Demolición de represa en “El Saucito” deja a comunidades sin agua y desata controversia legal
Por [eduardo aredondo/ Especial para [egochihuahua]
Balleza, Chihuahua. – La demolición de una represa construida hace más de 40 años en el rancho “El Saucito”, propiedad del exgobernador César Duarte y actualmente asegurado por la Fiscalía General del Estado (FGE), ha provocado una ola de reacciones por parte de comunidades ejidales, defensores legales y expertos en recursos naturales. La acción, llevada a cabo por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha sido señalada como una intervención sin sustento jurídico, con efectos sociales y ambientales profundos para la región sur del estado.
El operativo realizado el pasado martes incluyó la destrucción de al menos cinco represas menores y una principal, que de acuerdo con la versión oficial, retenían de forma ilegal más de 700 mil metros cúbicos de agua. Sin embargo, el abogado del exmandatario, Juan Carlos Mendoza, aseguró que la infraestructura demolida no tenía la capacidad técnica para almacenar tal volumen y que se trataba de una barda de mampostería rústica con más de cuatro décadas de antigüedad.
Comunidades afectadas y lucha legal
Los habitantes del ejido cercano y comunidades indígenas, quienes durante años utilizaron el agua de estas represas para consumo humano, riego agrícola y abrevadero de ganado, denunciaron que no fueron consultados antes de la intervención federal. Ante esto, promovieron el juicio de amparo 1183/2025, con el que obtuvieron una suspensión provisional para frenar las acciones de Conagua. Sin embargo, aseguran que esta orden fue ignorada por la dependencia, lo que podría constituir una violación a una resolución judicial.
“Esta agua es nuestra vida. Sin ella no sembramos, no bebemos y nuestros animales no sobreviven”, comentó Margarita Bustillos, ejidataria y una de las firmantes del amparo. “No entendemos por qué llegaron a destruir sin preguntar, sin avisar”, añadió.
El abogado Mendoza advierte que este hecho podría derivar en responsabilidades legales para funcionarios federales por desacato judicial y por afectación a los derechos colectivos de los pueblos originarios. “El rancho está asegurado por la FGE; nadie tiene autorización legal para ingresar, mucho menos para demoler estructuras”, sostuvo el defensor.
Impacto ambiental y técnico
Especialistas en medio ambiente consultados señalan que, aunque muchas represas antiguas no cumplen con los estándares actuales de seguridad hidráulica, su retiro debe ser precedido por estudios técnicos, sociales y ambientales. “La eliminación súbita de una represa de décadas puede provocar erosión severa, pérdida de biodiversidad y alteraciones en el microclima local”, explicó el ingeniero agrónomo Francisco Lechuga.
Además, el agua contenida por esas estructuras alimentaba humedales naturales y pozos rurales, lo que hoy ya empieza a notarse con la disminución del nivel freático en algunas zonas agrícolas de Balleza.
¿Qué sigue?
Mientras la defensa de César Duarte insiste en que la demolición se hizo sin fundamento y que la presidenta de la República fue mal informada sobre el caso, los ejidatarios preparan nuevas acciones legales para exigir la reconstrucción de las represas o un plan hídrico alternativo.
El agua en disputa: ¿justicia ambiental o abuso de poder en el rancho de César Duarte?
Lo que el gobierno federal ha presentado como un acto de justicia ambiental, podría en realidad ser una acción sin sustento legal y con consecuencias sociales irreparables. En medio de este fuego cruzado de versiones contradictorias, una pregunta inquietante se impone: ¿quién miente?
La disputa legal por el rancho “El Saucito” se convierte así no solo en una batalla judicial sobre propiedades incautadas, sino también en un conflicto por el acceso al agua, los derechos comunitarios y la legalidad de las intervenciones federales en propiedades bajo resguardo estatal.
