bocoyna, el Cártel de Juárez, siendo el principal líder Roberto González Montes alias “el 32” y/o “el Mudo”, ambos cuentan con aserraderos; otro personaje que destaca es Servando Mezan Osorio alias “el Servandito” y/o “el 21”, cabeza de célula del Cártel del Pacífico en Urique.
Tan sólo en Bocoyna, son nueve aserraderos en manos del crimen organizado, también en los municipios de Guerrero, Urique, Uruachi, Madera, Temósachi, Ocampo y Maguarichi, se registra el tráfico de madera ilegal, mismo que ha incrementado en los últimos tres años, según informaron autoridades estatales, federales y habitantes de los municipios en mención que pidieron omitir su nombre por la gravedad del tema.
A raíz de la inexistencia de denuncias de manera formal ante alguna autoridad ya sea FGE o la PGR, por temor a represalias, las corporaciones policiales de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Agencia Estatal de Investigación no han logrado afectar las redes de transporte de manera ilegal.
Pelea de cárteles por el control del tráfico ilegal de la madera
A partir de 2015 el grupo delictivo llamado La Línea, en contubernio con algunos talamontes con quienes hicieron relación, toman la idea de proteger el tráfico ilegal de madera a cambio de que los madereros les brinden una cuota por la “protección” que les proporcionarán los pistoleros de dicho grupo.
Luego de observar la operatividad de los ejidatarios y particulares que trabajan la madera, los integrantes de La línea se dan cuenta del fuerte flujo de dinero que esta actividad ofrece y decide desplazar a algunos talamontes y apropiarse de esta actividad primaria, según recordó la fuente.
A los particulares (empresarios) que contaban con aserraderos fue fácil de desplazar ya que únicamente arribaron los integrantes de la célula criminal para amenazarlos y desalojarlos, en tanto a las áreas de conflictos agrarios donde los poseedores de las tierras no pueden acreditar la titularidad de los terrenos, situación que les causa conflicto a la hora de realizar alguna denuncia, por lo que aprovecharon esta ambigüedad legal para apropiarse.
Se presume que líderes del grupo de La Línea ordenaron a sus subordinados de no molestar o cortar madera en ejidos y comunidades, presuntamente como medida para evitar un mayor impacto social en la zona, mayor al que ya hacían.
Sin embargo, el grupo antagónico, Cártel de Sinaloa, detectó que uno de los ingresos para sostenimiento de La línea era la corta clandestina de madera, por lo que los también llamados “Chapos” tomaron algunas acciones para terminar con esta actividad clandestina realizada por La Línea, según una fuente federal.
Algunas de las acciones que quedaron registradas fue lo que sucedió el pasado 31 de mayo, integrantes del Cártel de Sinaloa, quemaron un aserradero y ejecutaron a Efraín Ramos, esto como medida para neutralizar los medios de comercialización de la madera, en Ciudad Cuauhtémoc.
El 22 de junio del presente, se registra otro evento con la quema de un tráiler en el kilómetro 18 del tramo carretero San Pedro a San Juanito, el cual transportaba una carga de madera, presuntamente con la intención de bloquear -también- la comercialización de productos de madera clandestina. Lamentablemente muere el chofer del tráiler en mención, donde según fuentes, el tráiler no correspondía al objeto deseado por los Chapos.
El 21 de agosto de 2018, en la carretera a Sisoguichi, Bocoyna, a la altura del kilómetro 17+400, un camión fue incendiado y otro resultó con daños de armas de fuego, por sujetos que interceptaron las unidades, aparentemente por la disputa en el tráfico ilegal de madera en la zona serrana.
Uno de estos camiones transportaba materia prima debidamente acreditada del ejido Panalachi, Bocoyna, mientras que el camión quemado sí tenía origen en corta clandestina, de igual manera para bloquear la comercialización de productos de madera clandestina.
En respuesta a los tres acontecimientos anteriormente descritos, La Línea interceptó un tráiler y un torton cargados de madera aserrada, mismos que fueron quedamos, mientras que de ambos choferes nunca se supo nada, hecho suscitado el pasado 27 de agosto en la carretera a San Juanito a la altura del kilómetro 65, en las inmediaciones de un lugar conocido como Cuesta Prieta.
Si bien es cierto, nunca se supo el origen de la carga de ambos camiones, se presume que venían de un área controlada por los Chapos, Cusárare y/o Samachique.
Estas acciones presentadas son atribuibles a las disputas entre los cárteles por el control del territorio, tomando ahora rivalidad en las actividades forestales que ellos realizan.
Saqueo de bosques
El saqueo de los bosques en Chihuahua es un problema constante en la Sierra Tarahumara, detectando principalmente cuatro zonas críticas con mayor incidencia en la tala clandestina: Región de San Juanito, municipio de Bocoyna; región de Guachochi, municipio de Guachochi; región de Tomochi, municipio de Guerrero y la región de Basaseachi, municipio de Ocampo.
Esta problemática, tala ilegal, se ha incrementado desde el año 2016 a la fecha, y tan sólo en las zonas con mayor incidencia de tala clandestina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa), han evidenciado la tala ilegal de aproximadamente 62 mil 702 árboles con un volumen de 55 mil 789.744 metros cúbicos.
Autoridades rebasadas
La actividad forestal es regulada por la Federación, a través de la Semarnat y la Profepa, sustentadas en la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley Federal de Procedimientos Administrativos; autoridades encargadas de autorizar y vigilar que los aprovechamientos y transporte de productos forestales se lleven a cabo conforme a la normatividad establecida.
Sin embargo, ante la magnitud del territorio, la autoridad ha sido rebasada, dando lugar a que se incremente la afectación de los recursos forestales, principalmente por la tala ilegal, amenazando con esto la sustentabilidad de los recursos federales, informó una fuente del gobierno federal.
El pasado 16 de mayo del presente año, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la reforma al artículo 359 del Código Penal del Estado, mediante la cual se tipifica como delito el transporte de productos forestales que no amparen su legal procedencia.
El fenómeno de inseguridad en el que se ha visto inmerso el estado ha alcanzado las regiones forestales, dando como resultado un incremento significativo de las talas clandestinas.
La misma autoridad federal, explica que entre los predios afectados están los predios de particulares cuyos dueños están ausentes del área, o aquéllos que tienen problemas legales y en el caso de los ejidos y comunidades las áreas susceptibles a afectación son las que se encuentran con problemas de litigio por la tenencia de la tierra, o en aquellos ejidos con población de mayoría indígena y en los terrenos nacionales.
Cabe recordar que en el año 2004 la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado celebró un convenio con la Profepa, dicha procuraduría acreditó a ocho técnicos de Gobierno del Estado como inspectores forestales, cinco de los cuales mantienen su acreditación vigente, quienes trabajan en coordinación con la Fiscalía General del Estado.
Algunas acciones que buscan implementarse
Ante esto, tanto las autoridades estatales como federales, mismas que aceptan el incremento de la tala clandestina, proponen llevar a cabo algunas acciones para evitar y enfrentar dicho delito.
-Ley General de Desarrollo Sustentable.
-Operación permanente de unidades de agentes especializados en materia forestal.
-Atraer la atención en los jueces del fuero común, en la importancia del daño significativo ambiental y patrimonial que ocasionan estos delitos, y en la vinculación a proceso.
-Instalar una nueva caseta de revisión forestal en el poblado de la Casita del municipio de San Francisco del Oro, para revisar en su totalidad la madera que proviene de los municipios de Guachochi, Guadalupe y Calvo y Balleza.
-Reubicar la caseta instalada en el municipio de Cuauhtémoc al poblado de Pedernales, Guerrero, para tener mayor cobertura de revisión; capacitación de agentes de la CES destacamentados en Creel, y Guachochi, en el manejo de documentación forestal de transporte, cubicación de los productos y materias primas forestales, así como uso de mapas con red caminera y división predial para determinar el origen de dichos productos.
-La Dirección de Desarrollo Forestal de Semarnat en coordinación con Profepa y con acompañamiento de elementos de la CES, continuarán realizando operativos de inspección forestal.
Cabe mencionar que de octubre 2016 a julio de 2018 se han realizado 22 operativos, 179 inspecciones de transporte, 61 inspección de patios, 43 inspección de predios y 269 mil revisiones en casetas, dichas inspecciones coordinadas con Profepa; además de los operativos realizados, se han atendido denuncias vía telefónica canalizadas a la CEN, poniéndolos a disposición del Ministerio Público algunos camiones con transporte de materia prima y productos forestales de procedencia ilegal.
