Sin presencia policiaca estatal, todas las cámaras de vigilancia quedaron desactivadas en acciones simultáneas ——-eduardo arredondo——
Ojinaga, Chihuahua — En la noche del jueves, delincuentes lograron desactivar todas las cámaras del programa Centinela en Ojinaga, sin que en las calles hubiera presencia de elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). Las acciones se llevaron a cabo de forma perfectamente sincronizada en distintos puntos de la ciudad, colocando en evidencia el control territorial de grupos del crimen organizado.
Según reportes locales, la mayoría de los dispositivos fueron arrancados o quemados, algunos directamente derribados. También fue dañado el cableado que los conectaba. Se contabilizaron más de 30 cámaras afectadas en avenidas y calles como:
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Morelos
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Salida a la carretera Ojinaga‑Chihuahua
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Avenida del Pacífico
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Calle Degollado
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Calle Coronado
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Calle 38
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Héroe de Nacozarí
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Trigésima Segunda
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Presidio
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Vicente Guerrero
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Samaniego
El ataque a la infraestructura de vigilancia ocurrió sin que ningún agente de la SSPE estuviera patrullando la ciudad en esos momentos.
Autoridades extraoficiales apuntan a que el grupo delictivo La Línea, bajo el mando de Sergio Menchaca Pizarro “El Menchaquita”, mantiene el control político y territorial de Ojinaga. Este cártel se ve enfrentado permanentemente con la facción rival conocida como Los Cabrera, relacionada al Cártel de Sinaloa, y compuesta en parte por desertores de La Línea.
Se presume que algunos jefes policiales ligados a La Línea habrían participado en la destrucción de las cámaras, ante la incapacidad de ser arrestados por la falta de vigilancia estatal en la zona. Con esta acción, buscaban eliminar cualquier ventaja que Los Cabrera pudieran tener en su estrategia de ataques múltiples. Este hecho no solo representa un ataque directo a la estrategia de videovigilancia estatal, sino un desafío al gobierno para restablecer el orden, retomar el control del territorio y garantizar la seguridad en Ojinaga. La ausencia de elementos operativos de la SSPE durante los ataques abre interrogantes sobre la capacidad de reacción y coordinación entre las autoridades estatales y municipales.
