DEL EFECTO CORRUPTOR Y EL PODER JUDICIAL SIN ÉTICA
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO
Uno de los principales abogados defensores con el que cuentan, tanto el ex mandatario Cesar Duarte, como la ex alcaldesa Maru Campos, ha sido sin duda el gobernador Javier Corral.
La serie interminable e ininterrumpida de violaciones jurídicas a los procesos que se le han fincado al anterior representante de Chihuahua, hacen presumir que la situación jurídica una vez que sea extraditado, será muy vulnerable, ya que en su afán de justificar el actuar de la Fiscalía, ha generado que se hayan violentado los derechos que le son propios a la persona de Cesar Duarte, pero además, que se haya actualizado un efecto corruptor del proceso penal, que incluso, puede ser causa para invalidar todo el proceso.
Desde el inicio de su administración, Javier Corral ha sostenido, de manera pública y reiterada, que Cesar Duarte es culpable de todo cuanto se le haya acusado por parte de la fiscalía, refiriéndose a las carpetas de investigación como documentos robustos y bien integrados, lo cual no es de dudarse, dado que se cuenta con una gran infraestructura material y humana, además con personal altamente calificado y muy eficiente.
Sin embargo, el problema no radica en la fiscalía, sino en la persona de Javier Corral, quien como jefe del fiscal general, ha propiciado que se hayan llevado a cabo acciones fuera de todo cauce constitucional y legal por parte de la fiscalía, al dar a conocer datos de investigación de las carpetas que deben guardar secrecía, además de afirmar públicamente la culpabilidad de Duarte, violentando su presunción de inocencia, llegando al extremo de colocar espectaculares con la leyenda de se busca por ladrón, además de construir en la ciudad de México, todo un museo con las evidencias de las supuestas ilicitudes del ex gobernador.
De forma invariable, la conducta de Javier Corral, particularmente en conferencias de prensa a nivel nacional, refiriéndose a Cesar Duarte, son claras al evidenciar la red de corrupción que fue descubierta por la fiscalía, creando condiciones sugestivas entre la sociedad, respecto de la evidencia incriminatoria con la que se cuenta, generando también, asimismo, una falta de credibilidad y fiabilidad de todo el material probatorio.
Esto ha generado una crisis jurídica importante hacia el interior del gobierno de Javier Corral, ya que su conducta ha impactado en los derechos del ex gobernador, de forma tal que se ha afectado su derecho de defensa y en ocasiones ha propiciado que se haya quedado en estado de indefensión.
El efecto corruptor del proceso penal de Cesar Duarte y Maru Campos, ha sido generado por Javier Corral, porque se ha excedido en sus afirmaciones de que ambos son culpables, sin que un juez, haya ni siquiera conocido del delito que se les imputa; ha permitido que la fiscalía, violente sus derechos protegidos por la constitución, presionando a personas para que se conviertan en testigos de supuestos ilícitos, involucrando a funcionarios públicos que han quedado evidenciados con grabaciones telefónicas y además, pretendiendo darle un valor de prueba plena a copias simples con sello de notario.
¡Es que no hay nadie que le explique con peras y manzanas a Javier Corral, que la certificación de documentos ante un fedatario, es lo más común que se presenta diariamente en cualquier notaría!
Son actos fuera de protocolo; cosa muy distinta es la certificación de firmas, donde el notario es testigo de la firma de una persona y así lo asienta en el documento; el notario no miente al afirmar que no recuerda si lo firmó.
PODER JUDICIAL SIN ÉTICA JURÍDICA
Lo más grave de todo esto, es que el Poder Judicial del Estado, ha trasladado su ética judicial, que debería ser un distintivo de la institución, a cada uno de los juzgadores; es decir, no se puede hablar de una ética institucional, cuando no es capaz de establecerla desde sus propios órganos de gobierno.
Las publicaciones semanales del magistrado Luis Villegas Montes, donde por igual se refiere al gobernador Javier Corral como ESTÚPIDO, IDIOTA y otros calificativos, además de manifestarse abiertamente partidario de las aspiraciones políticas de una persona que si bien goza de presunción de inocencia, no deja de tener el carácter de imputada, rompe con el principio institucional que se establece para los funcionarios del Poder Judicial:
“Los servidores públicos evitarán que su conducta afecte la imagen y prestigio de la judicatura, o se comprometa en forma alguna la independencia e imparcialidad de su actuación pública”.
Dentro del Consejo de la Judicatura, existen comisiones que se encargan de varios rubros, el relacionado con la carrera judicial y particularmente sobre la conducta de los funcionarios judiciales.
Hasta donde se conoce, esta comisión jamás le ha llamado la atención al magistrado Villegas Montes sobre sus publicaciones, donde critica la conducta del gobernador, además de manifestar su apoyo irrestricto a la candidatura de Maru Campos para la gubernatura.
Como redactor, considero que su derecho a escribir y publicar sus artículos, está por encima de cualquier otro derecho que pretenda coartar, pero como abogado litigante, considero que el Poder Judicial y la ética que debe prevalecer como institución, está siendo afectada por la conducta de uno de sus integrantes y que por el bien de la administración de justicia, debería la comisión que vigila la conducta de los funcionarios judiciales, actuar conforme a la norma interna que los regula….netoaviles@gmail.com
*integrante de la AECHIH
