Demandarán a Corral por violar derecho a la salud
Mantenía preso político a José Lázaro Joaquín L.R., quien falleció de Covid-19: defensor
Caso de exduartista muert
Chihuahua‒ El gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, será demandado por la familia de José Lázaro Joaquín L.R., quien estaba preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Aquiles Serdán, por la falta de atención médica adecuadas, por la que falleció, comentó el abogado defensor Agustín Marván.
Lo anterior después de que en varias ocasiones se solicitara atención médica para José Lázaro Joaquín, quien tenía problemas de hipertensión y por su edad era vulnerable ante el Covid-19, sin embargo, las autoridades negaron la petición.
Agregó que desde hacía algunas semanas su defendido tenía problemas estomacales, por lo cual acudía a enfermería del Cereso, además de que le estaban suministrando un medicamento contra la hipertensión, pero este solamente le empeoró su salud.
Agustín Marván dijo que el sábado estuvo grave en el Cereso, pero solamente se le puso suero; para el martes empeoró y fue cuando las autoridades penitenciarias lo llevaron al hospital, donde desgraciadamente un día después perdió la vida, pues desde un inicio no se le dio la atención médica oportuna.
En este sentido aclaró que hay una violación a los derechos humanos en materia de salud, al no tratar a su cliente desde que comenzaron los síntomas de Covid, permitiendo que empeorara para poder llevarlos a un nosocomio para su tratamiento.
Mencionó que José Lázaro Joaquín, quien fuera el director del Fideapech (Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua), era un preso político, un hombre inocente que permanecía en prisión por instrucciones del gobernador.
Ahora, señaló, la familia interpondrá una denuncia contra el Javier Corral, el fiscal general César Augusto Peniche, la fiscal de ejecución de penas, y contra la juez Alejandra Ramos, además de los médicos del Cereso.
Señaló que la demanda contra la juez es debido a la falta de criterio de la misma, debido a que los delitos por los cuales se le imputaban a José Lázaro no ameritaban prisión preventiva; además se le solicitó cambiar la medida precautoria por considerarse una persona vulnerable ante el Covid, sin embargo, la funcionaria aseguró que en el Cereso se estaban tomando todas las medidas para salvaguardar la salud de todos los internos.
Asimismo, comentó que las demandas y las quejas no se presentarán en el estado de Chihuahua, esto porque el gobernador mantiene sometidos a todos los poderes de la entidad, quienes hacen lo que se les instruye.
Agustín Marván mencionó que no hay confianza en las esferas de gobierno en Chihuahua y que interpondrá los recursos necesarios ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana, “esto no se va a quedar impune, hay un abuso de poder”,
Lo anterior después de que en varias ocasiones se solicitara atención médica para José Lázaro Joaquín, quien tenía problemas de hipertensión y por su edad era vulnerable ante el Covid-19, sin embargo, las autoridades negaron la petición.
Agregó que desde hacía algunas semanas su defendido tenía problemas estomacales, por lo cual acudía a enfermería del Cereso, además de que le estaban suministrando un medicamento contra la hipertensión, pero este solamente le empeoró su salud.
Agustín Marván dijo que el sábado estuvo grave en el Cereso, pero solamente se le puso suero; para el martes empeoró y fue cuando las autoridades penitenciarias lo llevaron al hospital, donde desgraciadamente un día después perdió la vida, pues desde un inicio no se le dio la atención médica oportuna.
En este sentido aclaró que hay una violación a los derechos humanos en materia de salud, al no tratar a su cliente desde que comenzaron los síntomas de Covid, permitiendo que empeorara para poder llevarlos a un nosocomio para su tratamiento.
Mencionó que José Lázaro Joaquín, quien fuera el director del Fideapech (Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua), era un preso político, un hombre inocente que permanecía en prisión por instrucciones del gobernador.
Ahora, señaló, la familia interpondrá una denuncia contra el Javier Corral, el fiscal general César Augusto Peniche, la fiscal de ejecución de penas, y contra la juez Alejandra Ramos, además de los médicos del Cereso.
Señaló que la demanda contra la juez es debido a la falta de criterio de la misma, debido a que los delitos por los cuales se le imputaban a José Lázaro no ameritaban prisión preventiva; además se le solicitó cambiar la medida precautoria por considerarse una persona vulnerable ante el Covid, sin embargo, la funcionaria aseguró que en el Cereso se estaban tomando todas las medidas para salvaguardar la salud de todos los internos.
Asimismo, comentó que las demandas y las quejas no se presentarán en el estado de Chihuahua, esto porque el gobernador mantiene sometidos a todos los poderes de la entidad, quienes hacen lo que se les instruye.
Agustín Marván mencionó que no hay confianza en las esferas de gobierno en Chihuahua y que interpondrá los recursos necesarios ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana, “esto no se va a quedar impune, hay un abuso de poder”,
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